Si bien es cierto que tanto la sociedad civil como la partitocracia ya tenían convocada una serie de manifestaciones en distintos puntos de la geografía española durante todo el mes de noviembre, cabe decir que este pasado fin de semana comenzó con un improvisado éxito algo inaudito.

Las cuotas políticas abonadas por Pedro Sánchez a ERC (más la probabilidad de que se acate cualquier pedido del prófugo Puigdemont), en concepto de Ley de Amnistía, traspaso de competencias ferroviarias y condonación de deuda a más de 800€ por «contribuyente» han indignado mucho.

A través de Twitter, Whatsapp y Telegram, se fue encadenando una convocatoria espontánea, sin ningún partido político, medio de comunicación o asociación por detrás, para llamar a la protesta en la calle Ferraz.

Así pues, a las 19:00 del pasado viernes 3 de noviembre, unas dos mil quinientas personas se congregaron (suponiendo, en términos relativos, una muy considerable afluencia) en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE, en la matritense calle de Ferraz.

Hubo varias consignas de denuncia ante la satrapía de Pedro Sánchez, el daño que el PSOE inflige a España y ciertas cesiones contra los enemigos de España (no solo representados por el nacional-catalanismo).

Ahora bien, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros escenarios (por ejemplo, cuando las protestas han afectado al Partido Popular o a algún organismo de gobierno de la Comunidad de Madrid), se ordenó construir un perímetro de seguridad excesivo.

A 200 metros de la puerta de la sede socialista se estableció un perímetro que impedía el más mínimo acercamiento, a la par que casi todas las arterias de desembocadura estaban cortadas al tráfico tanto de peatones como de vehículos.

Del mismo modo, se pudo observar un considerable despliegue de agentes antidisturbios (se llegó a ver algún arma con pelotas de goma) pese a que la manifestación fue pacífica en todo momento, no habiendo ni incidentes de violencia física ni exhibiciones de armas físicas.

Apreciar este punto puede ser bastante controvertido y polémico, máxime cuando se supone el ideal de un Estado de Derecho donde todo funciona con la adecuada proporcionalidad equilibrada.

Lógicamente, debe de haber ciertas garantías del orden público y, en cualquier sistema de organización que exista, tiene que existir alguna fórmula de autoridad, para cumplir con un ordenamiento sensato, para que pueda haber cierta paz pública.

Ahora bien, que haya orden público y cierta seguridad en la calle no es equivalente a aislar a un dirigente político de cualquier clase de protesta, ya que no es la primera vez que se establecen perímetros para impedir que la gente le traslade su indignación oral y pública a Pedro Sánchez.

La libertad de expresión y de reunión, que no solo son derechos positivos constitucionales, sino derechos naturales, también han de verse amparadas cuando uno protesta públicamente contra ciertos atropellos.

Pero no fue así. De hecho, no pocos han expresado su indignación ante una hipotética doble vara de medir, ya que, bajo cierta perspectiva, llegó a haber más seguridad en Ferraz que en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, y las aguas de Almería y el archipiélago canario.

Pero, sin cuestionar la buena fe de muchos profesionales bajo ningún concepto, quizá se olvida, de manera ingenua o inconsciente en muchos casos, que existe un monopolio en materia de seguridad pública.

Esto quiere decir que, al fin y al cabo, la Policía Nacional y la Guardia Civil no dejan de ser, como bien indica el término, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, servicios que responden al Estado en todo momento.

Luego, el Estado no representa a la sociedad española (con individuos bajo fuero interno), sino que es un artificio progresivamente problemático que tiende a expoliar libertades bajo unos criterios ideológicos muy concretos, tratando de planificar e intervenir en muchos campos.

Así pues, la Policía, en teoría, está para velar por lo que ordena un Estado que actualmente está dominado por lo políticamente correcto y por lo woke, con los correspondientes toques peculiares del contexto español.

Con lo cual, quizá ayude a comprender cierta desproporcionalidad en el servicio de orden público el hecho de que no son «fuerzas populares que emanen desde abajo», sino entes subordinados a ministerios, cuyos directores tienen méritos partitocráticos de turno.