Relevo en la CEN, conflicto con el gobierno, renta mínima y derecho al voto

Tras un retraso debido a la excepcionalidad provocada por el estado de alarma y el brote del coronavirus, este viernes va a tener lugar el Acto de toma de posesión del presidente de la CEN (Confederación de Empresarios de Navarra), en el cual Juan Miguel Sucunza (Pamplona, 1960) tomará el relevo a José Antonio Sarría al frente de la organización empresarial.

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Sucunza, ingeniero industrial, premio Empresario del Año en 2016 y en general buen conocedor del mundo de la empresa, ha sido durante una década y hasta hace pocos meses presidente del consejo de administración de Azkoyen.

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En el acto de toma de posesión de Sucunza, que tendrá lugar a las 11.30 horas en el salón de actos de la sede de la CEN, está previsto que intervenga por videoconferencia el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, así como la presidenta Chivite.

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La llegada de Sucunza a la presidencia de la CEN ocurre en un momento de máxima tensión entre el Gobierno de España y los empresarios. Ayer mismo, al conocerse el pacto entre el PSOE, Podemos y Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral, CEOE y Cepyme declaraban la decisión unilateral de estas fuerzas, sin hablar en absoluto con los empresarios, supone un “desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita”. La CEOE, de hecho, anunciaba ayer que no acudiría a la mesa de diálogo social y suspendía el encuentro con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

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Recientemente, ante el actual momento de crisis, la CEN proponía al Gobierno de Navarra un paquete de 47 medidas destinadas a reconstruir la economía, el tejido empresarial y el empleo. La mayoría de estas medidas tenían como objeto facilitar la viabilidad de las empresas incidiendo en los dos planos que más preocupan a los empresarios en los momentos de recesión: la financiación-liquidez y la flexibilidad. Lo cierto, sin embargo, es que por primera vez los representantes de los empresarios se enfrentan a un gobierno parte al menos de cuyos miembros profesan la más estricta ortodoxia comunista. A su parecer a la gente le iría muy bien si las empresas sencillamente desaparecieran y pasáramos a un modelo de economía pública, estatalizada y planificada. Los precedentes históricos de este modelo son la URSS y sus países satélites en los tiempos de la Guerra Fría, Cuba o más recientemente Venezuela. Declarar la guerra a las empresas no puede resultar demasiado sorprendente en partidos como Podemos o Bildu, cuyo modelo de relación con el empresario es el secuestro. Es posible a la vista de los resultados, por otro lado, que durante mucho tiempo se haya sobrestimado la capacidad de moderación y sensatez de un partido como el PSOE.

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Mencionábamos que el acuerdo entre PSOE, Podemos y Bildu, cual gota que colma el vaso, había desencadenado la suspensión del encuentro entre la CEOE y el ministro Escrivá, con el cual se iba a abordar otro asunto peliagudo como el Ingreso Mínimo Vital, que el Gobierno quiere aprobar de forma casi inmediata.

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El Ingreso Mínimo Vital puede ser una idea más razonable que la Renta Básica Universal, que directamente significa que el estado le pague a todo el mundo un sueldo mínimo por no hacer nada y que trabajar se convierta en algo optativo y vocacional. Tan vocacional que la gente que decidiera trabajar en vez de tumbarse a la bartola no sólo elegiría trabajar ella en vez de no trabajar, sino trabajar su parte y la de los que no trabajan para que estos pudieran seguir tumbados mirando trabajar a los demás.

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El Ingreso Mínimo Vital, por el contrario, es un apoyo a personas y familias sin ingresos o con apenas ingresos pero que no han renunciado a trabajar. Es decir, no se trata ni de una renta universal (sería sólo para personas en situación de necesidad), ni tampoco incondicionada (habría que cumplir unos requisitos mínimos y no negarse a trabajar). Conceptualmente, sin embargo, este tipo de rentas propician la creación de una clase social inactiva, improductiva, dependiente del gobierno y acomodada en esa dependencia que debe financiar el resto de la sociedad. Más aún, este tipo de rentas propician también la creación de un voto clientelar respecto a los partidos que las proponen, lo que puede desembocar en una auténtica perversión de la democracia, ya que casi podríamos hablar de una compra indirecta del voto con el dinero de todos. Frente a esto se han llegado a sugerir un par de ideas interesantes de las que, como es costumbre, nadie quiere hacerse eco, ni siquiera la patronal.

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En primer lugar buscar algún tipo de ocupación social para cualquier persona sana que reciba una renta social. Es decir, que recibir una renta mínima implique necesariamente que el receptor, en tanto encuentra un empleo, al menos desarrolle labores sociales (limpieza, cuidado de espacios naturales, atención de mayores, etc), que por un lado devuelvan a la sociedad la ayuda que presta y por otro disuadan a los perezosos de cobrar por no hacer nada.

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En segundo lugar, cabría pensar si las personas que reciben una renta asistencial del gobierno deberían dejar de poder votar. La idea puede resultar provocadora, pero sería una forma de evitar que los partidos propusieran este tipo de medidas sin preocuparse por la salud de las cuentas públicas y con el único fin de hacerse con bolsas de voto cautivo y clientelar. Se trataría además para el perceptor de una renta de un estímulo añadido para abandonar su situación. De algún modo esta suspensión transitoria podríamos compararla con la prohibición de inaugurar polideportivos durante período electoral. Se trataría a fin de cuentas de ayudar a las personas en situación de necesidad, pero tratando de evitar efectos colaterales indeseados como subvencionar la pereza o fomentar el clientelismo político. La forma de combatir estos efectos indeseables puede ser debatible, pero no lo es la existencia de esos efectos indeseables y que de algún modo se les debe combatir. Por otro lado, no se trata de que haya el mayor número posible de gente cobrando una renta, sino trabajando. Es que además o la mayor parte de la gente trabaja en vez de cobrar una renta o es imposible pagar esa renta. Una renta básica que disuada de trabajar se autodestruye a sí misma.

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Finalmente, una vez más cabría insistir en la conveniencia de que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales vivieran de las cuotas de sus afiliados y no del dinero público. Si un sindicato vive del dinero de sus afiliados, su preocupación es ser útil a sus afiliados. Si un sindicato vive del dinero que le da el gobierno, su preocupación es complacer al gobierno. La financiación pública de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales no es sólo por tanto una carga para las arcas públicas, sino una perversión total de su foco de interés.

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