El paso por Pamplona de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, dejó unas declaraciones a Diario de Noticias en las que aseguraba que “me cuesta entender que ante el aborto todos los médicos en Navarra objeten, a diferencia del resto del Estado”.
Por el contrario, lo que sucede en Navarra es muy similar a lo que ocurre en el resto del estado.
Navarra no es la única comunidad española donde no se realiza ningún aborto. Otra de ellas es por ejemplo Extemadura, poco sospechosa de no ostentar un gobierno lo bastante abortista. Todos los médicos de la comunidad, sin embargo, se acogieron a la objeción de conciencia. Según los datos del 2005, tampoco se produjeron abortos en Castilla La Mancha ni en Castilla León. En toda Andalucía, sólo se practicaron en un hospital público.
En España, el 98% de los abortos se hacen fuera de la sanidad pública.
El aborto es un asunto que no tiene nada que ver con la sanidad pública. La prueba es que el 98% de los abortos que se realizan en España tienen lugar en clínicas privadas. El 2% que se realiza en la sanidad pública se corresponde en general sólo a casos que se acogen a los dos primeros supuestos de la ley del aborto (violación y graves malformaciones en el feto). No resulta por tanto nada extraño lo que sucede en Navarra, que no es sino un reflejo de lo que sucede en toda España.
Médicos vs verdugos.
La resistencia de los médicos a la práctica del aborto resulta fácilmente explicable en tanto en cuanto resulta evidente que el embarazo no es una enfermedad y que las mujeres embarazadas, por tanto, no son enfermas. Matar fetos, por consiguiente, no es la tarea de los médicos aunque pueda haber médicos que maten fetos. Existen en cambio ejecutores profesionales que, como evidencian las cifras, son los que se encargan del 98% de los abortos en España. Los más de 110.000 abortos que se realizan anualmente en España, con una tarifa media que ronda los 600 euros, generan un volumen de negocio cercano a los 70 millones de euros. Un lucro privado que se reparte el hiperprotegido puñado de carniceros en la nómina de las clínicas abortistas privadas que operan en España.