El problema de la okupación constituye ya una sección fija en los telediarios y ha generado un auténtico estado de alarma social. Este colectivo lleva siendo tolerado, e incluso mimado y promovido, hace años, no sólo por el actual gobierno sino incluso por el anterior del PP, que tampoco hizo nada para atajar con firmeza la situación. Algunas cifras hablaban ya el año pasado de unos 100.000 inmuebles en situación de “okupación”.
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Ante esta alarmante situación, de forma paralela han proliferado las empresas de “desokupación”. Cuando los ciudadanos se ven totalmente desamparados por la policía, la justicia y el estado en general, no les queda otra opción que recurrir a este tipo de empresas privadas que buscan las grietas de la ley para desokupar, igual que los okupas las buscan para continuar la ocupación. En cualquier caso es un despropósito intolerable tanto que los okupas campen a sus anchas como que los ciudadanos se tengan que buscar la vida con sus propios recursos y recurriendo a empresas privadas especializadas para defender su propiedad, y además pagar impuestos. O sea, si el estado no sirve para nada dejemos de pagar a legisladores, jueces y policías y dediquemos esos recursos a contratar empresas de desokupas. Si pagamos impuestos a legisladores, jueces y policías, que se vea que sirven para algo. Lo que no tiene sentido es pagar impuestos para nada. Nada más terrible ver cómo la policía llega a veces proteger a los okupas, que no pagan nada, de la gente que paga con sus impuestos los sueldos de los policías.
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Hablando de los impuestos y de los servicios esenciales que debe ofrecer un estado como la defensa de la propiedad, pero también la asistencia a las personas sin hogar, a lo que asistimos en el fenómeno de la okupación es a que la gente paga sus impuestos para que la policía defienda su propiedad, pero también para que el gobierno preste ayuda a la gente que en un momento dado se puede quedar tirada en la calle. Entonces, ¿cómo es posible que la gente pague sus impuestos pero, por un lado, no se defienda la propiedad y, por otro, tampoco el gobierno ayude a la gente que se queda sin hogar aunque obviamente sólo sea una fracción del fenómeno okupa generalmente monopolizado por mafias y jetas? ¿Para qué queremos un estado que ni responde a los problemas de los propietarios ni a los problemas de la gente que no puede acceder una vivienda pero sigue en cambio cobrando impuestos?
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El asunto resulta particularmente enigmático porque, en realidad, probablemente hay un gran consenso social a favor de tomar medidas en contra de los okupas. ¿Por qué entonces ningún gobierno lo hace? ¿Hay para ello alguna oscura razón?
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Una posible explicación del desinterés de los sucesivos gobiernos para resolver el problema es quizá que la okupación es un estímulo para fomentar el alquiler y que no se mantengan casas desocupadas. Ante el temor de que aparezcan unos okupas y el gobierno no haga nada, se presiona a los propietarios para que alquilen los inmuebles a quien sea, como sea y al precio que sea. Desde luego otra cosa es que esta estrategia funcione, que a quien se beneficie sea a caraduras y parásitos más que a gente dispuesta a trabajar pero carente de recursos, o que el monstruo alimentado no acabe amenazando devorarnos como empieza a pasar, pero cabe sospechar que la inacción de los sucesivos gobiernos es coherente con esta explicación: utilizar a los okupas como medida de chantaje para presionar a los propietarios a alquilar sus inmuebles vacíos. De este modo, el gobierno traslada de un modo u otro a los propietarios el deber de solucionar el problema de la vivienda, en vez de afrontarlo él con los recursos que se le entregan para ello a través de los impuestos. Esta clave interpretativa ayuda a entender la de otro modo inexplicable persistencia del problema, así como que si el gobierno no nos ayuda es porque realmente no es nuestro aliado, sino el de los okupas.
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