El pasado día 14 leía que cuando se formaba el jurado que juzga al ex
presidente de la Generalidad de Valencia, Francisco Camps, los
abogados de la acusación particular, del Partido Socialista, trataron
de descalificar a algunos candidatos al preguntarles qué pensaban
sobre el aborto. A muchos les pareció improcedente la pregunta, pero
los acusadores sabían muy bien lo que hacían. Lo que pretendían era
asimilar la actitud de los jurados ante el aborto a su simpatía o
antipatía hacia un político cuyo partido se había opuesto a la ley
promovida por el Gobierno socialista.

Se visualizaba así, sin duda es un ejemplo más, la división social
provocada por esta y otras leyes, para descalificar como ciudadanos a
quienes no comparten los contenidos de la ideología de género que el
Gobierno de Zapatero ha tratado de imponer a la sociedad. Y se añadía
otro factor significativo: el hecho de que la Generalidad valenciana,
bajo el mandato de Francisco Camps, fue la primera comunidad en
adoptar una ley de protección a la maternidad y de ayuda a las mujeres
embarazadas.

Pienso, Sr. Director, que la pregunta de los abogados del Partido
Socialista era improcedente pero nada inocente.