No es muy complicado entender la participación en política como el hecho de implicarse en la toma de decisiones que afectan a un grupo o sector determinado. En nuestro caso, haremos referencia a la concepción que respecta a los ejercicios de poder a través de los Estados, esas entidades que ejercen el monopolio de la violencia.

En países como España, es habitual pensar que la única manera de impulsar una determinada serie de reformas legales y normativas o ciertas cuestiones que afectan al “todo ciudadano” es a través de los partidos políticos. Ya sea uno de izquierdas o de derechas, se participe o no en manifestaciones, esa viene a ser la ocurrencia más habitual.

De hecho, como bien apunta el historiador tradicionalista Javier Barraycoa, el llamado “sistema democrático del régimen del setenta y ocho” está regido por una “organización partitocrática”, es decir, basada en partidos políticos en los que han venido a regir principios como la jerarquización y la oligarquía.

Esa apreciación no deja de ser cierta. De hecho, la participación política no partitocrática está prácticamente restringida: las listas electorales son cerradas y definidas por los superiores de los partidos políticos mientras que las iniciativas legislativas populares están bastante obstaculizadas.

Recogida de firmas para la ILP de Libertad de Elección de Lengua en Plasencia (Cáceres), organizada por la plataforma Hablamos Español

Es más, dado este incentivo interesado, que cuenta con cierta complicidad de los medios de masas, buena parte de la ciudadanía menosprecia los mecanismos asociativos cívicos (consideremos como tales los act-tanks y las plataformas, limitadas a reivindicar soluciones a una problemática concreta o a la divulgación de determinados principios morales e ideológicos).

En cambio, se siente más atraída por esas estructuras que entendemos como partidos políticos. Una asociación viable siempre acaba sirviendo a su finalidad divulgadora-reivindicativa, pero las otras estructuras, de corte jerarca-oligárquico, suelen ser una vía de acceso a puestos de poder y beneficios de castas estatistas.

Con la afirmación anterior no quiero, en absoluto, bajo ningún concepto, generalizar y difamar a todos aquellos ciudadanos que, de buena fe, benévolamente, apuestan por ser partícipes o meros emisores de visto bueno al hecho de entrar en el sistema de partidos para defender sus principios y una serie de reivindicaciones.

Sin embargo, uno podría preguntarme si de verdad merece la pena perder el tiempo en disertaciones de crítica hacia la llamada “partitocracia”, o si utilizar el tinglado de partidos políticos como “muñeco de paja” que permita hacer críticas tuviera, en realidad, alguna carencia de sentido o resultase inconveniente.

Para comenzar, consciente soy de que, dada la condición humana, según la cual, se tiende a ser más malévolo que benévolo, su “lógica” tiene que, por desgracia, la toma de poder político tienda a corromper, a lo que podemos interpretar como una absoluta degeneración de valores y principios morales, en torno al bien y al mal.

La disonancia cognitiva entre lo que se dice defender (o forma parte de nuestras convicciones) y lo que finalmente se decide tomar como criterio de puesta en práctica (negación de la verdad, incursión en la mentira), el egocentrismo y la petulante superioridad arrogante, así como cualquier impía gestión económica o incumplimiento de normas, resultan ser ejemplos de ello.

Firma del acuerdo de investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía por parte del PP y de VOX

Encima, si bien, en su momento, el artificio iuspositivista del 78”, que conocemos como Constitución Española, que está muy alejado del derecho natural y ciertos principios católicos, pudo publicarse y entrar en vigor como mecanismo que permitía a la izquierda desarrollar sus estrategias intervencionistas, la hegemonía política juega en nuestra contra.

Aquellos españoles que defendemos la dignidad humana, la institución de la familia, la tradición católica, la cuestión e idea de la Hispanidad, el mercado libre y el principio de subsidiariedad, nos encontramos ante un plano hegemónico, también social y cultural, en el que imperan el esnobismo y la políticamente correcta tendencia nihilista, relativista y socialista.

El espectro parlamentario español no cuenta con ninguna formación de derechas. Lo que en su día lo fue no solo ha sido siempre parte del sistema, sino que ha virado hacia la izquierda, y nunca ha pensado en desvincularse de brazos mediáticos marxistas o drenar esas cloacas donde más fácil es encontrar a un comunista que a un convencido enemigo del socialismo.

Abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy, en junio de 2018

El pacto de gobierno recién sellado en Andalucía, región cuya cámara parlamentaria autonómica ya cuenta con una formación de derechas, ha sido una realidad gracias a un “acuerdo rápido” en el que el posesor de llaves de gobernabilidad (con todos sus defectos) no ha apretado las tuercas ni siquiera en pro de la dignidad humana y en contra de leyes ideológicas de género.

Pero no me voy a centrar en cuestiones recientes de la actualidad del sur de España, aunque sí a exigir mecanismos que ejerzan como un contrapeso que aminore el impacto negativo de una partitocracia en la que no es nada extraño que nuevos entrantes acaben siendo víctimas de la tentación a corromperse.

Las listas electorales no son abiertas (no son los ciudadanos quienes dan preferencia a los integrantes de las distintas listas de candidatura). Debería de haber también circunscripciones uninominales, con las que el representante estaría más cerca del ciudadano de la zona a la que representa (esta alternativa también es conocida como la de los “diputados de distrito”).

Por otro lado, sería más justo que los gobernantes no dependieran de pactos parlamentarios, sino de la voluntad del electorado (con o sin el “contrapeso norteamericano” del colegio electoral), algo que, igual que la fórmula del diputado de distrito, facilitaría la proliferación de candidatos independientes o meramente desvinculados de los aparatos de los partidos políticos.

Intervención del senador libertario-conservador y estadounidense Rand Paul

De hecho, en países donde hay mecanismos de este estilo, es más fácil que los políticos se deban más a los compromisos adquiridos ante sus electores que a los intereses del líder o del aparato. En Reino Unido, parlamentarios como Rees-Mogg reprueban la incompetencia eurófila de Theresa May mientras que en Estados Unidos, hay mucha diversidad en el Partido Republicano.

Ahora bien, no hace falta esperar al momento en el que se apliquen las necesarias reformas de legislación electoral para reivindicar la importancia de una sociedad civil activa, aguerrida, fuerte y vigilante. Habremos de poner de nuestra parte para subsanar esa reticencia que define nuestra mentalidad sociológica.

Por poner ejemplos, si el Estado de Texas es una economía de las más libres de Norteamérica, así como uno de los territorios más seguros para el no nacido y menos hostiles hacia la institución familiar y la subsidiariedad no ha sido sino gracias al constante esfuerzo de una sociedad activa, movilizada, no secularizada, y entregada al prójimo.

Si Irlanda ha dejado de ser una excepción en Europa Occidental respecto a la defensa del no nacido, ha sido, en parte, debido a la tendencia sociológica secularizadora y nihilista, abrazando lo que da lugar al suicidio cultural y moral de una Europa que experimenta una seria y grave crisis de valores.

La sociedad civil también hace factible que Polonia siga siendo un faro de esperanza moral y espiritual en Europa, así como una gran referencia para los enemigos del nihilismo y el relativismo. Es más, a pesar de no carecer de partitocracia, el activismo conservador-libertario, igual que el pro-vida, es bastante sólido.

De hecho, las movilizaciones en defensa del no nacido no se han desactivado, como ocurrió en España tras la entrada de Mariano Rajoy en Moncloa. Allí no es este el inocente más olvidado (las marchas por la vida cada vez tienen mayor afluencia, mientras que el respaldo a iniciativas pro-vida no deja de crecer). También honran a quienes defendieron su libertad e independencia.

Participación del movimiento libertario-conservador polaco en la Marcha por la Vida de 2014, en Gdansk

Así pues, una vez citados todos estos ejemplos, simplemente hay que recalcar que una sociedad civil desactivada es el mejor favor que podemos hacerle al régimen de partidos y a quienes tratan de consolidar la hegemonía “progre” en base a coacciones e intimidaciones -así como censura. La batalla ideológica contra el colectivismo requiere de compromiso cívico.

Por lo tanto, no hay nada de idealista (en sentido peyorativo) a la hora de criticar la partitocracia. Frente a la corrupción moral, no solo debe de haber contrapesos técnicos de la anterior, sino conciencia de responsabilidad por parte de la sociedad para defender por convicción aquello en lo que cree y reivindicar un cambio de tendencia que es necesario.