Hoy, día 6 de diciembre, no solo tiene lugar la festividad de San Nicolás. En España, se cumple el 64 aniversario del texto constitucional aprobado en 1968, de la Constitución Española, que actualmente está en vigor.

Entre quienes la celebran están aquellos que bien reivindican una democracia liberal o que combinan su sentir patriótico (no estoy hablando de nacionalismo en ningún momento) personal con el respeto al Estado de Derecho.

El texto constitucional español tiene una proporción de artículos bastante positivista y socialdemócrata (utilicemos estos calificativos) a diferencia de lo que ocurre con las disposiciones de la Carta Magna de los Estados Unidos de América.

Los textos de este calibre jurídico, a día de hoy, corren el riesgo de ser demasiado interpretables (como ocurre en nuestro caso, por parte de quienes más odian la sociedad abierta) o de ser endebles (el centralismo hamiltoniano de la Casa Blanca, la Reserva Federal y del Pentágono es cada vez mayor).

No obstante, no es el motivo de este artículo volver a entrar en profundidad sobre el articulado de la Carta Magna que rige el ordenamiento jurídico español. Más bien, se quiere aprovechar la ocasión para llamar a la reflexión en lo concerniente a las libertades concretas de los españoles.

Un poder político sin frenos

Progresivamente, las dimensiones del Estado o del Estado moderno tienden a crecer, muy a nuestra desgracia. Son pocas las excepciones que optan por poner un freno o por intentar aplicar una considerable estrategia de adelgazamiento.

Que un Estado crezca no solo implica que el nivel de gasto público y de presión fiscal se dispare. Esto puede afectar a muchos ámbitos de gestión y administración política y económica, pasando por normativas de muy diversa índole.

España no ha llegado aún a ser una dictadura de corte estalinista o castrista. Es cierto, pero ceder ante quienes dicen que cualquier alusión al comunismo puede ser «un muñeco de paja» es un grave error. Digamos así que seguimos avanzando en el camino de la servidumbre.

Ninguna medida se está adoptando para que los españoles se sientan más seguros por las calles o tengan que ahorrarse preocupaciones sobre sus hogares cuando se ausentan de ellos en periodo vacacional.

Lo que le preocupa a Moncloa, en nuestro caso, es que el sistema judicial y los cuerpos policiales queden completamente subordinados a los intereses partitocráticos del PSOE (más allá de que, como su categoría indica, sean un servicio del Estado que pagamos todos).

Hay sueños sobre una NKVD al estilo español. Del mismo modo, se han llegado a dar directrices a los medios de comunicación (no solo a los medios «públicos» que dependen de administraciones del PSOE, tales como RTVE o Canal Extremadura) para que no critiquen al «mal gobierno».

Hay otros organismos institucionales, supuestamente independientes, que también van a caer bajo las garras del sanchismo, que no deja de ser socialismo. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Comité de Bioética.

Dejando diagnósticos de narcisismo aparte, hay que reconocer que la propaganda está desempeñando un papel fuerte, aparte de lo que sale de «la cocina de Tezanos». Pero esa ingeniería social, ese autobombo, habituales son allá donde se amenaza más a los ciudadanos.

Y sí, no hay que olvidar que se está alineado en el proyecto de la agenda ideológica revolucionaria: desprotección del nasciturus y del enfermo, desincentivación de la propiedad, corrupción de género, multiculturalismo forzoso y sumisión a la «religión climática».

De todos modos, también cabe advertir de que, por medios democráticos y constitucionales (elección presidencial en el parlamento), Pedro Sánchez podría seguir en el poder. Lo mismo si algún sujeto como Arnaldo Otegui llega al poder.

Y no, nada moral hay en esto. La siguiente cita de Friedrich August Von Hayek podría ayudar a sacudir conciencias (podrá ser o no ser demasiado exagerado, pero cualquier reflexión se defendendo es bastante conveniente):

Donde unos cuantos fines específicos dominan la sociedad entera, es inevitable que la crueldad pueda convertirse ocasionalmente en un deber, que los actos que sublevan todos nuestros sentimientos, tales como el fusilamiento de los rehenes o la matanza de los viejos o los enfermos, sean tenidos como meras cuestiones de utilidad, que el desarraigo y el traslado forzoso de cientos de miles de personas llegue a ser un instrumento político aprobado por casi todos, excepto las víctimas.

Reivindicar el fortalecimiento de la sociedad

Nosotros podemos hacer algo para frenar todo esto. Lo ideal no es limitarse a votar, en los próximos comicios electorales, a una formación política como el PP o VOX. Quien quiera hacerlo, libre es. Son ambas las dos opciones más deseables.

Hay que reivindicar una mayor descentralización, de modo que el devenir de nuestras vidas dependa apenas del centralismo de Moncloa y de los 17 mini-Estados autonómicos. Es una cuestión que va más allá de reivindicar la libertad de expresión.

Los individuos, con su fuero interno, deben de dejar de reemplazar a Dios por el Estado y apostar por libertades concretas como la de ahorro, gasto e inversión, la de elección de centro educativo o médico, la de circulación, la de cátedra, la de vivir en cuerpos intermedios más autónomos…