Que haya servicios en peores condiciones no califica, de inmediato, con sobresaliente, a las ofertas existentes en otros lugares distintos, sobre el mismo tipo de provisión. En este caso haremos referencia a la red ferroviaria de la región de Extremadura, dependiente de la empresa estatal Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Sí, a esos trenes que tantas incidencias presentan desde hace no menos de tres años (los retrasos suelen ser bastante frecuentes, así como las averías de los mismos bien al partir desde el origen o en ruta, aunque en ocasiones se hayan ocasionado agotamientos de combustible, incluso descarrilamientos e incendios en los vagones), aunque no dejan de ser más cómodos que los autobuses, al menos en mi opinión.

Ante esta situación, desde 2017, ha habido unas cuantas de movilizaciones que, si bien cuentan con la participación de muchos ciudadanos de interés bienintencionado, están pilotadas por intereses políticos del aparato político regional (bajo la presidencia del socialista Guillermo Fernández Vara), que cuenta con organizaciones a definir, por decirlo de alguna manera, como satélites, tales como la Milana Bonita.

Si bien la indignación del ciudadano de a pie no deja de acrecentarse, independientemente de adscripciones políticas, hay que decir que el PSOE ha intentado canalizar esta indignación de modo que no moleste a Pedro Sánchez (nuevo amigo de Vara, oportunista político de pura cepa), sino que, en la medida de lo posible, haya ido sirviendo como mero ariete contra el PP «por que sí».

Abriendo un inciso, todo el que conoce sobre mi pensamiento y trayectoria activista tiene constancia de mi desconfianza absoluta en el PP y la más absoluta discrepancia con figuras como el socialista José Antonio Monago, un «barón rojo», lo cual es una razón de peso para no considerarle como alternativa al PSOE (su legislatura fue una pérdida de tiempo), pero eso no impide ver la realidad-motivo de ciertas movidas.

En cualquier caso, cierto es que no deberíamos de seguir teniendo unas deterioradas traviesas ferroviarias que datan del siglo XIX ni unos ferrocarriles que se averían en más de una ocasión (cabe recordar que todos los españoles estamos obligados a sostener, con nuestros impuestos, financieramente hablando, la red ferroviaria española).

El servicio depende de la administración nacional, y es lógico que a estos políticos se les exijan nuevas inversiones, no necesariamente para que circule un AVE, aunque sí para una electrificación ferroviaria que haga posible la circulación a mayor velocidad, con trenes que sean mucho más óptimos y tengan menos averías y desperfectos.

También tiene su sentido criticar la típica actitud de «tirarse los trastos» entre políticos (de tal forma que «unos por otros, pero la casa sin barrer»), igual que el hecho de que en los presupuestos generales de 2019 la inversión es mayor en el concepto de trenes de Cercanías en Cataluña que en el ámbito ferroviario de Extremadura (para que sigan desafiando Puigdemont y cía el Estado de Derecho y clamando que Espanya ens Roba).

Ahora bien, dicho humilde y honestamente, un análisis no tiene sentido si no se analiza el quid de la cuestión, el transfondo de las causas y consecuencias de las mismas, lejos de la discusión sobre si un partido político es mejor que otro, o si recibimos más o menos financiación autonómica. Así pues, tendré en cuenta, a continuación, esa autoadvertencia.

La red ferroviaria extremeña está bajo un sistema de planificación centralizada, en un absoluto régimen de monopolio. No hay ninguna entidad independiente de los burócratas de turno que ofrezca tanto rutas y trayectos como servicios de tren alternativos. Todos los contribuyentes están sosteniendo, con su dinero, las únicas garantías de una modalidad de transporte de este tipo en la región.

También se da el problema de que ir más allá de una electrificación de las vías (para circular a mayor velocidad y no tardar desde Madrid hasta Badajoz el triple o más que desde Liverpool y el Aeropuerto de Barajas) podría ser una inversión estatal nada rentable. Según FEDEA, ningún tramo de las líneas de alta velocidad ha sido rentable (ni siquiera la que conecta la capital de España con la de la región tabarnesa).

Pero es que en este caso se corroboran dos hechos: la demagogia e irresponsabilidad de los gestores políticos (lo mismo ocurre con otros servicios: salvo honrosas excepciones, el sector privado brinda mayores incentivos de responsabilidad) así como el habitual fracaso de todo aquello que rige en régimen de monopolio, bajo planificación centralizada.

Ahora bien, ¿cuál es la solución? ¿Pedir que no despilfarren más? ¿Idear una especie de prusés a la extremeña que resulte, en cierto modo, una amenaza, en la medida en la que avance la idea de cooficializar el estremeñu, propuesta por la izquierda radical (a ver si así ya no solo tiene la Junta de Extremadura la suerte de recibir más de lo que ingresa, sino de estar tan favorecida como la Generalidad de Cataluña)?

Hay que hacerse la idea de que el mercado es el mejor agente corrector de problemas y deficiencias, lo que mejor responde a las necesidades de la sociedad, de manera totalmente espontánea, sin intervenciones ejercidas de manera top-down. Lo vemos en moda, alimentación, hostelería y tecnología. Así pues, ¿podemos validar esta tesis para el sector ferroviario también?

Sin ninguna duda, habría que liberalizar el sector ferroviario (esto no es lo mismo que ceder la gestión a alguna empresa amiga del gobierno de turno), de modo que sean las empresas privadas y los emprendedores quienes compitan para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos, tanto en calidad como en precio, considerando a su vez otros factores de flexibilidad.

En base al concepto miseano de «democracia ciudadana», los usuarios serán quienes determinen qué servicio es mejor -considerando para ello diversos factores: precio, tiempo, trato del personal, amplitud, conexión a internet, etc.-, por lo que así, los gestores de las mismas se ajustarán y competirán de modo que la satisfacción sea inversamente proporcional a la probabilidad de quedarse fuera del mercado.

Eso sí, puede haber inversiones no rentables (esto ocurre en muchos otros servicios: por ejemplo, hay peluquerías y restaurantes que cierran por no ofrecer un servicio confortable o bastante excelso), lo cual supone un riesgo (no es malo arriesgar, sino perder el sentido común), pero por fortuna, los sufridos contribuyentes, víctimas de un endeudicidio masivo, no tendríamos que costear esas hipotéticas pérdidas por irrentabilidad.

Una vez dicho todo esto, ha de constar que la sociedad extremeña debería concienciarse de que, en cierta medida, nos encontramos ante otro fracaso del socialismo (ocurre igual con la sanidad, cuya calidad no deja de deteriorarse), por lo que habría que confiar menos en los políticos y apostar por el libre ejercicio del emprendimiento humano en el mercado, de manera espontánea, sin coacciones ni socializaciones de riesgos.