Últimamente el ministro Caamaño va anunciado que el gobierno estudia cambios legislativos que limitarán la acción popular y atribuirán al fiscal la instrucción de las causas penales. Parece que para fin de este año 2010 estará listo el borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. El asunto no es algo que podamos perder de vista. Recordemos que los fiscales reciben órdenes de sus superiores, del gobierno de turno en última instancia. Es inquietante que el instructor sea un terminal de Pumpido, tan dispuesto él a arrastrar la toga por el polvo del camino. Vaya, un terminal zapatero. Y si, encima, la acción popular se ve perjudicada o erradicada, da miedo pensar qué chocolate nos pueden preparar en casos como el del Faisán o el GAL, en los que no hay un sujeto perjudicado concreto que pueda llevar adelante una acusación y que hasta ahora han salido adelante, como han podido, gracias a las acusaciones populares. Vamos, que el gobierno de turno podría decidir qué se enjuicia y qué no. Casi nada lo que nos jugamos con esta reforma en función del aire que le den Caamaño y Zapatero. Un asunto a vigilar de cerca y que en el caso de los posibles apaños con la Eta, podría desactivar cualquier iniciativa ciudadana en los tribunales -reconocida en el artículo 125 de la Constitución- dirigida a frenar impunidades con que llegaran a premiar a los asesinos los aquiescentes políticos gubernamentales y afectos. Que sólo una fiscalía politizada pueda perseguir el delito a conveniencia del poder ejecutivo, supondría una nueva estocada de muerte para la Justicia, puesto que en muchos casos sería sustituida por la pura arbitrariedad. Y viva la democracia, dirán llegado el caso, pues que lo aprueba una mayoría parlamentaria. ¡¡Mentira!!, gritaremos quienes quedemos despiertos. La democracia es más que la mera adición de votos; cosa que muchos, demasiados, desconocen. Atentos a la jugada.
