La semana pasada, comenzó a circular, por las redes sociales así como entre los buscadores de noticias, una noticia algo llamativa, en relación a la Estrategia de Salud Digital del Ministerio de Sanidad.
El proyecto, como tal, no debería de sonar mal. La interoperabilidad de una historia clínica digital podría facilitar el trasvase de información entre distintos centros médicos de España, facilitando la coordinación.
El problema es que se amplían los atributos a tener en cuenta por cada registro de paciente. Se trasciende la idea de recoger lo mínimo sobre el paciente, bajo el pretexto de hacer una mejor trazabilidad orgánica e identificarle como tal, para lo obviamente básico.
El caso es que se pretende recoger información bajo el concepto de “clase social”, lo cual no solo supondría poder saber a qué se dedica la persona en el plano profesional, sino cuánto cobra e, igual, según como se desarrolle el proyecto, su patrimonio.
Digamos que, en resumidas palabras, el médico podría saber si el paciente es rico o si es pobre. Ahora bien, ¿de verdad que es necesario incorporar todo esto en una historia clínica?
Una historia clínica es un documento que, de una u otra forma, recoge los posibles escenarios de enfermedad, seguimiento, tratamiento y medicación por los que haya tenido que pasar un paciente.
Es lógico que ese paciente sea identificado, pero las nociones éticas de privacidad tienden a prescribir la consulta sobre aquellos datos que realmente sean necesarios, aparcando la curiosidad personal u otras ambiciones.
Generalmente, basta con saber su nombre, sus apellidos, su sexo biológico, su edad y sus datos de contacto telefónico, electrónico y postal (por si hubiera que contactar, dentro del ámbito profesional autorizado, con el mismo).
A partir de ahí, todo lo demás guarda relación con aquello que permita hacer un seguimiento y un diagnóstico con la mayor precisión posible (alergias, intervenciones previas, antecedentes familiares, factores de riesgo laboral…).
Pero el nivel de renta, como tal, no es algo que, como tal, sea un dato que ayude a mejorar la calidad de vida del paciente. Más bien, podría fomentar un sesgo, no necesariamente culpable.
Hablaríamos de un combinado categórico entre identificadores indirectos y datos sensibles, pues si bien, por un lado se puede señalar a la persona por su renta, es posible que en función del ámbito de operaciones y la información restante haya combinaciones de revelación.
De hecho, en un proceso de investigación y entrenamiento inteligente en el que trabajásemos con un conjunto de datos anonimizado con información de renta (hablemos de una solución predictiva que guarde relación con la Inteligencia Artificial), podría haber un sesgo que no fuera ni ético ni lo suficientemente eficiente en el plano sanitario.
Con lo cual, ¿a quién beneficia esto? Quizá lo más justo, en mi opinión, sea atribuirlo a una motivación política concreta, más allá del afán del intervencionismo estatal por controlar la vida de las personas (explotando tantos datos como sea posible y explorando ventajas en la necesaria y conveniente digitalización).
Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad está en manos de una ministra comunista, con un marcado antecedente activista a favor del socialismo sanitario, en una comunidad autónoma muy concreta. Me refiero a Mónica García, vinculada a la escisión podemita de Más Madrid.
Curiosamente, quienes profesan su ideología dicen que hay una necesidad de acabar con las diferencias entre clases sociales en pos de una sociedad más “justa, igualitaria y, en los tiempos actuales, ecosostenible”. Son quienes están todo el día atosigando, discursivamente, con la cosa de “los ricos”.
Pues bien, quienes dicen criticar el elitismo y la competencia en el mercado, vuelven a alimentar la lucha de clases, como cuando solo se limitan a hacer campañas políticas en las urbes y barrios metropolitanos donde hay menor nivel de renta y/o mayor tasa de población extranjera no comunitaria.
Van a dar lugar a que cualquier médico pueda pensar en un comportamiento interno elitista, a que los Estados y ciertas instituciones sepan más sobre nosotros o a que posibles comités médico-políticos de marcada ideología relativista puedan discriminar a las personas en función de su nivel de renta.
Con lo cual, la utilidad del dato para mejorar la comunicación sanitaria y explorar nuevas técnicas que ayuden a mejorar la calidad de vida del paciente no tiene nada que ver con un pretendido espionaje señalador de corte comunistoide.
Un comentario
Tampoco es para tanto, un buen miembro de la resistencia activa contra la agenda 2030 cuando le preguntan por su renta puede responder como en algunas ofertas de infojobs que piden ingeniero mecánico con inglés y francés bilingüe sueldo: mas de 10.000 (les juro que esa oferta es verídica y se quedó tan ancho el empresario pensando que seguro que le vendría alguien muy valido para trabajar con esas condiciones