En estas fechas en que se elaboran las plantillas de los centros escolares para el curso 2012-2013, los profesores de Religión se enfrentan una vez más a situaciones de irregularidad, cuando no de acoso por parte de algunos funcionarios del Departamento de Educación.
Y es que en la Administración, junto a excelentes profesionales que desempeñan su labor con respeto y espíritu de servicio, hay sin embargo algunos inspectores de Educación que actúan como auténticos comisarios políticos al servicio de una estrategia para acabar con la clase de Religión en la enseñanza pública.
Así, se da el caso de inspectores que niegan las horas lectivas de Religión Católica en sus centros a pesar de haber alumnos matriculados en esta asignatura. A veces se oculta que haya alumnos matriculados, o se les cambia la opción que libremente han hecho por la clase de Religión; otras veces se aduce que son pocos alumnos… Pero lo cierto es que la legislación garantiza el derecho a recibir clase de Religión aunque sólo haya un alumno matriculado; igual que si en una clase hay solo un alumno que no quiere cursar Religión la ley le reconoce el derecho a estudiar otra asignatura (Atención Educativa).
Por otra parte, la actual crisis económica y los recortes se utilizan como excusa para aplicar una reducción “extra” de jornada al profesorado de Religión por el hecho de ser “de Religión”. Y eso que estos trabajadores vienen sufriendo recortes desde hace mucho tiempo. Baste recordar que durante décadas no pocos docentes de Religión han desempeñado su labor sin seguridad social.
El temor de este gremio a la pérdida del puesto de trabajo, al mobbing o a otro tipo de represalias hace que con frecuencia se extienda un manto de silencio sobre la cuestión y que muchas veces las reiteradas irregularidades queden sin denunciar. Esto facilita que los citados inspectores actúen impunemente y se excedan en sus funciones. Pero un funcionario público debiera ser el primero en el cumplimiento de la ley y en el respeto a los padres y a los trabajadores de la enseñanza.
Tomás Leache
Un comentario
Si algunos inspectores actúan así es porque se les deja. UPN ha permitido todas estas ilegalidades con la enseñanza religiosa pero se ha visto «obligado» a cumplir la ley con la apertura de la clínica abortista de Ansoáin. ¡Pura demagogia!