El origen de la moción tiene su causa en la decisión de la Iglesia de ir inscribiendo sus propiedades en el Registro de la Propiedad. Nafarroa Bai e IU dudan de si los antiguos cristianos, cuando erigían una catedral, lo hacían a causa de su fe o con otras secretas intenciones, como la de incrementar el patrimonio de la Administración laica en el año 2008.
No deja de resultar sorprendente y contradictorio, por otra parte, que los propugnadores del estado laico pretendan que las Iglesias sean propiedad del estado.
Esta nueva iniciativa “progresista” se retrotrae a políticas del siglo XVIII, que dieron lugar a las sucesivas amortizaciones, siendo la más conocida la de Mendizábal en 1836. Tal medida expoliadora sirvió en su día para aumentar las propiedades de los latifundistas, que obtenían a precios irrisorios mediante subasta tierras y bienes que el pueblo católico había donado o dejado en herencia a la Iglesia. Una parte importante del patrimonio artístico español, sencillamente se volatilizó, quedó en estado de abandono o fue a parar al extranjero. El Monasterio de la Oliva quedó abandonado durante más de 90 años. El estado, sin embargo, no se quedaba los bienes expropiados, sino que los ponía en venta obteniendo de este modo recursos que utilizaba para sufragar la deuda pública.
Lo más surrealista de la iniciativa progresista es que encuentra su soporte legal en una norma franquista derogada, concretamente el artículo 5 del Reglamento Hipotecario, que impedía a la Iglesia registrar sus propiedades destinadas al culto. Esa disposición franquista, derogada en 1998, es justamente la que ahora invocan las fuerzas “de progreso” del Parlamento de Navarra para tratar de impedir la inscripción registral de los bienes de la Iglesia.
