La propuesta del ministerio de Educación de lograr un gran pacto político y social para la reforma del sistema educativo, fue acogida con verdadero interés por todos los sectores afectados. Sin embargo, después de varios meses de diálogo y de intercambios de borradores con las más variadas sugerencias, las negociaciones llegaron a un punto en que no fue posible avanzar. Las numerosas medidas que el ministerio proponía para afrontar en apariencia el fracaso escolar, no enmascararon su propósito de mantener la esencia adoctrinadora de la ley que impuso hace seis años. El ministerio no quiso hablar de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ni de la libertad de elección de centro, ni de la asignatura de Religión. Más aún: el Gobierno considera los centros privados como subsidiarios de los públicos, con la subsiguiente limitación de la libertad de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Con estas prerrogativas era imposible el pacto y se ha vuelto a producir aquello de “otra ocasión perdida”. De haber sido posible este seria el primer curso en beneficiarse. Lástima.
