En opinión de muchos analistas, la CAN ha pasado en pocos años de ser una entidad modélica en recursos, gestión y con un coeficiente de solvencia del 20%, a aparecer entre las entidades que no han superado los “stress test” confeccionados por el Banco de España y el CEBS. Esta deriva tiene sus causas y protagonistas y su Consejo de Administración ha dado aquiescencia y apoyo a los responsables de la situación actual. No pocos han alertado de la deriva que el Director General y su equipo directivo han imprimido a la primera entidad crediticia de Navarra, fundada, avalada y controlada por la Diputación y luego por el Gobierno de Navarra. Todos recordamos cómo se impuso el nombramiento de Enrique Goñi, una persona con un historial profesional ajeno al mundo de la banca y de una trayectoria, cuando menos, cuestionable, por obra y gracia del presidente Miguel Sanz. También es cierto que desde las filas socialistas no ha habido la más mínima crítica a su gestión: sus razones tendrán. Se recuerda que por aquel entonces, el ínclito directivo aseguró que, tras los cambios que pensaba operar en la empresa, ”a esta Caja no la va a conocer ni la madre que la parió”. A día de hoy, desde luego, no podemos sino darle la razón.

Poco le costó desprenderse de lo que cínicamente denominó en plan rimbombante ”el mejor activo de la CAN”: los empleados. Se aceleraron las prejubilaciones (decisión más motivada por buscar una docilidad en los trabajadores que un abaratamiento de costes) y en pocos años la empresa se quedó prácticamente sin ”su mejor activo”. Muchos departamentos se resintieron y hubo que sustituir empleados con una larga experiencia y una profesionalidad sobradamente demostrada por jovenzanos con tan buena voluntad como falta de experiencia . Se les conminó a estas nuevas contrataciones a ”no integrarse en la estructura de la empresa” y a ”arrinconar a los veteranos”, ”sin complejos” (sic) en un claro intento de enfrentar a la plantilla para poder manejarla mejor. A partir de entonces se han recortado los contratos de base (obligando de facto a quienes quedaban a extender sus jornadas laborales de forma continuada y gratuita) mientras a la par se han incrementado desmesuradamente los cuadros directivos. Mucho jefe para tan poco indio, que diría alguno.

La burbuja inmobiliaria presagiada como inevitable, no impidió que el Director General emprendiera una expansión que cualquiera con dos dedos de frente y un mínimo conocimiento del mercado financiero español, habría considerado un despropósito. Se compraron un montón de locales cuando más caros estaban para, poco más tarde, tener que vender numerosas oficinas (con los precios ya sensiblemente inferiores) en busca de financiación. Clama al cielo que una caja de ahorros de una autonomía uniprovincial de apenas quinientos mil habitantes se lanzara a conquistar el mercado español con unas pretensiones tan grandilocuentes y ostentosas como vacías de sensatez, visión comercial y análisis de la realidad. Tradicionalmente, las cajas de ahorro han tenido presencia en sus territorios gracias a la labor social desarrollada, considerándose algo propio de la comunidad y trabajando con un gran espectro poblacional de modestos ahorradores. Pretender romper esa dinámica a base de publicidad es, como mínimo, ingenuo y deja claro el desconocimiento de quien eso pretende en el panorama de las cajas estatales. La política de endeudamiento de la clientela como contrapartida a la disminución de los tipos (al haber un diferencial tan pequeño la ganancia se obtenía por las comisiones y, por tanto, a más operaciones más beneficios…) ha llevado a la entidad a un ”pan para hoy y hambre para mañana” que ha agravado aún más el problema.

Por otra parte se han ejecutado practicamente todas las plusvalías latentes acumuladas durante muchos años con la consiguiente pérdida patrimonial (al ejecutar una plusvalía, un tercio va a impuestos, un tercio se dedica a obra social y el otro tercio es en realidad lo que se recupera). Pero aún hay más: el error de bulto ha sido intentarlo en un momento en que la economía estaba a punto de estallar. Con los préstamos hipotecarios estirados hasta unos inasumibles 40/45 años de vigencia, el valor inmobiliario duplicado cada 5 años y la desregulación bancaria rayana en un filibusterismo de un encaje legal harto dudoso, la iniciativa se muestra de lo más intempestiva. Semejante desatino no parece tener como responsables al equipo directivo con su D.G. a la cabeza pero sí paganos: los empleados que ven negros nubarrones en su más que incierta carrera profesional.

Mucho se ha insistido en que el mal de las cajas de ahorro venía de la politización de sus consejos de administración, cuando lo cierto es que los actuales consejeros van a ser nombrados por los políticos y a los antiguos gestores se les ha colocado una apetecible poltrona en el Consejo de Fundadores, quién sabe si vitalicio. Se pretende privatizar la empresa como si eso fuera una garantía de buen funcionamiento. ¿Acaso es menos fiable una empresa controlada por un gobierno autonómico y un ayuntamiento que por manos privadas?. La zorra guardando el gallinero.

Es hora de pedir responsabilidades por tanto desatino. En vez de acusar al analista y aludir a problemas metodológicos para justificar los malos resultados se debería de asumir los errores cometidos, las responsabilidades de la gestión y cambiar de estrategia antes de que sea demasiado tarde. La entrada de un tiburón financiero en la privatización de una entidad aupada durante tantos años por las personas de esta comunidad, su desmantelamiento y previsible venta futura, se puede considerar uno de los timos más indignantes que pueda soportar la población navarra. Y mientras tanto, el preclaro artífice de semejante desaguisado se pavonea concediendo entrevistas autocomplacientes desde su lujoso ático en la Plaza de Colón o en la nueva y flamante sede de Guasintón, adulado por un ejército de serviles pelotilleros y disfrutando de un puesto confeccionado a su medida. Esperemos que en el 8% de prejubilaciones que vaticina vaya incluida la suya y la de sus adláteres …