La subida del IVA al 21% que prepara el gobierno para la sanidad privada y la educación concertada se ejecuta por la vía económica, pero tiene un móvil político. Se presenta como una medida recaudatoria, pero más bien parece que su intención es liquidatoria, en el sentido de eliminatoria. La subida no se entiende, o no solamente, sin la previa hostilidad ideológica del gobierno izquierdista. Sin embargo, ¿qué pasaría si la sanidad y la educación privadas desaparecieran?
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Contra lo que pudiera pensarse, el roto en las cuentas públicas le resultaría al estado catastrófico. Ello es debido a que, por ejemplo, el coste por alumno en la educación concertada es prácticamente la mitad que en la educación pública, a pesar de lo cual, por cierto, los resultados de la educación concertada son mejores que los de la pública. En cualquier caso, si el estado tuviera que hacerse cargo de todos los colegios concertados al coste por alumno de la pública, el gobierno tendría que apoquinar 11.700 millones de euros extra de los Presupuestos, unos Presupuestos que ya de por sí son abrumadoramente deficitarios.
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Contra esta realidad se suelen objetar argumentos como que el coste de los alumnos públicos es mayor porque hay colegios en zonas inhóspitas donde no serían rentables colegios privados, que los padres aportan de su bolsillo algunas cantidades a los colegios concertados, o que la educación pública acoge al 80% de los inmigrantes.
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El argumento de que sólo gracias al estado puede haber un hospital en un monte casi inhóspito es un clásico y un argumento que ya le gustaba esgrimir en los 80 a Felipe González. La realidad es que en los montes inhóspitos no suele haber hospitales, ni públicos ni privados. Muchas veces que pese a todo existe un hospital en un sitio inhóspito, resulta que ha sido levantado por una fundación privada con fondos privados. De todos modos la situación en España no es que el estado tenga que estar constantemente abriendo colegios ante la falta de iniciativa privada, sino por el contrario asistimos al intento de que las familias no puedan demandar más educación privada ni se puedan abrir nuevos centros para que no se reduzca el tamaño de la educación pública. Si los padres tienen que hacer una aportación a los centros cooncertados, por otra parte, en cualquier caso es un gasto que se ahorra el estado y que si no saliera del bolsillo de los padres saldría del Presupuesto. En cuanto a los inmigrantes, que el 80% los acoja la red pública no es extraño teniendo en cuenta que la red pública representa el 70% de la red educativa.
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Por lo que se refiere a la sanidad privada, resulta evidente también que todos los españoles que acuden a la sanidad privada en vez de a la pública liberan recursos y gasto público. Hay 8,7 millones de españoles con seguros médicos privados que le ahorran al estado 16.000 millones de euros a la sanidad pública. Si esos 8,7 millones de españoles no acudieran total o parcialmente a la sanidad privada, serían 8,7 millones de personas más a atender en la sanidad púbica con todos los recursos humanos y materiales adicionales que eso le exigiría al estado. El 20% de los pacientes atendidos por coronavirus en España, por ejemplo, fueron atendidos en la sanidad privada. Si la sanidad pública ya estuvo colapsada en muchos lugares y momentos, cuánto más si no hubiera tenido el apoyo de la red privada.
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La pregunta final es si cuando se ataca a la sanidad o la educación pública esto tiene algo que ver con una equivocación o una ignorancia respecto a los números o si más bien se trata de una cuestión de sectarismo ideológico. Es decir, si la racionalidad de la medida no está en la gestión de los recursos sino en el deseo de crear una sociedad en la que quizá la sanidad y la educación fueran peores, y en la que no hubiera libertad de elección, pero en la que existiera total uniformidad y absoluta dependencia del gobierno, fuera cual fuera el nivel de los servicios que ofreciera. Porque en un sistema competitivo y con libre elección la fidelidad es fruto de la calidad del servicio, mientras que en un sistema de monopolio estatal la calidad del servicio resulta irrelevante de cara a garantizar la dependencia del gobierno. Y la dependencia crea sumisión. Y la sumisión refuerza al poder. La libertad de elección es más barata y mejor para garantizar la competencia y la calidad, pero 27.700 millones, desde otro punto de vista, puede ser un precio barato para someter a toda la población a una absoluta dependencia gubernamental.
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