La formación de Gobierno es una tarea compleja, y sobre todo cuando debes llegar a acuerdos parlamentarios con otras formaciones políticas. Sin embargo, esta labor es mucho más sencilla si eres Pedro Sánchez, pues como hemos visto recientemente su único objetivo es mantenerse en el poder y para ello es capaz de aceptar cualquier tipo de condición, a pesar de que estas puedan conllevar severos problemas para la nación española.
La futura concesión de la amnistía a los dirigentes catalanes, que fueron juzgados y condenados por sus delitos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, ha hecho que la mayoría de los periódicos y demás medios informativos pasaran por alto el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para la conformación de un futuro gobierno. Uno de los puntos más destacados de este acuerdo es el que analizaremos a continuación: la reducción de la jornada laboral desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 horas, pero manteniendo los salarios actuales.
La medida, que desde el punto de vista político es muy buena, ya que ayuda a conseguir un mayor apoyo de la población, que al fin y al cabo es quién vota, desde el punto de vista económico puede suponer un grave impedimento al crecimiento económico de nuestro país.
En primer lugar, porque la reducción de la jornada laboral provocaría que las empresas tuvieran que contratar un mayor número de empleados, lo que les implicaría un aumento de los costes laborales, que unidos a los costes de financiación (tipos de interés elevados) y a los costes de producción (especialmente los energéticos), haría que las empresas vieran mermados sus beneficios, complicando la situación de estas. Además, debemos tener en cuenta que el tejido empresarial español está compuesto por pymes, a las cuales un aumento de los costes les repercute de forma negativa con una mayor intensidad.
Por otro lado, encontramos el impacto negativo que tendrá esta medida en la productividad de nuestro país (94,6), que es la tercera más baja de la zona euro, solo por encima de Portugal (75,7) y Grecia (70,4). Si para producir el mismo número de productos y servicios es necesario contratar a un mayor número de empleados, la productividad por trabajador disminuirá, al contrario que el coste unitario que aumentará. Una bajada de la productividad nacional, unida a un aumento de los costes provocaría que España perdiera competitividad, haciendo que la economía española presentara peores datos que en la actualidad. Además, todo ello conllevaría una balanza comercial que perjudicaría aún más a nuestro país, ya que la menor competitividad española haría que se importaran más productos extranjeros, al mismo tiempo que las exportaciones se verían reducidas.
Por tanto, podríamos afirmar que a pesar de ser una buena decisión política (todos queremos trabajar menos y cobrar más), analizada desde el punto de vista económico, podría conllevar el empeoramiento de la delicada situación económica que atraviesa España en la actualidad. Es por ello, que la única opción viable para lograr la reducción de jornada, sin perjudicar a la economía nacional, es alcanzar una mejora de los datos de productividad, algo que en la actualidad no sucede. Un aumento de la productividad en nuestro país permitiría producir el mismo número de bienes y servicios con un menor número de trabajadores y, por consiguiente, llevar a cabo la idea de Sánchez y Díaz.
Sin embargo, para poder mejorar la productividad de España, deben tomarse una serie de medidas necesarias, que analizaremos a continuación, pero que como veremos, en nuestro país no se están cumpliendo.
Una de las medidas más importantes, que permitiría aumentar la productividad total de nuestro país sería el apoyo e incentivo por parte del Gobierno al crecimiento de las empresas españolas, o por lo menos, la supresión de los impedimentos que tienen que afrontar las empresas cuando estas quieren crecer y alcanzar un mayor tamaño. La reducción de los impuestos a las grandes empresas, la reducción de los costes de contratación, así como de despido, o la reducción de las exigencias burocráticas a las empresas según estas crecen, fomentaría la transformación de las empresas pequeñas y medianas (pymes) en grandes empresas, ya que verían como las trabas estatales sobre ellas se aliviarían. El mayor tamaño de las empresas haría que estas pudieran aprovechar las economías de escala y, por tanto, su productividad y competitividad mejorarían. Además, debemos tener en cuenta que un mayor número de empresas grandes conllevaría una mayor estabilidad económica, ya que este tipo de empresas tienen mayor capacidad de resistencia que las pymes ante recesiones económicas, lo que mejoraría la resiliencia de nuestra economía ante situaciones adversas.
Relacionado también con la fiscalidad y el tamaño de las empresas encontramos otro de los instrumentos necesarios para mejorar la productividad nacional: la inversión en I+D+i. Actualmente, con datos de 2021 y según datos de la Fundación COTEC, España invierte 364 euros por habitante en I+D+i, muy por debajo de la media de la UE-27 que se sitúa en los 735 euros por habitante, lo que lastra la capacidad productiva de nuestro país. Países como Francia o Alemania invierten el 2,2% y 3,1% de su PIB respectivamente, mientras que España invierte tan solo el 1,4% del PIB, sin tener en cuenta que el PIB español es inferior al de los países anteriormente mencionados. Es por ello, que una rebaja fiscal promovida por el Gobierno a todas las empresas que llevaran a cabo inversiones en I+D+i, llevaría a que más empresas vieran con buenos ojos este tipo de inversiones que a largo plazo repercutirán de forma positiva tanto en los beneficios empresariales como en la mejora de la productividad española, haciendo más eficientes a las empresas de nuestro país.
En la actualidad, las inversiones en I+D+i no tienen un volumen tan elevado como en otros países debido a que en España predominan las pymes, cuyos beneficios y su capacidad de inversión son menores en comparación a las empresas grandes, por lo que la combinación de las propuestas anteriores conllevaría una mejora de las cifras de inversión en I+D+i, a la par que mejoraría la productividad.
Por último, otro de los instrumentos que se pueden aplicar a la economía española, con el objetivo de mejorar su productividad, es la formación del capital humano. Los trabajadores y empresarios con un mayor nivel de cualificación tienden a ser más productivos, por lo que el Gobierno de España debería tener como prioridad modificar el actual sistema educativo, el cual presenta numerosas carencias, y proponer una alternativa que forme y prepare a profesionales con un alto nivel educativo, que se transforme en una mayor productividad. Este instrumento se debe utilizar siempre pensando en el largo plazo, algo que en política no ocurre, pero constituye la base de la productividad, ya que para desarrollar las investigaciones en I+D+i, anteriormente mencionadas, necesitas personal cualificado que las lleven a cabo.
Por tanto, como conclusión, podemos observar que salarios y productividad son variables que están muy relacionadas, por lo que si queremos mantener el nivel de salarios actuales, haciendo que los empleados trabajen menos, necesitamos un aumento de la productividad, algo que no podrá venir dado por una normativa del Gobierno, sino por diferentes reformas que este debe llevar a cabo sino quiere que a la economía española le cueste caro su decisión de reducir la jornada laboral.
