La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 M nunca ha recibido una sola subvención del Ayuntamiento de Madrid, y ahora han visto recortada a cero la que tenía de la Comunidad. El alcalde Alberto Ruiz- Gallardón nunca les ha recibido. Esta asociación sólo está integrada por víctimas del atentado y familiares en primer grado, en número de 650. Esta asociación reclama una gran ayuda: que se imparta justicia y se sepa la verdad.
Faltan palabras para retratar el episodio más vergonzoso que se recordará en España de sus primeros treinta años de democracia. La cantidad de mentiras, contradicciones y escándalos que gravitan en la instrucción y juicio de aquel atentado es demasiado onerosa para no pensar que hay intereses muy bien cimentados en el poder que rehúsan tirar del ovillo. Significativamente, los atentados perpretados en aquel 11 de marzo tienen un nombre equívoco que es 11M. La tendencia generalizada a sumarse a las coletillas es funesta. Es más cómodo atenerse a una versión amparada por una ideología que informarse de los hechos. Si estamos tan seguros de que “M” corresponde a marzo y no a mayo, pregunten siquiera por el año de los atentados. Pregunten por ahí qué dice la sentencia acerca de la supuesta autoría islámica. Hasta ahora, el llamado 11M era el recuerdo de una tragedia en un amasijo de trenes, las acusaciones del PSOE al PP y, a los sumo, unos periodistas empeñados en marear la perdiz.
Durante estos años he leído, desde el día después, todo lo que se publicaba sobre los atentados en los medios independientes. He discutido con amigos de todos los colores políticos; la mayor parte no tiene ni idea de lo que ocurrió ni antes ni después de los atentados. Las últimas revelaciones sobre los supuestos testigos que vieron a Jamal Zougam en los trenes prueban que esos testimonios son más propios de un plató de telebasura que de un juicio ecuánime. Es más que probable que Zougam lleva ocho años en prisión sin haber cometido el delito del que le acusan. Ahora, incluso el Sindicato Unificado de la Policía (S.U.P.), que se querelló contra los periodistas Luis del Pino y Federico Jiménez Losantos, reconoce las graves deficiencias del proceso y pide que se reabra el caso. Las tornas parece que están cambiando.
La ayuda económica y moral que requiere la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M tiene un mensaje implícito: la regeneración económica no ha de venir sin la regeneración democrática y una democracia sin justicia, no es tal. Después de años difíciles, este es un momento cargado de esperanza.
