Universidad de Navarra, ¿campus policial?

La Universidad de Navarra ha realizado un gran esfuerzo para tratar de garantizar la máxima seguridad posible a los alumnos y empleados del centro de cara al inminente comienzo del curso académico. Como es lógico, a la UNAV le preocupa que algunas conductas irresponsables puedan dar al traste con el trabajo y las prudentes cautelas del resto. Es por ello que Tomás Gómez-Acebo, vicerrector de la Universidad, ha remitido una carta al alumnado en la que advierte, por ejemplo, de que “No respetar las medidas previstas en el campus puede conllevar la apertura de un expediente disciplinario”. La carta he generado sin embargo un notable debate en las redes sociales y entre los alumnos ya que la persecución de actos que la UNAV considera de riesgo, según anuncia la carta, irá sin embargo mucho más allá de los límites del campus universitario: “En las actuales circunstancias, la mera organización de una fiesta estudiantil podría tener graves consecuencias jurídicas y académicas, aunque sea fuera del recinto universitario».

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El vicerector señala en la carta que “los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han solicitado la colaboración de la comunidad universitaria para evitar conductas reprochables, dentro y fuera del campus, relacionadas con el cumplimiento de la normativa preventiva o sanitaria”, y que “la Universidad ha habilitado el teléfono de emergencias 948174448, para las conductas que ocurran en dependencias universitarias o fuera del campus, cuando los participantes actúen en calidad de miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, para cualquier otra conducta ilícita, debido a las consecuencias que pueden tener en la vida y el funcionamiento de la ciudad, las autoridades invitan a contactar con el 092”.

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Como decíamos la carta ha desatado una polémica inmediata respecto a la autoridad y los límites de la UNAV para vigilar la vida privada fuera del campus de sus alumnos. El vicerrector explicaba en la cadena SER que “Las sanciones a los alumnos irán desde unas pocas horas de voluntariado vigilando que se cumplan las medidas de seguridad en el campus, hasta la expulsión durante unos meses,si es una irresponsabilidad muy grave que pone en peligro la salud de todos”. Gómez-Acebo añadía: “No queremos ser un estado policial, unos buscadores de eventos. Esto no va a ser un gran hermano que esté vigilando todo, pero cuando tengamos noticias de algo, actuaremos, porque lo que toca ahora es mantener reuniones pequeñas y con distancias. No queremos que la Universidad tenga que cerrar por los comportamientos irresponsables”.

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Muchas personas, sin embargo, consideran que el escenario que dibuja la carta sí se parece bastante al estado policial o el gran hermano en que el vicerrector niega que la UNAV aspire a convertirse. El vicerrector, por ejemplo, señaló en la citada entrevista de la SER que “donde se tomarán medidas es cuando haya irresponsabilidades flagrantes, música a tope y horarios que molestan a los vecinos, y también cuando haya alcohol, que es más difícil aplicar las medidas de prudencia sanitaria establecidas”.

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Las explicaciones del rector vienen de hecho a incrementar la perplejidad de las voces críticas o preocupadas por el texto de la carta, ya que a comportamientos como el incumplimiento de la obligatoriedad de la mascarilla, los límites de aforo o la distancia social se suman otros como los horarios inadecuados, que no se definen, la música alta o el consumo de alcochol. ¿Cuál es, por ejemplo, la tasa máxima de alcohol que permitirá el vicerector que consuma un estudiante en su casa, en su tiempo libre, de forma privada?  ¿Ha preparado la UNAV una norma específica con los límites de alcohol en sangre y las sanciones correspondientes?

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Respecto a las llamadas al número habilitado para ello, ¿cuál será el proceso establecido hasta llegar a sancionar al alumno? ¿Se escuchará al alumno para que pueda defenderse? ¿Se citará al denunciante? ¿Serán anónimas las denuncias? ¿Se le aplicará inmediatamente una sanción al alumno en cuanto sea denunciado? Y si no le expulsa de inmediato a todo denunciado, ¿tiene sentido la denuncia? Es decir, si alguien es acusado de haber estado en una fiesta, o lo que alguien afirmó por animadversión que lo era, ¿qué sentido tendría separarlo de la comunidad educativa y de las aulas días o semanas después de la denuncia cuando ya podría haber propagado el contagio? Pero si se le aplica la sanción de inmediato, ¿dónde queda el derecho a la defensa del alumno? ¿Y si llegan miles de denuncias falsas, incluso de los propios alumnos, para colapsar el sistema?

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La idea de realizar trabajos en la UNAV como sanción también resulta llamativa si de lo que se trata es de evitar contagios y separar a esa persona del campus tras una actividad de riesgo. Y si hablamos de nuevas sanciones por beber o escuchar música alta, cuestiones que en principio no tienen necesariamente que ver con la pandemia, ¿son medidas que han llegado con la excusa de la pandemia para quedarse tras la pandemia?

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Las nuevas tecnologías pueden también jugar una mala pasada a los miembros del claustro, que pueden pasar a estar vigilados 24 horas al día incluso fuera de la universidad por miles de alumnos. ¿Y si cualquier estudiante con un teléfono móvil capta a cualquier miembro del claustro en un establecimiento o la vía pública incumpliendo cualquier norma sanitaria? ¿Se puede llamar a ese mismo teléfono? Y si se publica en un medio una imagen de esa naturaleza, ¿cuál será la sanción ejemplar?

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Desde luego atravesamos como sociedad una tesitura muy complicada en la que resulta muy difícil establecer los límites y los márgenes para combatir la enfermedad sin ahogar la economía o la libertad individual. Sin duda hay que estar vigilantes en el frente de la salud y los contagios, pero la defensa de los otros frentes tampoco es irrelevante, por el contrario resulta fundamental. Estamos viendo a diversos niveles que al calor del riesgo sanitario se suma un peligro autoritario no menos real.

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