Tras realizar un análisis de los manuales de Educación para la Ciudadanía y Educación Ético-Cívica utilizados en Navarra, la coalición abertzale Nafarroa Bai ha decidido recurrir al Defensor del Pueblo y al Instituto de la Mujer para que tomen cartas en el asunto pues consideran que en dichos textos «se incumplen claramente» distintos preceptos legales en lo que respecta a la igualdad entre géneros, los distintos modelos de familia y la libertad afectivo-sexual, según afirma María Luisa Mangado, parlamentaria de Na-Bai.
“Las imágenes de las familias son pocas pero repetitivas, todas heterosexuales. No aparecen ni familias monoparentales ni homosexuales», ha subrayado, y ha cuestionado que de esta forma no solo «se da por hecho la heterosexualidad y se invisibiliza a gays, lesbianas y transexuales» sino que además «se dificulta y se crean problemas para la atención a la diversidad».
La conclusión tras analizar los libros es que en materia de igualdad, familia y sexualidad Educación para la Ciudadanía y Educación Ético Cívica «reúnen precisamente los casos más flagrantes y escandalosos”. (Diario de Navarra, 17/09/2010).
Dejando a un lado la oportunidad del análisis, que viene a ser una revancha contra el gobierno de UPN por haber prohibido la utilización de algunos textos de marcado carácter abertzale en las ikastolas, no puedo menos que estar de acuerdo con la denuncia del estudio.
Y me explico: desde el momento en el que se introdujeron en los curricula escolares, de la mano de Educación para la Ciudadanía, puntos de vista morales y políticos (y, por tanto, opinables y alejados del consenso social) haciéndolos pasar por contenidos objetivos y exigibles en la conducta diaria de los alumnos, se abrió la Caja de Pandora en la maltrecha educación española.
Utilizar la escuela para adoctrinar de modo obligatorio en la ideología dominante es un grave atentado contra las libertades personales que venimos denunciando los objetores desde la instauración de la nefasta EpC. Tres años después, las organizaciones patronales y las asociaciones de padres de alumnos han acabado por capitular ante la imposición administrativa que, no lo olvidemos, tiene por el mango la sartén de los conciertos educativos.
Una de las estrategias para minimizar en los centros concertados las exigencias ideológicas gubernamentales ha sido el recurso a la llamada “adaptación”. Esto es: (in)cumplir las exigencias curriculares en función del ideario del centro. Así, los profesores de Educación para la Ciudadanía evitan los temas más polémicos, los recortan y añaden otros de su propia cosecha, recurriendo a manuales o apuntes que no se alejen mucho del proyecto educativo del respectivo centro.
Sin entrar a criticar estas estrategias “malminoristas” y escasamente gallardas, hay que recordar que este (in)cumplimiento de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación decretados por el gobierno es, ni más ni menos, un fraude de ley.
Por más que desviemos la mirada, la realidad es que este gobierno ha diseñado un método infalible para el adoctrinamiento: la inclusión de su ideología en el currículo escolar de modo obligatorio y de exigible cumplimiento.
Tiene razón Nafarroa Bai, por tanto, cuando critica los casos en los que los manuales se alejan de las directrices impuestas por los decretos. Y es que el “efecto adaptación” ha permitido un aterrizaje suave de la asignatura evitando la oposición frontal de la enseñanza concertada. Pero el paso del tiempo no ha alterado ni una coma del proyecto ideológico introducido en las escuelas. Un proyecto ideológico exigible por ser ley.
Veremos, por tanto, denuncias de textos que no recojan las exigencias curriculares decretadas. Denuncias de profesores y centros que no se atengan estrictamente a lo establecido. Órdenes a la inspección educativa para que, paulatinamente, achique los márgenes de “adaptación” que muchos centros se tomaron por su cuenta y riesgo en vez de oponerse frontalmente a secundar el adoctrinamiento estatal.
Es lo que tiene haber aceptado una ley totalitaria. Ahora toca atenerse a las consecuencias.
2 respuestas
A mi su propuesta me parece demasiado radical…
Conforme a esa defensa a ultranza del ideario del centro, tendremos que respetar escuelas coránicas que sigan proclamando la inferioridad de la mujer, la verdad objetiva del corán, la obligatoria sumisión de la ley civil a la coránica, y que los homosexuales no tienen derecho a vivir… es «el ideario» del centro, o de los padres.
Los padres podrán educar conforme a sus personales criterios y valores… con ciertos límites, y esos límites los marca la sociedad, con un cierto consenso.
Mire, Ud. y yo tenemos que respetar la realidad de la convivencia homosexual, y su fundamental igualdad respecto al matrimonio. Es discutible. Pero el hecho es que es una opción más,que existe, que es una realidad humana y social, y que hemos de respetarlo, porque somos seres humanos, y por tanto, tenemos dignidad por encima de nuestras diferencias.
Ese respeto es el que enseña Educación para la Ciudadanía: no busca convencernos de lo guay que es ser gay, sino que, nos parezca o no guay, hay que respetar al otro en su diferencia. De otro modo, tendremos por un lado los derechos civiles, y por otro, fundamentalistas cristianos, o ateos, me da lo mismo, que hagan publica mofa de tales derechos, lo que incide de modo real y efectivo en la dignidad de estos «otros».
Ya lo siento, pero el mundo es más complicado de lo que nos gustaría-.
Mi criterio sencillamente. Con permiso, aunque roce.
Creo que el. Sr. Mariano Bailly-Baillière defiende el derecho natural (y por eso no compartido con la escuela o el poder civil) de los padres y tutores a la educación (en valores, bienes o virtudes)de sus hijos. Me parece muy bien. También creo que el amigo (permítame) Mariano reta a la coherencia a aquellos ciudadanos de 2ª categoría muy «guays» que, en su día, hicieron «mutis por el foro» ante la EpC para que los Ejecutivos les dejasen de hecho en paz(que no «de derecho» pues ahí está como «Espada de Damocles» el BOE y el BON copia de aquel por UPN). No; esto no es ser ciudadano de 2ª sino de 3ª categoría. O peor. Ahora bien, si no queremos darnos por aludidos… señores de la FERE…
El tema es muy grave. Su gravedad está a la altura de supuesto «derecho al aborto». «EpC» es matar -desde el supuesto «derecho»- derechos y conciencias bien formadas, y la ley del aborto es matar personas desde el supuesto «derecho». En ambos casos, se hace en silencio y con engaño… lo que permite el inadvertido y reiterado «mutis por el foro» de los cobardes.
Sería lógico que quienes han estado calladitos ante las intromisiones de la «EpC-tiranía» en la familia y en el derecho irrenunciable de los padres y tutores, de los propios alumnos y de los Centros, se quedasen calladitos cuando el Gobierno de turno ponga en práctica la «EpC-tiranía». Son las pésimas consecuencias del indebido silencio. Pero es que no van a poder estar calladitos si defienden de hecho el Ideario de Centro. Y en eso les apoyaremos todos los padres y alumnos de la FERE. Una vez más, el mejor escudo de los Centros van a ser los padres y familias. Ya sabemos que los hay que resisten a la EpC, y toda punta de un iceberg es buena cuando evita la deriva.
Coincido con Spurgus en que no cabe neutralidad ética, moral y religiosa en el poder civil, lo que resalta cuando éste quiere regular tanto como de hecho hoy regula. Cuando la regulación es máxima, hasta imponer con detalle una forma de vida y de ver la misma vida, se cometen muchos abusos. Por eso, la «EpC» debiera de regular menos, de imponer menos… hasta desaparecer totalmente. La no-neutralidad ética del Estado, pero con una buena ética o moral, seguro que le ayudaría. En efecto, lo que da el «sino» a «EpC-tiranía» es: a) la imposición de valores (contravalores) en las conciencias de quienes los rechazan (padres, alumnos y Centros), y b) -y sobre todo- olvida y atenta contra el derecho a la patria potestad de padres y tutores. No es que la EpC «deje hacer» a quienes desean hacer bien y hacen bien, no es que «deje hacer» a cualquiera lo que desee como ocurre en ciertas escuelas, sino que prohibe cumplir lo que padres y tutores consideran una obligación fundamental, e incluso impone el hacer y pensar lo contrario a lo que hacen y piensan padres, alumnos y Centros. Así, considero que Spurgus -y disculpeme aunque yo si firmo con nombre propio- no sabe bien qué dice la «EpC» (tiranía).
Una cosa es la neutralidad -o no- ética o moral del poder civil, otra el totalitarismo, y otra que el Estado sea el CREADOR de la moral, el bien y el Derecho. Para rechazar la EpC me basta negar los tres extremos.
Para evitar equívocos, yo creo que NO existe -ni debe existir- el llamado Estado «neutro» (aunque liberales y socialistas digan que sí con la «boca pequeña» para luego imponer siempre sus visiones sobre la sociedad y el hombre). Basta que preguntemos: ¿qué enseñanza y educación quieren los padres españoles para sus hijos en Centros, sean priviados o públicos que me es lo mismo? Lógicamente, también creo que no debe existir el Estado totalitario. Hoy podemos pedir con éxito inmediato la libertad de las conciencias de católicos y gentes de bien. Salvo que los interesados hagan «mutis por el foro», lo que sería el colmo de la desinformación, el silencio y el miedo a «perder el concierto». ¿Pero cómo va a perder «el concierto» un Centro cuyos padres son los que hace la objeción de conciencia?
El argumento «ad hominem» me sirve parcialmente; sobre todo me sirve el derecho natural y otros derechos que desde otras perspectivas lo corroboran. Y si el derecho natural no lo cumplen los que rezan en las mezquitas-escuelas, ¿Spurgus las cerraría de ser persona lógica? (No entro en otros temas como los signos externos de los locales, la emigración indiscriminada, los ghetos y la actual desintegración social). En fin, creo que es una pésima vía de Spurgus la de apelar al Islam para defender la «EpC», aunque lo veo congruente, debido al totalitarismo implícito en ambas cosmovisiones.
Con un saludo,
Ramón de Argonz
Pamplona, 27-IX-2010