Recientemente el Gobierno de la Nación ha aprobado el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, de “reforzamiento del Sistema Financiero” (BOE del 19 de febrero).

 Dicha norma, presentada como la única solución posible a la precaria situación de las entidades decrédito españolas, y de manera muy especial a aquellas con forma de Caja de Ahorros, supone que estas entidades ejercerán a partir de ahora sus funciones en forma de sociedades anónimas con ánimo de lucro, en lugar de en la forma fundacional que les era tradicional. Es decir, supone su conversión en bancos. No obstante haber comenzado la subversión del papel tradicional de las Cajas de Ahorro ya a finales de los años 70 (Real Decreto 2290/1977, de 27 de agosto, sobre la Regulación de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, y reforma posterior en 1985), en que se entregó el poder a las nuevas entidades autonómicas, ha sido el Real Decreto-ley aprobado el 18 de febrero el que ha supuesto su puntilla definitiva. Los nuevos responsables autonómicos a su mando las convirtieron en otro nuevo campo de batalla partidista en el que la principal víctima fue la obra social, ahora transmutada en escenario de ensayos ideológicos y campo abonado del clientelismo político, a la que se destinaba un porcentaje cada vez menor de los beneficios.

La crisis financiera, que no es más que la explosión de un modelo económico basado en la creación ilusoria de riqueza mediante la expansión ilimitada del crédito aprovechando que no existe respaldo metálico en metal precioso (cuyo retorno ha pedido la CTC en su programa político, junto con la eliminación del coeficiente de reserva fraccionaria), y todo ello con el visto bueno de las autoridades monetarias, ha golpeado de forma especial a las Cajas por la forma de elección de sus órganos directivos, en la cual no priman ni el mérito ni la capacidad.

 Así boicoteadas en su secular finalidad social, ahora el Gobierno, con el falso pretexto de transponer los acuerdos de Basilea III, fuerza su liquidación exigiendo el reflejo en su contabilidad de aquello que les ha estado permitiendo imprudentemente durante los felices años de la burbuja ilimitada: la situación real de sus activos inmobiliarios. En estas condiciones, y no siendo posible a las Cajas competir en condiciones de igualdad con los bancos para conseguir financiación, la veda del saqueo queda abierta. La Comunión Tradicionalista Carlista  no puede sino rechazar rotundamente las medidas gubernamentales, exigir que se recupere una forma de elección de los órganos rectores de las Cajas al margen de los partidos políticos, la eliminación de la figura del protectorado para ellas y para las Fundaciones en general, y reclamar la recuperación de su espíritu fundacional como remedios para evitar esta nueva desamortización de recursos nacionales.