Como ya sabrán todos aquellos que han leído mis artículos previos, soy un humilde
estudiante de la profesión hipocrática, que al igual que otros compañeros sanitarios,
disponemos durante el ejercicio de nuestra labor de una herramienta fundamental. Hago
referencia al derecho a la objeción de conciencia, que podría definirse como la capacidad
que tenemos los profesionales de la salud, de negarnos a realizar determinadas técnicas a
lo largo de la práctica clínica.

Esto solo puede aplicarse en aquellas situaciones donde existe un profundo choque entre
nuestras ideas y principios (o lo que es lo mismo, nuestra propia moralidad), y el conjunto
de normas y leyes que regulan la actividad de los ciudadanos en cada Estado. Por tanto,
podríamos resumir la utilidad de este concepto, en una interesante solución para las
contradicciones existentes entre el deber moral individual y el deber jurídico colectivo.

En múltiples de mis anteriores escritos, he venido advirtiendo de la peligrosidad que
acarrean ciertas leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados durante las últimas
legislaturas. Dichas normas carecen de evidencia científica, ni tampoco gozan de la
aprobación de los colegios e instituciones médicas, pues tan solo se han elaborado bajo
criterios ideológicos como el zurderío woke y la agenda endemoniada 2030. Todo esto es
responsabilidad de esta dictadura posmoderna sanchista que nos ha tocado sufrir al pueblo
español.

Tenemos por desgracia instalado en la Moncloa, a un régimen socialcomunista empeñado
en dinamitar los valores tradicionales, así como en fomentar una cultura de la muerte que
desprecie la importancia de la vida o de la familia, pero además a costa de jugar con la
salud de la población. Con este último término hago mención a una de las realidades
encubiertas de este proceso, pues es un hecho que muchas personas que deciden
someterse, por ejemplo, a una interrupción voluntaria del embarazo, o a un proceso
hormonal para cambiar de sexo, lo hacen bajo los efectos de la desinformación y de la
manipulación, desconociendo las frecuentes consecuencias negativas que conllevan.

Pues bien, mis malos augurios parecen haberse confirmado, tras la publicación de cierta
información en los medios de comunicación. El diario THEOBJECTIVE afirma esta
misma semana, en uno de sus más recientes informes, que lamentablemente el ejecutivo
tiene por deseo violar la objeción de conciencia sanitaria. La ministra de sanidad, Mónica
García, alias “MeMa”, está dispuesta a expandir en la sanidad pública el negocio que
implica el genocidio abortista, y para ello su gabinete va a elaborar “listas negras” a modo
de registro, para señalar a aquellos médicos pro-vida que se nieguen a colaborar en su
nauseabunda carnicería.

Los argumentos aportados por la ministra, según expone este medio de comunicación,
son cuanto menos falaces, e incluso desde mi punto de vista, suponen un insulto a la
esencia de la Medicina. García alude a la defensa del aborto como un supuesto derecho y
símbolo de libertad, así como al estúpido discurso de la llegada de una malvada
“ultraderecha” que pretende hacer retroceder a la sociedad en lugares como Italia,
Argentina, o nuestra propia patria. Lo que la ministra evita explicar, seguramente por su
cinismo cienciológico, es que el aborto es un cuádruple atentado contra los principios
básicos de la Bioética: beneficiencia, no maleficiencia, autonomía del paciente y justicia.

Sin embargo, más que en desmontar las mentiras del aborto, lo cual ya he realizado
previamente en otros textos, me gustaría centrar el análisis del presente artículo en
explicar las razones por las cuales, vulnerar el derecho a la objeción de conciencia
sanitaria es uno de los límites más graves que se han cruzado por parte de la tiranía
sanchista. La primera de las causas, es porque al igual que antes he descrito, la objeción
de conciencia es sinónimo de deber moral fuerte. Los médicos tenemos la labor, en primer
lugar, de intentar sanar al paciente, pero cuando ello no es posible, debemos acompañar,
aliviar, cuidar y consolar. En consecuencia, la defensa de la vida y de la integridad de los
pacientes, mediante en ocasiones el empleo de la objeción de conciencia, es
imprescindible para nosotros.

Además, esta medida adoptada por el ministerio de la MeMa goza de una legalidad
cuestionable. Si bien, tampoco esto es algo que nos debería sorprender, puesto que el
dictador posmoderno Pedro Sánchez y sus secuaces llevan años violando la Constitución
e incumpliendo sus propios principios, todo para conservar el sillón y el sueldo. El
término legalidad cuestionable lo utilizo, puesto que la Carta Europea de Derechos
Fundamentales, establece no solo que la objeción de conciencia es un derecho sanitario,
sino que además los gobiernos deberían tener en cuenta y promover iniciativas que
respeten este derecho.

Por último, otro argumento que destroza las pretensiones de la ministra, es que la propia
Carta también expone la manera correcta de reportar que un médico decide aferrarse a la
objeción de conciencia. Esas listas negras del ministerio son solo un medio de acoso,
totalitarismo e imposición ideológica, puesto que la forma ideal de notificarlo es “ad
casum”. Es decir, el médico debe notificarlo en cada caso concreto y de forma
sobrevenida, teniendo el derecho a no ser señalado negativamente por ninguna autoridad
política por sus convicciones.

En definitiva, podemos decir que la dictadura posmoderna sanchista sigue empeñada en
acabar con la belleza de la Medicina, apostando por violar las creencias éticas de los
profesionales, y también deteriorando la relación médico-paciente. Considero que ahora
más que nunca, todo el mundo, independientemente de si su formación es o no sanitaria,
debería adquirir conocimientos bioéticos para estar en disposición de combatir y dar la
batalla cultural frente a este wokeismo que pretenden inculcarnos.