Todo parece indicar que la banda terrorista, al acoso policial, suma ahora un grave deterioro de sus finanzas. A la progresiva demolición judicial del aparato político y empresarial de la organización, o la retirada de subvenciones al entorno etarra, se une la gravedad de la crisis que afecta a las personas extorsionadas por la banda. La reacción de ETA parece consistir en un aumento de las cifras exigidas y en una selección más indiscriminada de los extorsionados. La quiebra definitiva de ETA, o por lo menos una merma importante de su operatividad, sería sin duda la mejor noticia posible entre las malas noticias de la economía. El flanco financiero de la banda, en este momento, es sin duda un punto débil por el que no se le puede dar tregua, algo que seguramente tampoco escapa al nuevo gobierno vasco recién declarado objetivo prioritario de la organización terrorista.
