Los datos de la incidencia del coronavirus mejoran día tras días de forma evidente, ya atendamos al número de contagios, al de camas UCI o al de fallecidos. La mejora es ostensible respecto a hace unas semanas tanto a nivel foral como nacional. La segunda ola se podría decir que ha pasado y es el momento de volver a preguntarnos qué ha funcionado y qué no ha funcionado, o qué medidas y restricciones tienen todavía sentido y cuáles no.
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Para empezar, la segunda ola pone en cuestión la necesidad de un confinamiento domiciliario como el que se produjo en marzo. La segunda ola se ha superado sin necesidad de llegar a semejante extremo. La pregunta es si no se podría superar un hipotético nuevo rebrote con medidas todavía menos restrictivas y dañinas para la economía.
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Reabrir la hostelería al 50%
Una de las cuestiones más evidentes es el perjuicio causado a la hostelería. Por un lado no está claro que la actividad de este sector, según los propios datos del Ministerio de Salud, constituyera ningún foco apreciable de propagación de la enfermedad. Por otra parte, hay comunidades como Madrid que no han impuesto las estrictas restricciones a la hostelería que se han ordenado en otras comunidades como la nuestra. Los resultados de Madrid en esta segunda ola, sin embargo, son mejores que los de Navarra. Según el boletín del Ministerio de ayer, por ejemplo, la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 202 casos por 100 mil habitantes en Navarra y de 190 en Madrid. En cualquier caso hemos vuelto a los niveles de contagio del mes de agosto.
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Otras cosas que han funcionado son los test de antígenos y los confinamientos zonales. Da la impresión de que como Madrid ha sido pionera en esta estrategia la politización de las decisiones ha impedido, o al menos retrasado, que lo que estaba funcionando en Madrid se extendiera al resto de territorios, porque hubiera equivalido a dar la razón a Ayuso.
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Cualquier médico trata de salvar a su paciente provocándole las menores secuelas y efectos secundarios posibles. El gobierno tiene por supuesto que atender la emergencia sanitaria, pero tiene que medir la eficacia y el sentido de las restricciones para no estrangular la economía más de lo imprescindible. En Navarra se anuncia la reapertura de la hostelería para el día 17. Sólo el sector hostelero comprende la gravedad de cada día que se prolongan las restricciones. Hace unos meses se discutía la reapertura de los colegios y muchos vaticinaron un apocalipsis que no se produjo. Pero para descubrirlo había que probar lo que sucedía o no sucedía al reabrir los colegios. El criterio no puede ser otro que hacer sólo lo indispensable para frenar la pandemia evitando cualquier daño innecesario no sólo a la economía, sino a los derechos de la ciudadanía y las relaciones personales y familiares. Por un cuestionable mecanismo compensatorio, el gobierno español ha pasado de ser el más negacionista del mundo hasta el 8M a ser el más restrictivo, y ninguno de los dos extremos ha demostrado ser acertado.
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Contra la dificultad de que el 100% de la población siga escrupulosamente las medidas de contención, lo cierto es que las mascarillas, el distanciamiento y la higiene están funcionando, cosa que se evidencia por ejemplo en la bajísima incidencia de la gripe este año. Lógicamente si cerramos las vías de propagación del coronavirus también cerramos las de la gripe. A menudo se abronca a la población de una forma indiscriminada cuando la mayoría de la ciudadanía está actuando de una manera responsable y a menudo es el que abronca el que merecería ser abroncado, o el que intenta trasladar a la ciudadanía los malos resultados que se derivan de su propia incompetencia. No olvidemos que el gobierno estuvo semanas desaconsejando el uso de la mascarilla, o que hasta esta segunda ola se ha negado a imponer los PCR en las fronteras. El uso masivo de los test de antígenos llega asimismo con semanas y semanas de retraso.
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La ejemplaridad exigible a nuestros dirigentes resulta también llamativa cuando la presidenta del Gobierno de Navarra, que clausura los domicilios particulares de los navarros o cierra a cal y canto la hostelería, organiza comidas perfectamente prescindibles en la Diputación de Navarra. O cuando al ministro de Sanidad, Salvador Illa, según le acusa el PP se fue a comer durante su visita a Cantabria con un grupo de 11 personas a un local cultural habilitado como restaurante, un recinto en el que no sólo se excedió el cupo de reunión permitido sino que debía estar cerrado por las restricciones. Ila además es reincidente y ya tuvo que pedir disculpas por acudir a una gala multitudinaria de entrega de premios organizada por el diario El Español. El gobierno pierde la legitimidad para imponer límites a los ciudadanos cuando es el primero en saltárselos. No sólo eso, resta credibilidad a la necesidad de las restricciones y siembra dudas entre los ciudadanos. Por supuesto, como es costumbre en el PSOE, todo son excusas y nadie asume responsabilidades, mucho menos en forma de dimisiones, lo que abunda en las dudas de los ciudadanos sobre la seriedad y la credibilidad de todo.
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Otro asunto tranquilizador por un lado y preocupante por otro es la logística del sistema de vacunaciones. En marzo se nos dijo que de ningún modo habría una vacuna antes de 18 meses, lo que nos conducía a septiembre de 2021 como pronto, pero en Gran Bretaña ya están vacunando a la población sólo 8 meses después de aquellas declaraciones. A lo mejor está bien ver lo que va pasando con los ingleses y que literalmente nos hagan de conejillos de indias, pero si todo va bien como debería después la vacunación no se puede retrasar por un nuevo alarde de incompetencia. Desde luego cada uno libremente podría vacunarse tan tarde como quisiera, o incluso no vacunarse, pero el que quiera vacunarse debe poder hacerlo tan pronto como quiera, no tan pronto como lo permita la incompetencia del gobierno. En este sentido, incluso asumiendo las dificultades específicas de la distribución de algunas de las vacunas que se están barajando, resultan sospechosamente largos los plazos de vacunación que se están barajando y que nos llevan hasta el verano.
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Hace escasas fechas el Gobierno de Navarra presumía de haber vacunado contra la gripe en un mes a 145.000 navarros. ¿Qué pasa entonces con la vacuna contra el coronavirus? Con todos los meses que se han tenido para ir planificando las operaciones de vacunación, siendo esto lo más importante para lo que tenía que ir preparándose el gobierno, ¿cómo es posible que los plazos de los que nos están hablando sean mucho más largos que los de la gripe? ¿Acaso se van a volcar menos recursos en la vacunación del COVID-19 que en la de la gripe? Y una vez vacunada una parte significativa de la población perteneciente a grupos de riesgo, ¿no debería producirse una sensible disminución de las hospitalizaciones y los fallecimientos a prueba de desconfinamientos? ¿O es que el gobierno le ha cogido el gustillo al estado de alarma y a tenernos a todos con los derechos políticos básicos totalmente limitados?
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