Hace unos días se publicaba el dato de que en Navarra se han impuesto 36.000 denuncias en el primer año de estado de alarma por incumplimientos de las medidas dictadas en relación a la pandemia. Los detalles publicados por Diario de Navarra resultan bastante fragmentarios, no obstante lo cual bastan para hacernos alguna idea. Así, por ejemplo, se nos dice que sólo la Policía Foral ha impuesto 2.833 multas desde julio por no usar mascarilla, 1.146 por no cumplir el toque de queda y 596 por no respetar el confinamiento perimetral. En definitiva, hay miles de navarros que han sido bendecidos con una multa de al menos 100 euros por no llevar puesta o bien puesta la mascarilla, por ejemplo. Para muchos de estos navarros no habrá sido un disgusto menor tener que hacer frente a una sanción de este tipo. Pero no vamos a poner tanto el foco en esta ocasión sobre el que es multado sino sobre el que pone la multa, su legitimidad, su responsabilidad y su credibilidad. Todo lo dicho respecto a Navarra resulta por supuesto aplicable, y multiplicado, a nivel nacional.
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14M. Un año de Estado Policial con la excusa del Covid: un millón de multas y 12.000 detenciones https://t.co/Z0nvr5O3cg
— Hispanidad (@web_hispanidad) March 15, 2021
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Cuando a una persona se le sanciona por no llevar la mascarilla, dicha sanción se justifica bajo el supuesto de que el infractor está generando una situación de peligro y riesgo de contagio para otras personas. Es decir, la legitimidad del gobierno sancionador es proteger al conjunto de la población. El gobierno nos multa porque quiere protegernos. La legitimidad sancionadora es la protección de la población. Esto es lo que coloca al gobierno en el lado bueno de la expedición de la multa y al infractor en el lado malo. Gobierno es bien. Infractor es mal.
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En este esquema, sin embargo, resulta bastante evidente que hay algunos engranajes que rechinan. O si no, basta con repasar los tuits que en lo peor de la primera ola de contagios publicaba el propio gobierno a través del Ministerio de Sanidad. Tuits que por cierto siguen estando ahí, para facilitar nuestras críticas o crear confusión.
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¿Debo utilizar mascarilla para protegerme del nuevo coronavirus?#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/mFgi1GYTQp
— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 18, 2020
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En definitiva, una persona sin mascarilla puede generar un riesgo en un momento dado y es por ello que recibe una sanción. ¿Cómo de insignificante es el peligro que genera cualquier persona comparado con el riesgo de todo un estado aconsejando durante meses de forma continuada y en lo peor de la pandemia a 47 millones de personas no usar mascarilla? Aquí los consejos del impune responsable de la Policía Foral que ahora multa al que lleva un poco caída la mascarilla.
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El contraste resulta sangrante, porque parece bastante obvio que nadie que haya sido multado con 100 euros por no llevar mascarilla puede haber generado tanto mal y tantos contagios como el gobierno durante meses desaconsejando el uso de la mascarilla. ¿Por qué los infractores deben pagar 100 euros y nadie en el gobierno por causar un mal mucho mayor ha pagado ninguna multa ni ha asumido ninguna responsabilidad política en forma de dimisión? ¿Qué legitimidad tiene este gobierno para multar a la gente por comportamientos peligrosos cuando el gobierno goza de impunidad frente a comportamientos mucho más peligrosos que todos los que pueda haber llevado a cabo un ciudadano particular? Qué menos que exigir un poco de coherencia al poder gubernamental que nos sanciona. O ahora nos mienten, o antes nos mandaban a la muerte. Pero nadie es sancionado en el gobierno ni asume su responsabilidad por equivocarse o mandarnos a la muerte.
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La cuestión al final es tan sencilla como preguntarse, si es justa una sanción de 100 euros por no llevar mascarilla, cuál sería la sanción justa para quien ha estado aconsejando a 47 millones de personas durante meses no llevar mascarilla. Cuando el que castiga ha cometido impunemente actos que empequeñecen en peligrosidad a los del sancionado, es obvio que pierde toda la autoridad moral para reprimir esos actos. No deja de resultar llamativo por ello que haya quien aplauda y aliente las multas al mismo tiempo que exime de cualquier responsabilidad al gobierno que las expide.
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Por lo demás, 36.000 multas a unos 100 euros por multa arrojan el bonito resultado de 3,6 millones de euros de ingresos para el gobierno foral, o 100 millones de euros para la administración general. Hay mucha publicidad y mucho carguito de asesor que pagar. ¿Se imaginan que algún día algún tribunal determine que el estado de alarma ha sido un atajo ilegal?
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