También pactaron no realizar detenciones.

En las reuniones entre los enviados de Zapatero y la ETA, según sigue desvelando Gara, el gobierno se habría comprometido con la ETA a “no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas”. También se pactó “la disminución palpable de la presencia policial (controles, etcétera) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale”. Es más, a pesar de hallarse ilegalizadas, se llegó a “aceptar de facto que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos”.

Los partidarios del proceso culpan principalmente a la ETA de la ruptura del alto el fuego, pero a continuación añaden una coletilla dejando también una parte de la responsabilidad a quienes se opusieron al proceso. Como si la ETA hubiera concedido una capacidad de veto a quienes se oponían al proceso, cuando lo que trató precisamente (secundada por los partidarios del proceso) fue vetar a quienes se oponían a él. No hay más que recordar el comunicado tras el atentado de Barajas: “las fuerzas democráticas deberían dejar a un lado al PP-UPN y a la derecha fascista del Estado español”.

En el caso de que el gobierno se hubiera comprometido con ETA a frenar las detenciones de terroristas, y esos terroristas ahora maten a alguien, ¿cuál sería la responsabilidad del gobierno? ¿Habría incurrido el gobierno en alguna responsabilidad penal aunque, como dicen ellos, la responsabilidad principal fuera de ETA? No podemos estar seguros leyendo el Gara, por eso es preciso que la organización internacional que hizo de mediadora entregue las actas de las reuniones que celosamente custodia.