Este fin de semana ha sido noticia que la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (MUFACE) podría acabar, el próximo año, en números rojos. Así, se acrecentaría la gravedad de una situación que no es nueva.
Durante el último trienio, la Administración Sánchez, con el aval cooperador de PODEMOS y Sumar. Se observa un notorio recorte presupuestario en los convenios con hospitales y con ciertas prestaciones que se podían tener en centros estatales rurales, donde hay menor oferta.
Según la última advertencia del sindicato CSIF, habría un interés más bajo, por parte de los operadores médicos, en adherirse a la provisión de servicios para la «sección MUFACE» de sus aseguradoras privadas. Esperan, de hecho, abordar toda esta situación en el Consejo General de MUFACE que tendrá lugar, previsiblemente, a finales de mes.
Una prueba de todo esto es que no se habrían renovado las partidas presupuestarias ante la situación excepcional derivada del coronavirus codificado como COVID-19 (aumento de las bajas laborales, previsiones extraordinarias en recursos médicos, tests de detección del patógeno en cuestión…).
Una lectura no profunda sobre estas líneas podría inferir que estamos emitiendo un mensaje de «no a los recortes», al más puro estilo de las «mareas blancas» que de tanta agitación sirven a la hora de intentar desestabilizar gobiernos autonómicos de derechas y reivindicar un sistema sanitario mucho más endogámico, clientelar e intervencionista.
Pero no es esa la cuestión. Para empezar, MUFACE es un modelo similar al de provisión de servicios sanitarios en los Países Bajos. Aunque existe cierta coordinación interventora del Estado, se permite, dentro de un esquema de mutualidad, que cada persona pueda tener un seguro privado que no sea impuesto por el burócrata de turno.
Lo que ocurre es que, en España, solo el entorno funcionarial (lato sensu) es quien puede disfrutar de ese privilegio (que no es el único que tienen…). Mientras, el resto de contribuyentes y sujetos terrenalmente mortales no puede beneficiarse, ni siquiera, de deducciones fiscales cualesquiera por tener una póliza privado.
De hecho, tres de cada cuatro funcionarios elige un proveedor de servicios sanitarios de titularidad privada. Y no, esto no es exclusivo del «Madrid neocapitalista y neoliberal» así como tampoco del segmento socio-económico en el que se puedan encontrar el funcionario como tal o su unidad familiar.
Muchísimos funcionarios pretenden evadir el colapso de los servicios de la Seguridad Social, que sufren lo que es una evidente consecuencia del monopolio de facto que alimenta el Estado, por medio de sus diversos tentáculos… Así pues pueden hacerse radiografías o tener revisiones con mayor periodicidad y menor tiempo de espera, pudiendo beneficiar a sus propios hijos.
Es algo legítimo, sin duda. No hay nada criticable. De hecho, la libertad de elección ayudaría mitigar el colapso del sistema sanitario, que es más que innegable. El problema se da con ciertas contradicciones ideológicas por parte de estos apologetas del igualitarismo y de lo «público».
Para empezar, no hay una división ideológica en cuanto al tipo de aseguradora que eligen los funcionarios. Básicamente, lo que dicta el sentido común en cuanto a eficiencia. Esto permite inferir que una amplia proporción de funcionarios que votan o militan en partidos de la izquierda también se beneficia de estos servicios.
Es habitual escuchar a muchos miembros de este personal vanagloriarse sobre las ventajas de tener una aseguradora privada, del mismo modo que, si pueden, inscriben a sus hijos en colegios concertados que, supuestamente, tienen mayor calidad educativa o les libran de relacionarse con personas de «barrios conflictivos» o «excesivamente multiculturales.
Ninguno de ellos promueve una campaña secreta para «apartarse de lo privado», del mismo modo que se puede hacer un boicot a un determinado servicio comercial por razones cualesquiera. Incurren en el típico «yo soy socialista pero no…». Mientras puedan, se aprovecharán sin que nadie les obligue.
Y sí, a su vez se da que estos pregoneros del igualitarismo político y económico no quieren que el resto de la población se beneficie de su libertad de elección. Claro, es que esto supondría avanzar en libertad de oportunidades, que no en igualdad envidiosa de insuficiencias, que es lo que, al máximo, desean.
Dicho esto, cabe decir que, el modelo MUFACE le molesta tanto a la izquierda política (aunque anteriores gobiernos del PSOE fueran más respetuosos) porque es un paso en positivo dentro de la ventana de Overton, que nos permite ir divisando distintas soluciones óptimas para alcanzar la libre elección sanitaria frente al problemático y mitificado monopolio estata..
