Una reforma constitucional que no se hará: que el estado no pueda quitarnos más del 50% de lo que ganamos

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Una política fiscal que nos arrebate más del 50% de lo que ganamos es confiscatoria y debería ser ilegal, como en Alemania.

Parece ser que ha llegado la hora de revisar la Constitución. En todo caso ha llegado la hora de hablar de revisar la Constitución, puesto que se habla de ello. Lo que sucede es que casi todas las propuestas revisionistas vienen del mismo lado y van en la misma dirección. Es decir, básicamente los partidos de la izquierda tratan de convertir su programa político en constitución, lo que nunca puede ser una constitución.

Es decir, una constitución es siempre la determinación de un marco que no se identifica plenamente con una ideología concreta y que permite la convivencia pacífica de las distintas ideologías de una sociedad dentro de la ley. Aparte de esto determina una serie de derechos fundamentales de carácter general y una serie de limitaciones al poder. Tiene por ello vocación de permanencia, de resultar válida para los distintos gobiernos que se suceden y de establecer unas garantías ciudadanas de carácter permanente. A otra cosa se le puede lllamar constitución, pero no es una constitución.

En este sentido, puestos a cambiar la constitución, una reforma de sentido opuesto a las que se están proponiendo sería limitar la máxima capacidad impositiva del gobierno al 50% de lo que ganamos. En realidad, el artículo 31 de la Constitución Española establece que:

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Es decir, limitar la capacidad impositiva al 50% no sería sino una concreción de ese precepto constitucional en virtud del cual el sistema tributario en ningún caso puede tener carácter confiscatorio. El Tribunal Constitucional de Alemania, abundando en esta idea, determinó en una sentencia el 22 de junio de 1995 que la carga tributario no podía exceder el 50%.

Alguien podría pensar que establecer un máximo de un 50% de impuestos sería una medida que sólo favorecería a los ricos pero no es así. La liberación fiscal de los españoles llega el 1 de julio. Es decir, que el asalariado medio ya está pagando al estado la mitad de la riqueza anual que genera. Limitar la capacidad confiscatoria del estado al 50% es en este momento una mera cuestión de justicia para el español medio. Si se limita al 50% la tributación que se puede imponer a los más ricos, sería poco razonable que los demás también tuvieran un 50% de impuestos. Esta limitación serviría para garantizar que el tope de la escala sea el 50% (o menos) y que todos los demás peldaños vayan bajando de ese límite. Un estado viable, por otro lado, no puede basarse sobre la confiscación de los bienes de sus súbditos.

Un 50% de tributación es ya contribuir mucho, seguramente demasiado. El 50% debería ser por ello un máximo, pero lo deseable sería que incluso los más ricos pagaran menos. Un estado y sus gastos deben guardar relación con la riqueza de su población. Si se quieren más servicios estatales, se debe aumentar la riqueza de la población, no el porcentaje de riqueza que se le quita. La financiación de un estado saludable debe basarse más en que la tarta crezca que en dejarnos cada vez un pedazo más pequeño de tarta. Un estado confiscador, además de injusto, es un estado que desestimula la ínversión, el ahorro y el esfuerzo. A partir de cierto nivel impositivo lo que se hace es estrangular la economía y paralizar el crecimiento.

Hay quien sostiene que la Constitución debe garantizar efectivamente una serie de derechos básicos: techo, comida, calefacción, seguridad, salud, educación. Pero para el estado pueda garantizar esos derechos tiene que ser capaz de financiarlos. Y para poder financiarlos necesita un sector privado fuerte y una economía dinámica en la que se estimule el trabajo, el emprendimiento, la inversión y el ahorro. Tiene al menos tanto sentido garantizar constitucionalmente lo uno como lo otro.

Ya puestos, por las mismas razones, quizá debería limitarse también la capacidad del gobierno para endeudarse. Naturalmente quizá estamos partiendo de una ilusión y no nos damos cuenta de que la Constitución puede ser cambiada, pero en este momento y en esta sociedad actual sólo puede cambiarla la izquierda. Pues eso también hay que cambiarlo.