Quienes nacimos en Extremadura podemos presumir de tener ancestros a quienes hemos de felicitar y vanagloriar por el Descubrimiento de América y la expansión de la civilización cristiana, respetuosa con la libertad y la dignidad humana, al otro lado del Océano Atlántico.

La conquista a manos del Imperio Español, que contribuyó a acabar con la esclavitud y respetó el derecho de los territorios americanos a tener representación política en la correspondiente cámara parlamentaria española, fue una realidad gracias a personalidades como Hernán Cortés, Francisco de Orellana, Cieza de León, Francisco Pizarro y Pedro de Valdivia.

De hecho, la patrona de la región de Extremadura, Nuestra Señora de Guadalupe, también representa a la Hispanidad, que transciende el territorio español y contempla todo aquello donde se haga uso de la lengua española o haya cualquier otro atisbo de su cultura (incluso los Estados Unidos, a cuya independencia y libertad ayudamos, podrían ser contemplados).

Todo lo expuesto anteriormente nos permite afirmar con seguridad que Extremadura no se entendería sin su carácter de españolidad, ya que la idea de España, de la Nación Española, tampoco sería lo que es hoy si no llega a ser por esos factores de los que cualquier extremeño orgulloso de ser español puede congratularse.

Ahora bien, por culpa de una serie de movimientos políticos que no dudan ni temen manifestar su más absoluto, estricto, infame y rotundo desprecio hacia cualquier cuestión de españolidad, y actitudes que si no son símbolo de deslealtad denotan cierta cobardía traidora, la españolidad de la que es “tierra de encinas y de conquistadores” podría verse en peligro.

La semana pasada, salió a la palestra informativa que la formación pancatalanista y ultraizquierdista Compromís, que concurrió a las Cortes Generales con los comunistas del partido de Pablo Iglesias, propuso al ejecutivo de Pedro Sánchez que dotara del estatus de oficialidad a dialectos como el estremeñu, el baturro y el llionés, todos ellos en desuso.

También proponen incorporar en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 partidas de subvenciones para entes como la Academia de la Llingua Asturiana (ente asturtzale), la Academia Valenciana de la Lengua (ente pancatalanista) y el Observatorio para el Seguimiento y el Estudio de la Cultura Extremeña.

En relación a ello, hay que decir que ni siquiera buena parte de los ciudadanos de buena fe entiende que la cuestión de las lenguas y dialectos no es cuestión legislativa, sino de orden natural espontáneo, como consideramos todos los que participamos en Navarra Confidencial, mientras que los políticos, en ocasiones, de manera interesada, prefieren no asumirlo.

De hecho, soy consciente de lo que se podría desencadenar. Como ocurrirá en Asturias si no se derrota a los asturtzales y ya ha ocurrido en otras autonomías como la gallega, la valenciana, la vasca y la catalana, hay movimientos nacionalistas periféricos que promueven el odio y atentan contra la libertad lingüística (principalmente la de los hispanohablantes).

La lengua y la nación están muy interrelacionadas. Por ello, posibles futuros ingenieros sociales nacionalistas podrían imponer el estremeñu a ciudadanos, empresas y administraciones públicas, procediendo posteriormente a generar cierto clima, a adoctrinar manipulando la historia y a artificiar un concepto de “nación extremeña”.

Sin ninguna duda, la extrema izquierda, dada su hispanofobia, sería la primera impulsora de estos movimientos disgregadores y liberticidas, como consta en la advertencia emitida conjuntamente desde la Plataforma contra la Cooficialidad y El Club de los Viernes, que lleva todo el fin de semana tuitinterrogando al resto del mainstream partidista por su opinión.

Pero ninguna delegación autonómica ha respondido. Ni el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el actualmente presidente y neosanchista Guillermo Fernández Vara, ni el Partido Popular (PP) así como tampoco Ciudadanos (C’s). Parece ser que el tema no les preocupa demasiado, a pesar de sus negativas consecuencias para los extremeños.

Por lo tanto, al ciudadano de a pie tan solo le queda preguntarse o especular con alguna tercera persona sobre la actitud de los principales partidos políticos extremeños con representación parlamentaria a nivel autonómico. Dicho esto, yo también voy a ejercer mi derecho a opinar exponiendo mis dudas públicamente.

En relación al PSOE, ¿secundarán la tendencia plurinacionalista de Pedro Sánchez, que ha llegado al poder gracias a comunistas y nacionalistas periféricos? ¿Habrá podemización en esto también? Nada de esto sería de extrañar vista la deslealtad de dicho partido a España. Luego, Fernández Vara no es tan sensato y prudente como el asturiano Javier Fernández.

En cuanto al PP, ¿seguirá el socialista José Antonio Monago las pautas del galleguismo de Núñez Feijóo, presidente autonómico gallego, gracias al cual, parece que en dicha región del Norte gobierna el Partido Nacionalista Vasco? ¿Irá más lejos el “regionalismo exacerbado” que uno pudo ver en la campaña electoral de 2015, con el lema Hacemos Extremadura?

Y hablando de C’s, ¿serán tan leales a la defensa de la unidad de España como Albert Rivera en sus inicios como parlamentario autonómico catalán? ¿O preferirán ofertar el trilingüismo si no se adopta alguna actitud veleta mientras que no dejarían de poner de manifiesto su obsesión eurófila, con los Estados Unidos de Europa?

No sabemos cómo reaccionarán los partidos políticos a los que se considera como “constitucionalistas”. En cualquier caso, por lo menos, quienes formamos parte de la sociedad civil, deberíamos estar en alerta máxima. El identitarismo extremeño sería un artificio hispanófobo, sin ninguna duda, y marxista y anticatólico si cabe.

El desarrollo de un movimiento nacionalista extremeño dependerá del poder que tengan los correspondientes ingenieros sociales y las subvenciones que puedan recibir ciertos entes. En cualquier caso, corremos riesgo, como si ya no tuviéramos bastante con el yugo socialista.