El último boletín del Banco de España incluye un interesante análisis sobre la diferencia entre lo que cobran los trabajadores del sector público y los del sector privado.
Llama la atención que el análisis consiste básicamente en la publicación de un dato sorprendente mientras que prácticamente todo el resto del trabajo consiste en justificar este dato.
El dato sorprendente es que «en España, como en otros países, el salario medio en el sector público es más elevado que en el sector privado«. Y que con la información del período 2005-2012 «la diferencia se puede cifrar en un 36 %«.
Sin duda recordarán ustedes que en Navarra Confidencial, en alguna ocasión, se ha acogido con cierta polémica la publicación de datos similares. Pues bien, el dato queda confirmado una vez más, esta vez desde el Banco de España.
No tiene demasiado sentido por tanto negar la enorme diferencia entre los salarios de los empleados públicos y la de los del sector privado. El informe del Banco de España, eso sí, como decíamos se dedica a lo largo de varias páginas a tratar casi en exclusiva de intentar justificar esta diferencia.
Para los autores del estudio, «la evidencia muestra que la diferencia en el salario medio entre sectores se reduce del 36 % al 20,5 % una vez que se ajusta para tener en cuenta las diferencias observadas entre los trabajadores de ambos sectores».
¿Qué ajuste? ¿Qué diferencias observables son estas?
Se supone que esto se justifica porque, por ejemplo, existe en el sector público una mayor presencia de titulados y trabajadores mejor cualificados.
Pero es que además hay otro ajuste pendiente, el de las diferencias «no observables«, como la «habilidad» o la «motivación». El informe reconoce que, como estas diferencias no se pueden medir fácilmente, hay que «recurrir a técnicas econométricas para estimarlas». Utilizando estas técnicas cuya aplicación el informe reconoce que «no está exenta de controversia», y sumando este ajuste al de las diferencias que sí son observables, «la brecha salarial media se reduce del 36 % al 10 %».
De este modo, podría concluirse que la diferencia entre lo que cobran los empleados del sector público y lo que cobran los del sector privado es del 36%, pero que puede justificarse hasta el 10%.
¿Deberíamos ser felices con esa diferencia del 10%?
Pues no.
Si damos por buena esta cifra del Banco de España, una diferencia del 10% sigue siendo enorme. Con los propios datos del informe respecto al salario/hora y las horas trabajadas, se deduce que los alrededor de 3 millones de empleados públicos de España cobran anualmente más de 75.000 millones de euros. Si se produjera una equiparación entre lo que cobran los empleados públicos y los demás, asumiendo que sólo cobren un 10% más, eso significaría un ahorro de 7.500 millones. Una cantidad enorme que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Sólo con esta equiparación desaparecerían más de 1,5 puntos del déficit público de España. Y sí, cierto que a los funcionarios les han bajado los salarios durante la crisis, pero igual o más a los demás, que además partían de más abajo.
No es justo que los empleados públicos cobren más que los demás
Como hemos argumentado en otras ocasiones, una característica fundamental que distingue a los empleados públicos de los demás es que los empleados públicos cobran de lo que los demás aportan a los Presupuestos Generales del Estado. Incluso los impuestos que pagan los empleados públicos, salen previamente de los Presupuestos Generales del Estado. Por consiguiente, es injusto que los que pagan los salarios a los empleados públicos cobren menos que los empleados públicos por hacer lo mismo. El montón salarial de los unos sale del montón salarial de los otros. Es injusto porque para que los empleados públicos cobren más los demás tienen que cobrar menos.
Aquí es cuando a veces se argumenta que en tal caso no hay que bajar los sueldos a los empleados públicos, sino subírselos a los demás. Obviamente este argumento no tiene sentido. No es la realidad la que tiene que adaptarse a los sueldos de los empleados públicos sino los sueldos de los empleados públicos a la realidad. Los sueldos de los empleados públicos pueden determinarse por decreto, pero para subir los sueldos de los demás hay que vender más coches, más zapatos, más libros, más bocadillos…
En definitiva, incluso con los datos ajustados del Banco de España sigue habiendo una gran e injusta diferencia entre los salarios del sector público y los del sector privado, ¿pero y si además resultan discutibles los datos del Banco de España?
Por ejemplo, el informe señala que «en España, como en otros países, el salario medio en el sector público es más elevado que en el sector privado». Fíjense que no dice «como en todos los países», sino «como en otros países». Es decir, que hay países en los que no existe esta brecha salarial que, por otro lado, no hay una razón lógica para que tenga que haberla puesto que su existencia, como explicábamos, es injusta para los demás.
Como mencionábamos, buena parte de la rebaja en esta brecha para bajarla hasta el 10% se basa en diferencias que no son directamente observables y que incluso en el propio informe se reconoce que su utilización resulta controvertida.
También llama la atención que, al principio del informe, se citen como características del sector público que pueden explicar la brecha «otros elementos, relacionados, por ejemplo, con el hecho de que el sector público es el proveedor único de algunos servicios o con que algunas entidades públicas persiguen fines distintos de la maximización del beneficio». La influencia de estos elementos parece desaparecer en el resto del informe.
No menos llamativo es que, para reducir la brecha, también se asuma que los empleados públicos trabajan un promedio de 2.193 horas anuales, frente a las 2.161 del sector privado. No parece una dato muy acorde con la experiencia o la percepción generalizada que seguramente tiene la mayoría de los ciudadanos.
Por último, el informe asimismo justifica parte del ajuste a la baja en la brecha en el hecho de que el 38% de los empleados públicos tengan una alta cualificación (y por tanto cobren más) frente al 12% del sector privado. Alguien podría pensar, sin embargo, que si para repartir pizzas en el sector público se pide una licenciatura no tiene sentido que ese empleado cobre más que un repartidor de pizzas del sector privado, si ambos hacen lo mismo. Es decir, cabría preguntarse si la elevada cualificación responde plenamente en todos los casos a la necesidad de esa cualificación o si la exigencia sube sólo por el enorme número de aspirantes por plaza a los empleos públicos, y si esa demanda tan apabullante no es precisamente consecuencia de la enorme brecha entre salarios y condiciones del sector público respecto al privado. Dicho de otro modo, en tal caso la cualificación sería más una consecuencia de la brecha que su causa.
Y es que, de nuevo ateniéndonos a los propios datos del informe, por un lado se justifica la brecha en que la cualificación de los empleados públicos es más alta, pero al mismo tiempo se afirma que «las diferencias salariales entre los dos sectores son mayores para los trabajadores de salarios bajos». Es decir, los menos cualificados.
Sea por la razón que sea, el caso es que en la próxima oferta de empleo público veremos sin duda multitudes compitiendo por hacerse por un puesto en la administración, por más que los empleados públicos suelan acaparar el monopolio mediático de las quejas laborales. Y de hecho tampoco vemos legiones de empleados públicos pasándose en masa al sector privado para mejorar su situación.
Conste que no pedimos más que justicia. Equiparación salarial. Que el sector público cobre lo mismo que el privado por el mismo trabajo. Que el montón salarial de los del sector privado no baje para que suba el de los empleados públicos. Esto no tiene nada que ver con despreciar a los funcionarios y su imprescindible y loable labor. En todo caso tiene que ver con que no sea despreciado el esfuerzo y la labor de los demás.
6 respuestas
El sector público debe adaptarse a la realidad económica y dejar de ser un islote separado y distanciado de conceptos tales com productividad, eficiencia y eficacia.
Parece que se adopta como mantra esas idoteces de ministras zapateriles según la cual el dinero público es de nadie, de «naide» si me apuran. Y el dinero de los sueldos públicos salen del mismo bolsillo de los que llevan sus hijos a un concertado, por ejemplo, y si el sueldo del famoso conserje público resplandedeciente (por El Resplandor, no por su limpieza) es superior al de su homólogo, algo estaremos haciendo mal. Lo más práctico es que los conserjes funcionarios sean una escala a estinguir y reducir. Y si encima nos metemos con las duplicidades en la administración, este país será Jauja pero de verdad. Y no habrá que temer a los podemitas, y estos igual tienen que ponerse a trabajar, excepto los profesores de la complu, que seguirán divagando marxistadas a costa del erario público, tanto venezolano como español.
Desmontar el estado de las autonomías, un disparate sin pies ni cabeza y sin parecido en ninguna constitución europea debería ser prioritario. La distorsión de lo público empieza por ahí.
Eso y liberalizar de verdad la economía tal y como la realidad nos demuestra de forma tozuda
http://www.libremercado.com/2015-03-04/el-mayor-ejemplo-de-recuperacion-son-irlanda-y-los-paises-balticos-1276542183/
Es decir justo lo contrario de lo que proponen los de Podemos. El que lo proponga tendrá mi voto.
Esparza funcionario… a que no hay webs.
Ya estamos con las monsergas igualitaristas. No conviene dejarse llevar por la envidia.
¿Qué es lo justo? Lo justo es dar a cada uno lo suyo.
Productividad, eficacia, eficiencia… Palabras prostituídas que sirven de aderezo en la ensalada de miseria que reparren las grandes empresas multinacionales con la avaricia que gestionan sus filiales en España.
España necesita recuperar un tejido industrial y productivo propio. Invertir en investigación para que evalir añadido se quede aquí. Basta ya de formar ingenieros para Alemania. Basta de vender empresas a extranjeros.
Tenemos capacidad de volver a hacerlo (SEAT, Derbi, Bultaco, Pegaso, Iberia, la industria del acero, Astilleros etc.,etc.).
Quitar a los que cobran más para repartir miseria es un auténtico despropósito. Hay que ajustar plantillas y generar empleo. Pero los salarios, tanto el púlico como el privado, deben de ser dignos y suficientes para mantener una familia.
Todo lo demás es servir a la envidia y a la avaricia.
Pues si 1800€ un maestro es un supersueldo, «apaga y vámonos»
¡que dolor de pais! ¡cuanta falta de entendederas!
No se pueden hacer esas comparaciones, porque no es lo mismo. Veamos, para ser escuetos:
– el 100% de los jueces son publicos.
– el 100% de las empleadas de hogar son privadas.
¿vamos a igualar los salarios de los jueces y de las empleadas de hogar?
Se compara como si la distribución de trabajos entre la empresa privada y la administración fuese igual, como si la distribución de competencias fuese igual. Pero no lo son.
Si 2/3 de los empleados públicos son titulados superiores, frente a 1/3 de los privados, si pretendemos la igualdad, habría que empezar por exigir que 1/3 de los empleados privados obtuviesen una titulación universitaria que hoy no tienen.
¿Es normal que un funcionario público conserje de colegio de primaria, tenga revistas porno en su lugar de trabajo, y lo sepan niñas de 11 años para abajo?
Y a seguir cobrando un sueldo vitalicio…