Incapaz de hacer frente a sus deudas tras el descalabro electoral del año 2000, Izquierda Unida propuso entonces un ERE (expediente de regulación de empleo) que afectaba al 75% de los trabajadores empleados por la coalición. 47 de los 62 empleados de IU experimentaron en sus propias carnes los efectos reales de una lo que en teoría es una gestión social alternativa y de progreso.
Frente a la crisis, más endeudamiento.
En el año 2004, el Juzgado de los Social número 23 condenó a Izquierda Unida por despido improcedente de 3 trabajadores, que había justificado por la deuda asfixiante que padece la coalición. La sentencia, por el contrario, consideró que “no es la existencia de deudas la que determina la dificultad económica, sino el desfase entre gastos e ingresos mantenido en el tiempo lo que da origen a una situación frente a la que procede a adoptar medidas correctoras”.
Las subvenciones a los partidos han subido un 22% en 2008.
Los Presupuestos Generales del año 2008 contemplaron un ascenso del 22% en la cantidad que se destina a subvencionar a los partidos políticos, y que corren a cuenta de todos los contribuyentes. La cantidad percibida por Izquierda Unida, merced a esta subida y a pesar de su fracaso en las urnas, superó los 800.000 euros.
Al borde de la quiebra.
Tras las elecciones del pasado mes de marzo, se estimó que la deuda de Izquierda Unida ascendía a 15,8 millones de euros. 8,5 millones de esa cantidad corresponderían, según fuentes de Izquierda Unida citadas en su día por Europa Press, a un crédito que se solicitó hipotecando la sede federal del partido. A la vista de los plazos de vencimiento del préstamo, dichas fuentes consideraban “impagable” dicha deuda a corto plazo.
