Este pasado domingo día 13 de noviembre de 2022, aquellos activistas sanitarios de Madrid cuya nómina se debe a su actividad en centros médicos, cámaras parlamentarias y/o liberaciones sindicales, marcharon por algunas de las principales arterias de la villa de Madrid.
Desde la zona de Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Cibeles, ha habido una multitud de personas que ha caminado a pie, en defensa de «la sanidad pública», con eslóganes tales como que incurrían en el «acto de levantarse».
‼️ La manifestación es un desborde absoluto.
Madrid defiende su Sanidad Pública pic.twitter.com/VWQQeHZPed
— Más Madrid (@MasMadrid__) November 13, 2022
La izquierda intenta hacer números y vender la manifestación como una derrota anticipada de Isabel Díaz Ayuso en los comicios electorales autonómicos del próximo año 2023 (según algunos sondeos, podría obtener mayoría absoluta sin necesidad de contar con un VOX que se mantendría).
En la misma se pudo ver una serie de símbolos que nada tienen que ver con intereses generales cualesquiera. Por ejemplo, las banderas tricolor que representan a la siniestra y protosoviética Segunda República Española.
De todos modos, no es el motivo del artículo presente hacer un análisis sobre el transcurso de una manifestación muy respaldada por el principal partido de la oposición autonómica, Más Madrid (nadie está excluyendo al PSOE).
Lo que se pretende es trasladar un mensaje muy concreto, al menos, a todos aquellos activistas que boicotean el funcionamiento de unos servicios sanitarios en concreto (médicos y enfermeros que incurren en activismo, igual que otras clases de militantes de partidos, agitadores y sindicalistas).
Contradicciones e igualdad de miseria
De manera constante, como ha sido desde sus inicios de base teórica, el socialismo ha tratado de fomentar luchas de clases. El nivel de renta, el precio del metro cuadrado, la profesión y el país de origen son factores habituales para alimentar enfrentamientos de distinto tipo.
En materia de sanidad, su mantra es que la sanidad privada es un «capricho de ricos» y que la sanidad pública (mejor dicho, estatal, debido a quien la «provee») es un «pisoteado derecho para todos y para todas».
Llegan incluso a «sacralizarla», confundiendo los términos, cuando, en realidad, es habitual encontrarse a activistas de esta categoría, tanto activos como pasivos, en clínicas privadas (no necesariamente me refiero a funcionarios que hacen uso a través de ISFAS, MUFACE y MUGEJU).
Ahora bien, sabido es que ellos, cuando hablan de igualdad de oportunidades, procuran que todos sean igual de pobres con la salvedad de las «élites dominantes» cuya acción y praxis tenga al intervencionismo como principio rector.
Con lo cual, hemos de denunciar cualquier mecanismo de discriminación inconsciente o de opresión de los ciudadanos, mediante las normas y las tributaciones fiscales. No olviden que todos somo esclavos, que la esclavitud sigue existiendo en los tiempos de la posmodernidad.
Son los mismos que boicotearon el Zendal y ahora boicotean las urgencias.
Ni les importa Madrid ni les importa la vida.
Son la izquierda pancartista. pic.twitter.com/6J5pTnbFI1
— Ignacio Dancausa (@Idancausa) November 13, 2022
Libertad de elección
Por culpa del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un miembro activo del mercado laboral acaba perdiendo más de una tercera parte de sus ingresos mensuales, y no necesariamente para «salud y educación».
También se abonan cotizaciones no ínfimas a la Seguridad Social, que en teoría van para seguros de desempleo y pensiones (aunque ya sabemos que uno no necesariamente recibe, al jubilarse, lo verdaderamente cotizado).
Pero lo cierto es que uno no solo pierde la capacidad de ahorro, sino que se ve obligado indirectamente a pagar por servicios que no son de su aprecio, que no le merecen interés o valoración positiva.
De esta manera, cuando no se dispone de poder adquisitivo suficiente, es bastante complicado (por no decir «imposible») abonar una póliza de seguro privado o asistir, en ciertas ocasiones, a consultas particulares.
Lo mismo ocurre muchas veces con la educación, pero la razón es que el Estado ya te está obligando a pagar por unas provisiones que igual no te resultan satisfactorias, que igual no merecen tu gratificación económica.
Empero, somos conscientes de que alguno que otro vendrá a acusarnos de insensatos, de querer dejar desamparados a las personas más desfavorecidas que puedan sufrir enfermedades graves o ver privada su posibilidad de continuar viviendo.
Pero la libertad de elección no está reñida con el principio de subsidiariedad, en el que por medio de aseguradoras, mutualidades y otras entidades, es posible que los costes sean más asequibles. Del mismo modo, la solidaridad es posible (de hecho, para que sea legítima, ha de ser voluntaria).
Con lo cual, para finalizar, digamos que el derecho que tenemos es el de elegir el proveedor de servicios que más convincente nos resulte. Y si algo más habría que decirle a esos activistas es que algún que otro despido sería conveniente dado un boicot que afecta más a las clases bajas.
