El escándalo de Davalor crece cuantos más detalles se van conociendo respecto de esta “atípica” inversión.
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Los contratos de Davalor con el inversor letón. ¿Qué contratos?
UPN denunció ayer que SODENA «no disponga de los contratos» que unen a Davalor con un «supuesto» inversor de Letonia porque «estos contratos no existen, existe una carta de esta empresa que dirige a los acreedores ofreciéndoles una serie de garantías«.
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Las cuentas llevaban sin actualizar desde 2015 hasta julio
Los regionalistas también manifestaron que SODENA «reclamó las cuentas por correo electrónico el 19 de julio de 2018, dos días después de que UPN denunciara el incumplimiento legal». Fue entonces cuando Davalor aprueba y deposita las cuentas correspondientes a 2016 con dos años de retraso, por supuesto volviendo a sumar pérdidas.
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Mas de 35 millones presumiblemente perdidos, 3 de ellos de los contribuyentes
Aunque no están depositadas las cuentas de 2017, UPN señala que las deudas pueden superar los 19 ó 20 millones de euros, las cuales sería sólo la deudas con terceros, a las que habría que sumar los 16 millones de posibles pérdidas que son las aportaciones de los inversores que han apostado por Davalor.
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Juan José Marcos, el CEO de Davalor, único beneficiado del periplo de la empresa
No a todo el mundo, sin embargo, le ha ido mal a lo largo de todos estos años de agonía. Juan José Marcos, CEO de Davalor, venía cobrando 150.000 euros anuales, una cifra que se repite en las cuentas de 2015, pese a que Sodena le recomendó que se rebajase el sueldo un 50%. No es, señala además UPN, la única compensación que recibía, puesto que además se han verificado pagos desde Davalor Salud a Davalor Consultoría, una empresa cuya propiedad única es de Juan José Marcos, pagos que en diversos años superan los 40.000 euros.
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Todos estos hechos justifican ampliamente una comisión de investigación para determinar la responsabilidad política de esta inversión, salvo que Ayerdi la asuma motu proprio y presente su dimisión. Geroa Bai pretende, si se aprueba una comisión, dedicarla a investigar inversiones fallidas de UPN en vez del caso Davalor. La intención de evitar sus propias responsabilidades resulta evidente. Que eso no es la regeneración ni la nueva política también es evidente. Como evidente es también que las comisiones parlamentarias de investigación tienen como finalidad determinar responsabilidades políticas, por lo que no tiene sentido dedicarlas a investigar actuaciones de formaciones y personas que ya no están en el gobierno y ya no pueden asumir esa responsabilidad. El caso Davalor presenta además algunas connotaciones únicas, como que Ayerdi se empecinara en acometer esta inversión de manera reconocidamente “atípica”, precipitada y basada en una premonición personal. Tan personal que fueron diversas las instancias desde las que se le advirtió desde el principio, sin que Ayerdi escuchara, lo que al final ha venido a pasar.
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Al menos SODENA, parece que ante la oposición cerrada de los técnicos funcionarios, sólo prestó 3 de los 7 millones que inicialmente pensaba prestar Ayerdi, según el relato de fuentes generalmente bien informadas, otro extremo interesante que podría investigar una comisión.
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