Pedro Sánchez encaró las elecciones europeas del pasado domingo como un plebiscito. Convirtió la cita con las urnas en un juicio paralelo en el que había que absolver a Begoña, respaldar las últimas mentiras del sanchismo y dar cobertura democrática a sus amenazas contra la libertad de prensa y la independencia judicial. El resultado ha sido, por primera vez, una mayoría absoluta del centro derecha en una elección en circunscripción única. Pero a Sánchez le da igual el resultado. Si las urnas avalan su discurso pues muy bien, pero si pierde el plebiscito mantiene el discurso. De hecho Sánchez ha reaparecido tras la derrota más amenazante que nunca.
En una democracia, cuando la justicia investiga a la mujer del presidente, primero es que en un estado de derecho todo el mundo se encuentra sometido a la ley, porque es igual ante la ley, incluyendo el presidente o la mujer del presidente. En segundo lugar, cuando la justicia investiga a la mujer del presidente, el presidente y su mujer se someten a la justicia. Así que es una rotunda anormalidad que el presidente del gobierno, cuando se investiga a su mujer, pretenda realizar una gran reforma de la justicia, una que le permita nombrar a los jueces que le tienen que juzgar.
En una democracia, la prensa puede publicar cosas que no favorecen al presidente o a su mujer. Quien decide en un caso si hay algo o no hay nada no son el presidente ni su mujer. El presidente no puede juzgarse ni absolverse a sí mismo ni juzgar o absolver a su mujer. Tampoco puede poner a un juez bajo sospecha diciendo que no hay nada que juzgar, que tiene que archivar tal o cual denuncia o que no seguir sus instrucciones podría ser lawfare o prevaricar. Por el contrario, que un juez hiciera las cosas siguiendo las instrucciones del presidente del gobierno es lo que justamente sería lawfare o prevaricar.
El presidente del gobierno no puede dividir a los jueces entre los que hacen lo que le parece bien y lawfare, o dividir la prensa entre la que lo alaba y la máquina del fango. El presidente no puede hacer leyes para nombrar jueces que hagan sólo lo que a él le parezca bien, ni hacer leyes para que la prensa sólo lo alabe. Ningún presidente democrático puede hacer leyes para nombrar a su capricho a los jueces o para censurar a la prensa que no le aplaude, pero mucho menos un presidente que tiene imputados a su hermano y a su mujer para proteger a su hermano y a su mujer. Si alguien no puede hacer algo como eso es Pedro Sánchez, que a la naturaleza antidemocrática de esas pretensiones añade un claro interés personal en la cuestión.
La excusa de Sánchez para imponer su dictadura personal es que representa la soberanía popular porque tiene mayoría. Veremos de hecho si tiene esa mayoría, porque el presidente olvida a veces que tiene sólo 121 diputados de 350. Eso sí, en todo lo que sean leyes liberticidas puede contar con unos socios que el que nos es filoetarra es un golpìsta o un nostálgico de Fidel Castro, Chávez y la RDA. Pero es que en ningún caso Sánchez ni la mayoría del Congreso representan, como pretende el presidente, la soberanía nacional.
Como establece la Constitución, “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Es decir, la soberanía nacional no emana de Sánchez ni del Congreso. Los poderes del estado son tres: ejecutivo, legislativo y judicial, y el Congreso, donde Sánchez mantiene una precaria mayoría dependiente de los indultos y las amnistías que puede vender a los delincuentes que le mantienen en el poder, es sólo una de las cámaras del poder legislativo, que es a su vez sólo uno de los 3 poderes del estado. Por lo demás, aparte de ser un poder diferente, la Constitución determina que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Decir que tener una mayoría faculta al gobierno para hacer lo que quiera es legitimar a Hitler. La mayoría puede aprobar las leyes, pero está sometida a sus propias leyes. Las leyes que aprueba la mayoría también obligan a la mayoría. La mayoría no puede nombrar al juez que le tiene que juzgar porque la característica esencial de un juez o de un árbitro es la independencia. Si en un juicio una de las partes puede nombrar al juez eso no es justicia. El gobierno no puede juzgarse a sí mismo por tener mayoría, por eso la separación de poderes es una característica esencial de la democracia y el estado de derecho. Que los políticos de la mayoría nombren a los jueces que les tienen que juzgar es incompatible con la democracia. Por eso se requiere una mayoría reforzada para nombrar a los magistrados del CGPJ y por eso lo ideal sería que los magistrados fueran elegidos por los propios jueces. Si hay un bloqueo lo que hay que hacer es o un mayor consenso por todas las partes, también el PSOE, para llegar a un acuerdo, o cambiar el sistema para que no sean los políticos, que además no se ponen de acuerdo, los encargados de nombrar a los magistrados. Esto es además lo que propone la UE como salida. O lo que proponía el propio Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Lo que no pùede ser una salida democrática es que Sánchez convierta al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo en una extensión de su persona.
Que se pregunte la izquierda si, cuando se de la vuelta la tortilla, querrá vivir con un gobierno de derechas que controle a los jueces y que pueda perseguir a la prensa. ¿O es que piensa la izquierda que precisamente mediante el control de los jueces y la persecución de la prensa crítica puede evitar que se de la vuelta la tortilla y retener el poder para siempre? Pues que al menos llamen a eso por su nombre, que sería dictadura, en vez de regeneración de la democracia. Claro que toda dictadura empieza seguramente por corromper las palabras, porque es muy difícil vender una dictadura llamándola dictadura, queda mucho mejor llamarla «regeneración democrática».
Un comentario
Ya me empieza a recordar a Evo Morales que decía “Por encima de lo jurídico, es lo político, cuando un jurista me dice: “Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso que haces es ilegal, bueno, yo le “hago” por más que sea ilegal”. Así obran los autócratas justifican su pensamiento único, insultando a los discrepantes y callando a los medios no afines. Democracia y dictadura para ellos es la misma cosa. Ellos son el pueblo y encarnan la verdad, debe hacerse todo lo que el pueblo quiere, es decir lo que ellos quieren. Siempre tienen dos varas de medir, para ellos no es lo que se hace, sino quien lo hace.