En Cáseda, unos días atrás, tres personas, un padre y dos de sus hijos, fueron muertas, en pleno día y en plena calle, con tiros de escopeta. El autor se reconoció como tal ante el juez.
Tristísimo y lamentable suceso que ha conmocionado a la localidad y a parte de la sociedad navarra. Sin embargo, solo ha suscitado un triste e insulso debate público y parlamentario sobre si SOS Navarra reaccionó con efectividad a las llamadas al teléfono 112 para advertir a la policía.
Desde hace muchos años operan en Navarra tres policías: la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Foral; cuatro si consideramos la Local. El ciudadano valora, de modo muy especial, el orden público y la seguridad. Por esta razón requiere que la coordinación entre las policías esté resuelta y bajo ningún concepto puede quedar bajo la sombra de la duda o la controversia. Los debates sobre la coordinación policial deben ser ociosos, pero si, por cualquier motivo, se plantearan por la inquietud surgida entre los ciudadanos, el Gobierno está obligado a dar toda la información y ser transparente en grado sumo. Nunca debe limitarse. El orden y la seguridad están muy por encima de los intereses políticos de algunos, a los que les sale un sarpullido cada vez que ven un tricornio.
El luctuoso suceso, poco frecuente por fortuna, aloja circunstancias especiales suficientes que aconsejan un debate público sosegado para conocer con detalle, y con carácter general, el porqué en una comunidad económica y socialmente desarrollada ocurren episodios trágicos. Sus conclusiones dotarían a la sociedad de las herramientas precisas para evitarlos en lo sucesivo.
Los hechos se circunscribieron a dos familias gitanas que se encontraron para tratar, al parecer, sobre las relaciones afectivas quebradas de dos de sus miembros. El carácter minoritario de la cultura gitana en Navarra sería motivo para que con el máximo rigor científico y respeto social, se plantee si la comunidad gitana y otras minoritarias, cada vez más frecuentes, están total y perfectamente integradas. Unos pocos días atrás, en un pueblo de la Ribera de Navarra, en su extremo más aislado y menos apetecible para tener una vivienda, observé que vivía una comunidad con todos los síntomas de estar marginada. En otro cercano me llamó la atención el número tan elevado de personas de origen personal o familiar no español. Una genuina del pueblo, que por su oficio, proyección y relevancia cultural, se podía presumir bien informada, me advirtió de que, en los próximos años, esta circunstancia desencadenaría graves problemas. Deseo equivocarme, apuntilló. ¿No merece la pena comprobar la veracidad de esta percepción para evitar las dificultades anunciadas si se comprobara que tienen fundamento?
Además, los implicados en el suceso de Cáseda fueron a tratar las relaciones afectivas, no sé si se les puede llamar matrimoniales, de dos de sus hijos. Sorprende que haya familias para las que el matrimonio sigue ocupando, al parecer, un puesto tan destacado en su escala de valores que les lleva a lances tan indeseables. Ahora bien, en estos tiempos, la institución familiar y matrimonial no pasa por sus mejores momentos en Navarra. El INE ha informado de que el 59% de los matrimonios se rompen. Este triste dato sobre el matrimonio, ¿no debería ser objeto de atención nuestra escala de valores, el significado que damos a la palabra dada, al cumplimiento de los contratos afectivos, a la responsabilidad matrimonial en la formación de los hijos? ¿Al sentido que damos al matrimonio, a su relevante función en una sociedad en el que la demografía constituye uno de sus principales problemas? ¿No nos debería preocupar el bajísimo índice de natalidad muy inferior a la tasa de reposición? ¿No tendríamos que reconsiderar el sistema de ayudas económicas, educativas, laborales y, en general, el grado de protección que recibe la institución familiar de los poderes públicos?
Sin embargo, se opta por lo más cómodo: mirar hacia otro lado y enredarse en un ramplón e injustificado debate sobre el 112.
