Este pasado fin de semana (sábado 24 y domingo 24), se han celebrado marchas pro-vida en más de un país (España inclusive), con motivo del Día Internacional de la Vida, que coincide con la Anunciación de la Virgen María8, «efeméride» que sirve para reivindicar el derecho de los niños no nacidos a la vida y a ser tratados, en todo momento, con dignidad.

En el caso de nuestro país cabe hablar de la que ayer, día 24, se celebró en Madrid. Hubo bastantes asistentes. Numerosas asociaciones se adhirieron a la convocatoria de la misma, pudiendo encontrar entre estas al Centro Jurídico Tomás Moro, CONCAPA, la Fundación Jérome Lejeune, el Instituto de Estudios Familiares del CEU San Pablo, Hazte Oír, …

Hasta aquí todo bien. Pero hubo una especie de fenómeno «aguafiestas» (no me refiero al hecho de que no fuera una manifestación masiva, aunque siempre haya que congratularse de todo aquel que quiera abogar públicamente por la protección jurídica del individuo no nacido): la inteferencia basada en la secuestradora hipocresía política.

El Partido Popular (PP) fue uno de los grupos que estuvo representado, por figuras como Teodoro García Egea (mano derecha de Pablo Casado) y David Pérez (alcalde de Alcorcón y, sorprendente pero en cierto modo inesperadamente, avalista de Cristina Cifuentes en las elecciones primarias regionales de 2017). Aplaudirles por un «cambio de rumbo» sería un síntoma de la más absoluta ingenuidad y disonancia.

Cuando gobernaba el socialista Rodríguez Zapatero, el PP tomó partido en las movilizaciones pro-vida contra la entonces «recién legalizada» Ley Aído (reemplazando los supuestos por los plazos de tiempo), e hizo del compromiso con la vida una de sus principales promesas electorales, pero cuando llegó al poder incumplió totalmente este compromiso, traicionando, totalmente, a sus bases.

Pablo Casado, aún visto para algunos como una esperanza para la derecha española, también fue cómplice de esa traición. De hecho, dice defender la ley de supuestos de 1985, que incluía el coladero del «supuesto psicológico», en vez de apostar por la prohibición total de este genocidio de autoría médica mientras que, por otro lado, no quiere orientar su campaña a la causa pro-vida.

De hecho, se mantiene en activo y en «puestos de peso» (aparte de confianza del líder) a políticos como José Antonio Monago, ferviente defensor del aborto y de la ideología de género (así lo demostró cuando estaba al frente del gobierno autonómico extremeño). Por lo tanto, pensar que el PP va a solucionar algo y confiar por ello en este no es sino una actitud plenamente masoquista.

Ahora bien, ¿qué decir respecto a VOX? No pocos tienen la esperanza de que esta formación, también presente en la convocatoria, sea una alternativa política comprometida con determinados valores, entre los cuales figura la apreciación y reconocimiento consecuente de la santidad de la vida humana. Este partido es también un medio de castigo al PP sin confiar en Ciudadanos.

No obstante, parece que no está tan claro qué va a hacer VOX en esta materia. Ante esta afirmación, algunos me arrojarán a la cara que soy un prejuicioso o un impaciente que emite comentarios injustos antes de tiempo, pero aparte de que otros asuntos sí los tienen claros (cuestiones que les hacen caracterizarse como un partido nacionalista español), estamos ante una cuestión moral de especial importancia.

El líder de VOX, Santiago Abascal, afirmó, a finales del pasado año, en esRadio, que existía «un consenso social extraordinario» en materia de aborto (su estatus actual no es de ilegalidad) mientras que, en Andalucía, a raíz del «pacto rápido» con el PP, no han llegado a exigir a Moreno Bonilla que, al menos, retire toda financiación «pública» al aborto.

Ahora bien, ¿cómo contrarrestar esta secuestradora hipocresía partidista? Al respecto, he de decir que existe cierto grado de culpabilidad sociológica. En lo concerniente a los partidos, no son muchos los que condicionan el sentido de su voto en función de la contundencia verídica con la que se defienda el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural.

Por otro lado, la causa pro-vida está ausente del debate político y social -mientras que el clero español se pone más bien de perfil ante las múltiples amenazas marxistas a la vida, la libertad y la familia-. Mientras que las feminazis no dejan de asaltar las calles incurriendo en habituales asedios, la movilización antiabortista brilla por su ausencia (igual ante el avance legislativo de la eutanasia).

Esto no deja de ser un grave problema, al que se contribuye, en cierta medida, creyendo que con votar es suficiente o acobardándose bajo la excusa de que es «un asunto personal complicado». Hay que esforzarse en asesorar y asistir a las embarazadas, económica y psicológicamente, convenciéndolas de que la entrega en adopción es lo único legítimo si no se quiere al niño gestado, pues se salva al niño y se ayuda a otros padres.

Al mismo tiempo, hay que tratar de presionar desde abajo para que haya zonas libres de abortos (como en Texas) y para que las normativas legislativas protejan al no nacido. El Estado en sí ha fracasado incluso para garantizar el derecho natural y sagrado a la vida, mientras que muchos legisladores y burócratas acaban corrompiéndose, moralmente hablando.

Por ello, la clave está en una sociedad civil fuerte que vele por la dignidad humana y haga sometimientos a presión para que la legislación proteja al no nacido mejor todavía. Texanos y polacos nos marcan el camino, aunque los argentinos parecen estar emulando a los brasileños, movilizándose de una manera ejemplar y aguerrida, esperanzadora a largo plazo.

La partitocracia es moralmente corrupta, y vela por sus intereses, aparte de estar orientada hacia la hegemonía cultural de la izquierda: iuspositivismo, laicismo, secularismo, intervencionismo, desprecio al principio de subsidiariedad y los cuerpos intermedios, … Defender la vida es una tarea que depende de nosotros, de la sociedad, y ha de desempeñarse sin complejos.