Es difícil la independencia del que lo recibe. En las Cortes Medievales los representantes de los distintos cuerpos sociales no cobraban de dichas cortes por ejercer su representación, sino que la ejercían a costa de sus representados que corrían con los gastos que ocasionaba desplazar y mantener a aquellos en las ciudades donde se celebraban las sesiones. Del mismo modo, en la Hacienda Pública medieval el Soberano tenía que recabar la autorización para imponer exacciones fiscales y para ello convocaba Cortes, y explicaba sus propósitos a los procuradores. El Estado moderno elabora unos presupuestos generales para cada ejercicio en qué, como mucho, nos informa de en qué pretende gastar sus ingresos, los cuales nos va a imponer (de ahí lo de impuestos) sin solicitar nuestra aquiescencia. De paso, los que aprueban esos gastos y esos impuestos, no cobran de los supuestos representados sino del Estado al que ha autorizado a gravar a estos últimos. Lo que reciben estos modernos procuradores, además, no alcanza sólo a los gastos en que hayan podido incurrir, sino que es además su modo de vida y está razonablemente bien remunerado. El acceso a estos puestos tan golosos sabemos que depende de los aparatos de los partidos políticos y que su carácter de auténtica representación por el mecanismo electoral es muy dudoso, si bien esto no es lo que nos interesa en este pequeño artículo. Lo que sí nos interesa es insistir en esa absoluta ruptura del vínculo de la representación que supone que el flujo del dinero vaya al representante desde el Estado y no desde el representado, que ya se sanciona totalmente con la sanción constitucional, en su artículo 67.2: Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. O dicho de otro modo, no están obligados legalmente ni tan siquiera a cumplir su palabra. Eso sí que es independencia respecto de los representados: no cobran de ellos pero pueden obligarles a que les paguen (aunque sea de modo indirecto) y no puede exigírseles que hagan frente a los compromisos con los que consiguieron los votos, aunque no la nominación, que esa se la da el partido correspondiente, para figurar en las listas electorales. Si la financiación de los partidos políticos y los políticos proviene del Estado, que no es un mero cauce desde los sujetos obligados como se pretende, y no de la Sociedad, es imposible, por tanto, que representen a esta última. Más bien serán lo contrario: los representantes del aparato de poder ante un pueblo sin poder alguno. Es curioso cuanto se critica a la Iglesia su famoso 0,7% voluntario en la declaración del IRPF. Convencido estoy que la crítica política proviene, no del importe que supone para las arcas públicas, sino del miedo que da el ejemplo. En la desfachatez que nos asola, pretenderán quitárselo porque ya recibe bastante de sus feligreses en las colectas de los domingos, y a quien hay que ayudar es a esos pobres partidos a quien nadie da nada. * El título del artículo no es el originario del autor