Salvo sorpresa en el curso de los acontecimientos, Cataluña tendrá otro gobierno socialista y nacional-catalanista. En esta ocasión, se basará en una coalición d’esquerres que, sin contemplar a los filoterroristas de las CUP, haga presidente al filósofo y peón de Pedro Sánchez en la región de Cataluña, Salvador Illa.

Una de las medidas pactadas con mayor repercusión y controversia, tanto a izquierda como a derecha, dentro y fuera de Cataluña, ha sido que el PSC haya aceptado que la Generalidad de Cataluña recaude los impuestos de manera totalmente autónoma, de modo que no tenga que participar en los mecanismos redistributivos de la financiación autonómica común.

En un principio, se trataría de articular la idea en base al concierto vasco y al convenio navarro, donde solo hubiese una cuota básica a pagar a las instituciones dentrales españoles. Es más, cabe resaltar que, pese a la satisfacción manifestada por la cúpula de Ferraz y su filial catalana, el acuerdo ha de ser aprobado por el Congreso de los Diputados.

Dentro de las críticas, se esgrimen puntos tales como que esto se trata de una enésima cesión más del PSOE al nacional-catalanismo, que es una incongruencia con los principios de «redistribución» de la izquierda o que supondrá un perjuicio para regiones menos pujantes como la asturiana y la extremeña (se saca a colación la situación del monopolizado ferrocarril que opera en las vías de la tiera de encinas).

Ahora bien, partiendo de este contexto introductorio, uno va a tratar de exponer y desarrollar su punto de vista, a considerar como otra perspectiva.

Cesión del prusés bajo un prisma simplista

Si cogemos la idea con pinzas y la procesamos sin tener en cuenta todo el contexto, podemos ver que una comunidad autónoma española no solo tendrá autonomía para gestionar sus presupuestos sino, en gran medida, sus ingresos recaudatorios (por medio de los impuestos y determinadas tasas burocráticas).

En el caso que motiva esta redacción, se supone que se está dando una mayor responsabilidad financiera, presupuestaria y recaudatoria a la Consejería de Hacienda y otros entes interrelacionados que formen parte de la Generalidad de Cataluña. Menos decisiones al respecto tendrían que depender del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.

Dadas las reivindicaciones del nacionalismo, el regionalismo y el independentismo catalán, se puede decir que la idea supone, de manera simplista, «mayor independencia política» para Cataluña, de modo que se avance en el llamado prusés. Pero, aparte de no deber de interpretarlo así, deberíamos pensar en cómo mejorar la idea.

La subsidiariedad y la descentralización fiscal

Parte de las críticas a esta enésima cesión del PSOE al nacional-catalanismo viene porque «se estaría quebrantando la igualdad entre los españoles». Esto no necesariamente lo afirma la izquierda que, al margen de su simpatía con el nacionalismo catalán, puede creer en ciertos niveles de centralización a escala global. También lo dice una derecha altamente imbuida por el centralismo isabelino.

Ahora bien, en consonancia con el principio de fortalecimiento de la sociedad orgánica (con individuos bajo fuero interno), no hace falta demonizar la idea como tal. Otra cosa es que no se esté de acuerdo con las limitaciones y el fondo estratégico que se han podido dar en este caso. Pero la idea en sí es totalmente distinta, más allá de posibles nostalgias históricas.

Así pues, lo justo y lo correcto sería pedir que la medida se extendiese al resto de las divisiones territoriales españolas. Pero no se propone esto como un mecanismo de dialéctica partidista entre autonomías, sino como algo que también debería de llegar a las provincias, las comarcas, los municipios, los distritos y los barrios.

Del mismo modo que la aplastante influencia del Estado sobre las sociedades ha de ser lo más nula posible, se ha de apostar por una férrea limitación de la expansión territorial del poder político. Pero esto ya no es solo de evitar la redistribución frente a la subsidiariedad. También se trata de que se subyugue al menor número posible de personas a unas mismas medidas.

Hay que tratar de que el individuo pueda «votar con los pies» e, idealmente, decidir a qué sistema de gobierno y prestación vincularse sin tener que alejarse mucho de su territorio de interés (aunque la existencia del Estado tal y como lo conocemos complica realmente cualquier cosa que pueda evitar el monopolio absoluto de la violencia).

Las distintas unidades de gobierno deben de estar limitadas a depender del mercado de deuda así como incentivadas a gastar lo menos posible, sin necesidad de hacer que las distintas generaciones arrastren deudas de cierto calado o que haya unos costes de vida más elevados por culpa de la confiscación fiscal.

De este modo, apostemos por una descentralización potente. Pero recordemos que uno de los objetivos es que el individuo vea su libertad negativa respetada al máximo y que llegue el momento en el que deje de verse expoliado constantemente (no solo en materia de IRPF o de IVA), de modo que solo pague por aquello que le dé beneficio, no por lo que la mafia socialista-estatalista dictamine.