Señor Director:
El Gobierno de Navarra ha adoptado una línea laicista en materia de educación vulnerando sistemáticamente los derechos de los padres, los alumnos y los profesores de la asignatura de *Religión Católica*.
No en vano, este gobierno fue uno de los primeros en implantar *Educación para la ciudadanía* (2006) en España, cuando la LOE (Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo de 2006) no obligaba a hacerlo hasta el siguiente curso. Para introducir esta asignatura obligatoria, el ejecutivo de UPN quitó sendas horas semanales a la *Religión* en 3º y 4º de la ESO. Además, el Departamento de Educación persigue la objeción de conciencia a esta materia de *Educación para la ciudadanía*.
La rigurosa aplicación de la ley a los objetores de *Educación para la ciudadanía* contrasta con las ilegalidades que el mismo Gobierno tolera en la impartición de *Atención Educativa* (la asignatura alternativa a la *Religión*). Ésta se utiliza con frecuencia para reforzar otras asignaturas del currículo o se imparte directamente en inglés, causando un agravio comparativo a los alumnos de *Religión*, que ven cómo sus compañeros de *Atención Educativa* cuentan con una preparación extra de cara a los exámenes en la citada lengua.
Ante las reiteradas quejas que desde diversos ámbitos se le han hecho llegar, la Administración ha manifestado que está cumpliendo la ley, faltando claramente a la verdad. También ha hablado de la posibilidad de impartir *Religión* en inglés, pero el hecho es que sólo los funcionarios pueden tener la acreditación para dar clase en inglés y los profesores de *Religión*, por ley, no pueden ser funcionarios.
Todavía podemos aportar otra reciente “perla”: el Gobierno ha eliminado los proyectos educativos del área de *Religión*. Se trataba de unas horas destinadas a la elaboración de proyectos educativos con las que el Gobierno compensaba las horas que quitó a *Religión* al introducir *Educación para la ciudadanía* en la ESO. Con ellos los profesores de *Religión* completaban su jornada laboral. Ahora, con “ocasión” de los recortes debidos a la crisis se ha optado por la eliminación de estas horas, con la consiguiente reducción de la jornada laboral de los profesores de *Religión* y el peligro de quedarse sin trabajo para algunos.
Ante estas actuaciones sólo cabe denunciar esta política arbitraria y estatista de UPN, contraria al más elemental Derecho Natural y, por cierto, contraria también al Derecho Foral de Navarra. Así como la contradicción de un partido que apela constantemente a la Constitución Española que luego incumple sistemáticamente (Art. 27.3). Por último, hay que poner de manifiesto la sinrazón que supone esta política contraria a la libertad religiosa que allana el camino a las izquierdas dejando sin sentido el propio espacio político de UPN.
