Como suele pasar en estos casos, vagamente y de rondón  nos estamos enterando de la aplicación de beneficios penitenciarios a algunos presos etarras. Todo parte de una declaración de arrepentimiento, en algunos casos escrita por los etarras en un burdo trozo de papel, que desencadena en un traslado a una cárcel del País Vasco (Nanclares de Oca),  y a partir de ahí,  una solemne declaración del ministro Rubalcaba en la que nos dice que «en Nanclares de Oca no hay presos de ETA».  Historial lavado en un trozo de papel y con una declaración institucional.   A dos presos etarras en concreto ya se les permite salir de la cárcel cada día, para trabajar o estudiar,  con la obligación de volver a prisión los fines de semana,  uno de ellos condenado a 203 años de cárcel y el otro a 67 años. Otros siete presos etarras, con condenas de 192, 100, 74, 59, 41, 33 y 16 años, respectivamente, gozan también de 36 días al año fuera de la cárcel. Pueden salir seis días seguidos en meses alternos con el único requisito de presentarse a diario en alguna dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  Y  la que nos espera. Porque en Nanclares de Oca está lo más sanguinario de la banda asesina ETA, entre otros,  Idoia López Riaño, conocida como La Tigresa, que se lleva la palma en cuanto a condenas. Acumula 2.114 años de prisión por el asesinato de 23 inocentes. Rafael Caride Simón, condenado a 790 años de cárcel por perpetrar el atentado contra el Hipercor de Barcelona en el que perdieron la vida 21 personas. También pesa sobre él una condena de 102 años por el atentado cometido en octubre de 1986 contra el cuartel de la Policía Nacional de Belchite.  Y José Luis Urrusolo Sistiaga, cuyas condenas suman 497 años, teniendo aún juicios pendientes por otra decena de crímenes. Pero insisto en lo que ha dicho Rubalcaba:  «En Nanclares de Oca no hay ningún preso de ETA«, y añade que «todos los que están no están en ETA, han pedido perdón a las víctimas, han condenado la violencia, están pagando la responsabilidad civil y, por tanto, están pagando lo que deben a las víctimas», y que lo que se hace en ese Centro Penitenciario es «estrictamente, cumplir la ley y nada más que la ley». Pues vayamos a la ley. Artículos 100, 101 y 102 del Reglamento Penitenciario que determinan qué criterios debe cumplir un preso para pertenecer al primer, segundo y tercer grado. El primer grado es el régimen penitenciario más duro, y en este grupo estarían los presos con pertenencia a organizaciones delictivas o bandas armadas «mientras no muestren signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas». Y aquí tendríamos a los etarras, en el primer grado,  pero que con su arrepentimiento pasarían al segundo grado, que implica la aplicación de las normas correspondientes al régimen ordinario de los establecimientos penitenciarios «pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad». Un preso de segundo grado puede disfrutar de permisos carcelarios si ha cumplido la cuarta parte de su condena. Y llegamos al tercer grado, que es el que se aplica a los internos que, «por sus circunstancias personales y penitenciarias, están capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad». La aplicación del tercer grado supone un «régimen abierto», pero requiere algunos requisitos,  como que el preso haya cumplido la mitad de la pena impuesta. Así que, de entrada, ningún etarra cumpliría los requisitos estipulados para gozar de beneficios penitenciarios, independientemente de cuál sea su grado penitenciario.  Pero aquí viene la «letra pequeña» de la ley que habla de «supuestos especiales» en los que el juez de vigilancia podrá acordar razonadamente la aplicación del régimen general de cumplimiento oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes. Un «cajón de sastre» que lo legitima todo. Y el PP de acuerdo con esta política penitenciaria.

Adoptar estas generosas medidas afean toda la batalla del Estado contra el terrorismo. Todo apesta a nueva negociación entre Gobierno y ETA, que será todo lo legal que nos quiera decir Rubalcaba, pero no deja de ser una burla a las víctimas y una desvergüenza. Ojo avizor los navarros.