Algunos motivos son los siguientes. Dicha Resolución:
1º Extralimita las competencias propias del cargo de Defensor del Pueblo.
2º Ha prescindido a priori de los padres y de sus asociaciones.
3º Ignora en qué consiste la asignatura “Educación para la Ciudadanía”.
4º Se excede en celo porque los objetores sólo han recurrido a los Tribunales.
5º Se adelanta con rotundas afirmaciones –ignoramos por qué- a la sentencia de los propios Tribunales de Justicia.
6º Cae en el nominalismo con bellas y universales palabras pero vaciándolas de sentido.
7º Quiebra el Art. 27.3 de la Constitución que dice defender.
8º Cae en la arbitrariedad y a beneficio del poder del Estado, al que se le reconoce facultad para vulnerar, con el planteamiento y los contenidos de la EpC, el derecho fundamental de los padres a la educación de sus hijos.
9º Suprime la patria potestad de los padres, niega el principio de subsidiariedad, otorga al Estado –con justificaciones del más rancio totalitarismo- derecho sobre las conciencias, crea y dicta la conciencia moral al aprobar la EpC y al resolver aspectos jurídico- morales al respecto, obliga al mal moral a padres, educadores y educandos, contradice el Derecho natural objetivo así como la religión católica en el ámbito moral y doctrinal, y sobre todo vulnera los supremos derechos de Dios.
10º Vulnera directamente la verdadera libertad religiosa.
11º Por todo lo anterior, por aprobar una EpC que usurpa el derecho paterno, y por rechazar la objeción de conciencia en este punto, la Resolución del Sr. Enériz es antijurídica y contraria a una sociedad política bien constituida.
12º Cae en la displicencia y humilla a los padres, pues dice que los padres alegan, “sin más, razones morales, religiosas, filosóficas o ideológicas”.
13º Imita a un trasnochado despotismo ilustrado.
14º Aprueba –como si tuviese una ideología liberal-socialista- que el Estado sustituya y usurpe la titularidad y el ejercicio del derecho irrenunciable de los padres a la educación de sus hijos.
Ya que, aunque salvada su intención e ignorando qué pretende, el Sr. Enériz ha defraudado a muchísimos padres y tutores navarros y ha emitido una Resolución de suma gravedad, rechazamos dicha Resolución – cuyo contenido que no es nuevo en la historia de España- como también lo harían nuestros padres y abuelos. Por ello, como institución política que somos, y motivados por nuestra denuncia de dicha Resolución, exigimos al Sr. Enériz que dimita del cargo público de Defensor del Pueblo, pues más que defender al pueblo, en este caso ha defendido al Estado pretotalitario frente al pueblo.
José Fermín Garralda Arizcun.
Pte. de la Junta Regional Carlista de Navarra
Comunión Tradicionalista Carlista
