En mi convencimiento creciente de que toda manipulación empieza por el lenguaje, titulo así esta reflexión, poniendo en primer plano el latiguillo que se ha puesto de moda, reduciendo las cosas a una sigla y un número: 11-S, 11-M, 8-M… Más allá de que la M sea una letra capital confundible, llamar 11-M a toda aquella masacre es una reducción altamente significativa. Nuestra memoria parece acoplarse al ritmo simplificador de los guasap. Lo que ayer cabalgaba sobre el virus de las redes hoy pasa a la nube del olvido donde está como si no estuviera. Al 11-M le sustituyó el 15-M y a éste, ahora, el 8, y una sigla mata a la otra.
El luctuoso aniversario de los atentados del 2004 ha pasado desapercibido. Excepto para quienes queremos hacer memoria histórica. En esta ocasión, el comisario Villarejo saca de nuevo esa mochila de Vallecas en que se basaron las televisadas detenciones de los moros de Lavapiés. Nos caiga peor o mejor, su testimonio se suma a los que ya nos inducen a creer que fue una prueba falsa, como algunos investigadores -tildados de conspiranoicos- dijeron desde el principio. (Recuerdo aquí el libro de Jaime Ignacio del Burgo, 11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta.)
Los trágicos sucesos de aquel año son esenciales para entender la situación de Navarra. Venimos de un golpe de estado fechado el 11 de marzo del 2004, con un Partido Popular al que las encuestas daban por vencedor. El cineasta Cirille Martin, para denunciar la islamofobia, hizo un documental que aquí pasó convenientemente desapercibido: Zougam sería otro caso Dreyfus. Un entramado siniestro sin esclarecer y un chivo expiatorio. Incluso las víctimas del atentado que cuestionan las investigaciones y el proceso judicial, como Gabriel Morris o Esther Sáez han sido convenientemente silenciadas.
El triunfo electoral que siguió a esos atentados permitió a J.L. Rodríguez Zapatero seguir adelante con la negociación con la ETA iniciada en la oposición. Y gracias a R. Zapatero, el Tribunal Constitucional, dividido en dos, en una sentencia más política que jurídica, tumbó una sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizaba a Bildu. Recordemos que votaron a favor los seis magistrados puestos por el PSOE y en contra, los cuatro puestos por el PP y un magistrado aragonés progresista independiente.
La ilegalización de partidos filoterroristas fue una de las grandes medidas del gobierno de José Mª Aznar, al aplicar con rigor jurídico el artículo 10 de la ley de partidos de 27 de junio de 2002. Que un partido lleve a terroristas en sus listas debería ser motivo de la mayor de las repulsas en un país que quiera ser verdaderamente democrático. La última responsabilidad de que Bildu pueda sumar votos en el espectro nacionalista es del PP, que no hizo más que seguir el pacto que inició Rodríguez Zapatero. El enriquecimiento de las arcas de Bildu (el entramado de Otegui) es responsabilidad del PP y de todos los partidos que dan por perdida esa batalla. La culpa de que Pedro Sánchez esté gobernando con separatistas no es otra que del Partido Popular y de todos aquellos que no se atrevieron a pedir que se aplicara el artículo 155 hasta las últimas consecuencias. Incluso en la propia izquierda está habiendo reacciones. Alfonso Guerra hace no mucho denunciaba a la canalla que insultaba a José Antonio Ortega Lara -fundador de Vox- y se escandalizaba de que algunos llamaran gente de paz a Otegui.
Es muy loable que en Navarra distintas formaciones políticas quieran derrotar en las urnas a un gobierno nacionalista. Pero simplificamos el problema si lo reducimos a eso. Hace unos días Jaime Ignacio del Burgo recibía con contento la alianza de UPN y PP, y en el otro plato de la balanza situaba a VOX, que quiere “hacer trizas” la Constitución. Mi pregunta es quién ha hecho aquí trizas el espíritu de la carta magna. El gran debate que ha provocado el crecimiento de VOX es si los españoles queremos descender a la ciénaga de esta crisis, que es la superioridad de facto de una izquierda amiga de los antisistemas y separatistas, en el carro del relativismo moral que azota Europa. El centro derecha ha demostrado estar dispuesto a vender sus principios para no acarrearse problemas a corto plazo. España tiene una grave crisis de cohesión y UPN sigue hablando de hechos diferenciales, cuando sabe que los separatistas reman en esa misma dirección. Y es que queda muy bien ser diferentes y queda muy fachoso apelar a la fortaleza de una España unida. Por cierto, que en Navarra Vox defiende la identidad del Fuero desde la unidad de España y el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
A mí me preocupa otro hecho diferencial de Navarra: el de significarse en política. El miedo es comprensible: por eso los comercios de Pamplona retiraron sus carteles de protesta al alcalde Asirón. Un país maduro debería ser consciente de quiénes son sus verdaderos enemigos. ¿Ha dado muestra el Partido Popular de aplicar la ley de partidos? ¿Tiene el Partido Popular el convencimiento, con Feijó imponiendo el gallego, de que la unidad de España empieza en las escuelas, con una ley valiente que devuelva el honor de la Historia de España a cada aula? ¿Se va a atrever UPN a defender la educación en español y la obligatoriedad de todo ciudadano español de aprenderlo, o va a continuar comprando la paz social mientras el cuerpo de funcionarios se llena de separatistas? Demasiadas preguntas y demasiados hechos constatados.
