Hoy, lunes día 1 de octubre, se cumple el aniversario del referéndum ilegal y golpista que se organizó en Cataluña. Una consulta secesionista carente de garantías en la medida en la que algunos pudieron emitir su voto en más de una ocasión, muchas urnas estaban llenas antes de empezar el turno y había un “censo universal” (estándares muy propios de países comunistas).

Hubo también una ingente cantidad de noticias falsas, emitidas por nacionalistas, con la colaboración directa de la ultraizquierda y bastantes medios y sectores políticos y activistas extranjeros. Se difamaba a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, atribuyéndoles actos de violencia, y se sugería que España estaba vulnerando libertades civiles esenciales.

Ahora bien, nadie del Gobierno de España, dirigido entonces por el PP, se tomó la molestia de movilizarse y dar a conocer la verdad de cara el extranjero. La sociedad civil fue la que se esforzó en defender el honor de la Nación Española, pero no se trató básicamente de poner “cuatro tuits en inglés una vez y ya está”.

Diez días después, el entonces presidente autonómico, el nacional-catalanista y prófugo de la justicia Carles Puigdemont, declaró la independencia de Cataluña -aunque suspendió sus efectos a los pocos segundos, pidiendo “diálogo”, es decir, más cesiones al chantaje. A pesar de ello, no se le arrestó de inmediato. Tampoco ocurrió nada similar el 27 de octubre.

Ante ello, desde Moncloa no hicieron lo adecuado. En vísperas del puente de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez pactaron una “reforma constitucional” más bien basada en garantizar la independencia política de facto de la comunidad autónoma en cuestión.

Sí, fue cierto, pero no tan sorprendente en la medida en la que durante décadas, tanto el PSOE como el PP han hecho continuas cesiones a los nacionalistas catalanes. Y sí, se aplicó el artículo 155 de la Constitución a mediados de octubre, pero tarde y mal, ya que no se tomó ninguna medida distinta a convocar elecciones, tal y como pedían PSOE e, insistentemente, C’s.

En base a ello, el pasado 21 de diciembre, se convocaron elecciones autonómicas que ni más ni menos supusieron una “segunda oportunidad” para el bloque golpista, que a pesar de no alcanzar el 50% de los votos escrutados, mantuvo la mayoría parlamentaria absoluta. Actualmente gobierna Quim Torra, quien en tiempos tuiteó soflamas hispanófobas.

Eso sí, tras celebrar el nacimiento del Niño Jesús, surgió en las redes sociales una sátira que parte de hechos reales y cada vez más españoles se están tomando en serio: se empezó a proponer en las redes sociales que las provincias de Barcelona y Tarragona, donde hay menos voto secesionista, formaran una nueva autonomía, independiente de Cataluña, llamada Tabarnia.

Además, conviene señalar que los ex consejeros partícipes del acto golpista en cuestión permanecen en prisión, al igual que los colaboradores “Jordis”, gracias a los jueces Pablo Llarena y Carmen Lamela, a quienes la sociedad española, que desea que se garantice el respeto al Estado de Derecho, apoya frente a presiones de nacionalistas y movimientos de izquierdas.

Nos referimos a esa misma sociedad que, desde el pasado otoño, ha visto nacer un sentimiento patriótico que hasta entonces era exclusivo de la derecha sociológica más militante y aguerrida (para recordar, tal día como ayer, y los días 7 y 8 de octubre, las calles y plazas de las grandes ciudades españolas eran exposiciones de muestras de lealtad y amor a la patria española).

Y una vez dicho todo esto, ¿qué está por venir tras el primer aniversario de esta convocatoria electoral (que no fue sino un paso más del llamado prusés, que busca instaurar una república independiente nacionalista y socialista, etnicista hispanófoba, y escéptica de garantizar el derecho de secesión)?

Primero, cabe recordar que el nuevo gobierno central, resultante de una moción de censura que reedita la fórmula del Frente Popular, al ser amalgama de socialistas, comunistas y nacionalistas periféricos, no está siendo más leal a España que el antiguo ejecutivo progre-socialdemócrata, dirigido por Mariano Rajoy y caracterizado por el acomplejamiento y el entreguismo.

Mientras que en RTVE ya se considera a Cataluña como “país” muy polarizado con España y el actual ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, considera la existencia de una nación catalana (lo cual es una falacia que se busca imponer por mecanismos de ingeniería social, a través del Estado), hay miembros del gobierno que piden liberar a los golpistas encarcelados.

La vice presidenta Carmen Calvo, esa que amenaza con vulnerar gravemente la libertad de prensa, ve ilógico “alargar la prisión preventiva”. Al mismo tiempo, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, llegó a pedir, sin tapujos, sino con absoluto descaro, el indulto de estos presos.

Pero no se les ocurrirá hacer que se deje de sancionar a quienes se niegan a declarar el fruto de su trabajo ante una Hacienda expoliadora o ayudan a sus familiares o amigos a recoger aceitunas en las fincas de los pueblos. Son socialistas y, el liberticida nacional-catalanismo es tanto socio de gobierno de un partido desleal a España como enemigo de esta.

Es más, Pedro Sánchez es partidario de convocar una consulta secesionista en Cataluña y, en vez de garantizar la equiparación salarial que reclaman el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, se procede a una subida salarial a los Mozos de Escuadra, que actúan como una “policía política” del régimen nacionalista.

En cualquier caso, en vistas de todo ello, convendría que, como sociedad civil, siguiéramos reafirmándonos en el apoyo al Estado de Derecho y de la españolidad de Cataluña, no dudando en ningún momento en desmontar las mentiras nacionalistas y evitar que el espacio público sea “tomado” por los catalanistas que colocan lazos amarillos.

Incluso debería reclamarse una consulta independentista en Tabarnia, ya que no tienen por qué dejarse secuestrar por la liberticida Generalidad de Cataluña. Aunque, en realidad, el derecho de secesión debería garantizarse a todos los niveles, hasta llegar al individuo, y no solo para barceloneses y tarraconenses.

La autodeterminación no es una cuestión de naciones, sino de individuos. Si los catalanistas tienen derecho a vivir en una comunidad política independiente a la española, los tabarneses no tienen por qué “salir” de España contra su propia voluntad y los individuos podrían desvincularse de la frentepopulista Administración Sánchez.

De todos modos, cabe señalar también que es posible un modelo de descentralización foralista e hispanista que se dé a nivel incluso municipal en vez de mantener 17 mini-Estaditos solo “autónomos” para gastar y beneficiarios de inyecciones de liquidez, de las que tanto se han beneficiado quienes dicen “España ens roba”.

Simultáneamente, téngase en cuenta que la idea de una sociedad civil más fuerte es clave contra el nacionalismo. La administración, por medio de subvenciones, licencias y radiotelevisiones públicas, y de competencias educativas, aparte de ciertas imposiciones, aplica su ingeniería social liberticida. No dejamos de hablar de una modalidad más de socialismo, de colectivismo.

Respecto al artículo 155, igual que en su día, sería lo suyo aplicarlo para desmontar todo el entramado nacional-catalanista pero me temo que eso no ocurrirá ya que no nos gobierna gente dispuesta a desactivar al movimiento independentista catalanista, que es una amenaza para la libertad de los catalanes.

En conclusión, un año después, la brecha social sigue existiendo en Cataluña, y el gobierno mantiene desamparados a aquellos catalanes orgullosos de su españolidad. Pero ante ello no debemos claudicar, sino seguir luchando por la libertad y la subsidiariedad, a la vez que nos reafirmamos en nuestro sentimiento de españolidad.

IMAGEN: Lluís Milián