Comenzada ya la precampaña electoral, todos los partidos políticos emprenden la carrera electoralista con el objetivo de hacerse con el poder en nuestro país. Para ello, cada uno utiliza sus medios, y de esta forma el Partido Socialista ha decidido hacer uso de su condición como partido perteneciente al Gobierno de España para llevar a cabo una nueva ley de vivienda, la cual tiene escasa utilidad, como desarrollaremos a continuación, pero sí un gran poder de atracción sobre los votantes indecisos, los cuales verían como les “solucionan” uno de los mayores problemas que sufren los ciudadanos de las grandes ciudades: el alto precio de la vivienda, tanto para comprar como para alquilar.
La nueva ley de vivienda recoge medidas como la reducción del límite de revalorización de los alquileres en vigor, el control de los alquileres en áreas tensionadas, las penalizaciones a los pisos vacíos, la obligación de los propietarios de asumir los gastos de la inmobiliaria o la cuota mínima de vivienda de alquiler social en nuevas promociones.
Todas estas medidas son desincentivadoras de la oferta de pisos en alquiler, lo cual, si la demanda sigue en aumento, provocaría la subida de los alquileres aún más y la creación de un mercado negro en este sector ante la prohibitiva gubernamental de llevar a cabo estas subidas.
Todo economista basa sus análisis de mercado en base a la oferta y la demanda, como así establecen los modelos clásicos, en los cuales ambas variables son flexibles, lo que permite que el precio del mercado se ajuste en función de las relaciones dadas entre la oferta y la demanda.
Como hemos mencionado, las medidas recogidas en esta nueva ley de vivienda son, en su totalidad, un problema al aumento de la oferta en el mercado del alquiler habitacional, ya que suponen un desincentivo de la misma, provocado por una menor rentabilidad de este sector a causa de las limitaciones de los ingresos (límites a las cuotas de alquiler mensual o límites a los incrementos de los mismos), así como un aumento de los gastos (gastos de la inmobiliaria a cargo del arrendador), lo que lleva a una menor inversión en este mercado.
La menor oferta de viviendas en alquiler, se combinará con un aumento de la demanda, ya que el precio oficial de mercado establecido por el gobierno es menor al real, lo que provocaría una escasez de oferta, que en una situación de libre mercado encontraría solución con un aumento de los precios de los alquileres, algo que no puede ocurrir a causa de esta nueva ley.
Por tanto, la solución a esta situación terminaría dándose mediante el surgimiento de un mercado negro de los alquileres, que se regulase en base a los principios clásicos de oferta y demanda, algo que no beneficiaría ni a inquilinos, ni a arrendatarios, ni al propio Gobierno, el cual dejaría de ingresar los impuestos correspondientes a estas transacciones.
En base a este razonamiento se puede afirmar que la medida populista generada en base a un interés partidista como es ganar las elecciones, aumentaría el problema de los alquileres, en lugar de solucionarlo como así defiende el gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Es por todo ello, que la solución a este problema, que sufren multitud de españoles, no debe basarse en ideas políticas ni en medidas populistas, sino que tiene que ser enfrentado desde la visión económica clásica, entendiendo a esta como la libre fluctuación del precio en base a las cifras de oferta y demanda presentes en el mercado.
Por tanto, en una situación de escasez de oferta como la actual, lo sensato desde un punto de vista económico, es favorecer e incentivar la misma, para que, con ello, con una demanda de mercado similar a la actual, los precios de los alquileres puedan verse reducidos.
Medidas como las tomadas por el Gobierno, son contrarias a este incentivo en la oferta, que tendría que darse con políticas más liberales, que permitan la reducción de las barreras de entrada en el mercado, el aumento de la protección y seguridad a los arrendadores y el incentivo a la construcción de nuevas promociones inmobiliarias que permitan aumentar la oferta de mercado.
Ejemplos de estas medidas podrían ser una ley contra la okupación, mediante la cual se pueda expulsar de forma rápida y sencilla a todas las personas que se dedican a realizar esta práctica, aumentando así la seguridad de los arrendadores. Por otro lado, la reducción de los costes y trámites burocráticos, así como los numerosos permisos y requerimientos necesarios para llevar a cabo nuevas promociones inmobiliarias o reformas integrales en pisos antiguos con deficientes condiciones de habitabilidad, permitirían aumentar la oferta del mercado. En resumen, una liberalización del mercado permitiría reducir el precio de los alquileres.
Es por ello, que la solución de aumentar la oferta disponible en el mercado mediante la puesta en marcha de un plan de rehabilitación de los inmuebles de los que dispone el Estado, en el Sareb (entidad pública), se acerca más al planteamiento económico propuesto. Sin embargo, esta medida anunciada por el gobierno socialista también podría ser considerada de populista ya que no aporta una solución al problema de la vivienda en nuestro país.
Si analizamos en profundidad los inmuebles disponibles en el Sareb, la mayoría de ellos son locales o naves industriales, de escasa utilidad para solucionar el problema planteado. Además, de las viviendas disponibles en esta entidad, la mayoría de ellas se encuentran en zonas en las que los precios de los alquileres no suponen un problema para sus habitantes, causa de que la demanda y oferta en esas zonas se encuentra en un punto de equilibrio con precios moderados.
En conclusión, y como resumen a este razonamiento económico, la solución al problema de los precios de los alquileres en España debe ser enfrentado desde una visión económica y no política, basada en el modelo económico clásico, y con políticas económicas que incentiven la inversión en este sector, para que se produzca un aumento de la oferta que pueda hacer frente a la gran demanda de vivienda en alquiler que se observa en las grandes ciudades españolas.
