El Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la exención del pago del IBI a la Iglesia tras declarar inconstitucional la ley navarra que la obligaba a contribuir por todos sus inmuebles, salvo los destinados al culto. El Gobierno recurrió la norma porque incumplía los compromisos del Estado con la Iglesia católica. La izquierda política, obcecada en su política anticlerical, prefiere atropellar el Derecho y pasar por encima de lo que es y supone un tratado internacional como el del Estado con la Santa Sede de 1979. No obstante y por si no estaba claro, este acto supone un aval constitucional para la Iglesia.
