Si bien la separación de poderes no gozaba de un escrupuloso respeto en España, desde hace bastante tiempo, debido a la politización de la justicia, más que notoria en organismos como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), parece ser que este gobierno está más que dispuesto a vulnerarla más de la cuenta.

No me refiero a los refuerzos del totalitarismo de género, algo de lo que todo el espectro izquierdista (de moderados a radicales) es partícipe, en la medida en la que se considera reforzar el peso de las sanciones administrativas sobre las judiciales -donde habría cierta posibilidad de defensa del acusado, sino a cuestiones que van más allá de un mero caso particular.

Como recordarán, este verano, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron anular la capacidad de veto del Senado, cámara en la que tiene mayoría absoluta el Partido Popular (PP), partido que se opone a la aprobación de los presupuestos estatales de 2019, que disparará más de la cuenta la presión fiscal y el gasto público –mientras que la deuda pública ronda el 100% del PIB.

Con ello, la idea no deja de ser una mera estrategia para anular el contrapeso que permite el sistema parlamentario bicameral, al no depender todos los proyectos legislativos de una sola cámara legislativa. Esto supone a su vez, por ende, un mero ataque al poder legislativo, supeditándolo a los intereses del poder ejecutivo.

Pues bien, como se ha sugerido antes, no ha sido lo único. Y sí, alguna clase de relación se da con la obsesión del “okupa” de la Moncloa con aprobar decretos-ley de la manera más interesada e inmediata posible. Quien no bloqueara su toma del poder y quien emprendió un proceso de radicalización culminado no le superaron en “decretazos”.

El caso es que, a principios de la semana pasada, la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo falló de modo que no sería la banca la que tuviera que abonar las cuantías correspondientes en relación al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), conocido también como el “impuesto de las hipotecas”.

La tropa social-comunista manifestó cierta indignación ante una sentencia que, según ellos, “beneficiaba a la ‘poderosa’ banca frente al ciudadano” cuando, en realidad, de una u otra forma, iba a pagarlo el cliente, fuera directa o, gracias a encarecimientos de hipotecas y otros trámites bancarios, “indirectamente”.

Los comunistas convocaron una concentración el pasado sábado día 10 de noviembre, ante el Tribunal Supremo. Ciertamente, esta convocatoria encabezada por el nuevo residente de Galapagar y el visitante turístico de Nueva Zelanda tuvo escasa afluencia, pero no cabe evaluar aquí las cuestiones de participación, sino intencionales.

La separación de poderes no es algo que case con las hordas totalitarias, algo que no deberíamos olvidar. Por ello, cuando se falla en contra de los intereses de las mismas, estas no dudan en emprender su asedio contra quienes estimen oportuno. Lo vimos también tras la sentencia sobre La Manada, y en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Por ello no han de extrañar estos movimientos marxistas que también pueden apreciarse en la esfera más político-burocrática. El pasado viernes, se publicó un real-decreto firmado por Pedro Sánchez (otro decretazo más, sí) para torpedear el fallo del Tribunal Supremo a partir de hoy, lunes día 12 de noviembre.

Eso sí, esos socios de gobierno que tienen nexos con el narcocomunismo venezolano y la teocracia iraní le están “apretando las tuercas” para que vaya más allá de ese decreto, para que promueva un proyecto de ley que obligue a las entidades bancarias a “devolver a los ciudadanos lo pagado con ese impuesto”.

De hecho, animan al también autor de plagios al elaborar una tesis doctoral a gobernar a golpe de decretos. En cualquier caso, cabe incidir en que todos estos movimientos, emprendidos por quienes el pasado mes de junio, por medio de una moción de censura, perpetraron un “asalto” al poder que es legal, pero ilegítimo e inmoral, han de ser considerados como alarmantes.

Recordemos además que las diversas manifestaciones encabezadas por el lema “Rodea el Congreso”, en la matritense Carrera de San Jerónimo, contra el PP (la más reciente en 2016, contra esa investidura de Mariano Rajoy que fue posible gracias a la abstención del PSOE bajo la gestora del asturiano Javier Fernández), contaron con respaldo “podemita”.

Así pues, conviene mantener una actitud vigilante, alejada de cualquier clase de ingenuidad. Estamos gobernados bajo enemigos de la libertad, sin ninguna duda. La fórmula frentepopulista reedita lo que en su día supuso una grave amenaza colectivista, que pretendía convertir a España en un país satélite de la Unión Soviética.