El último revuelo político provocado por Pablo Iglesias se ha generado al comparar a Puigdemont con los exiliados republicanos durante el franquismo, en una entrevista concedida a La Sexta. Los cascotes en este ocasión le han caído al vicepresidente podemita por todos lados. Ni a derecha ni a izquierda se contempla a Puigdemont como un represaliado político pero las peores críticas al vicepresidente quizá le han llegado particularmente de la izquierda. A fin de cuentas, al menos en 1936, la izquierda republicana defendía la legalidad frente a la rebelión, pero en todo caso los exiliados republicanos no se fueron a vivir a Bélgica en un palacete sino que padecieron todo tipo de penurias. O ese es al menos el relato que mantiene la izquierda y que podemos discutir otro día. Iglesias cimentó además su posición en el argumento de que Puigdemont se había jugado su estatus por sus ideas y que, a diferencia del jefe del estado emérito, por ejemplo, no había robado ni se había embolsado un euro. Total, que entre una cosa y otra Puigdemont es mucho mejor que el Borbón y un digno heredero de los exiliados republicanos, cosa que él por supuesto dice como un cumplido. Preguntado por todo esto ayer ya una vez desatada la polémica el vicepresidente se reafirmó en su postura, alardeando una vez más de su soberbia y su incapacidad para reconocer errores, emprendiendo por el contrario una contraofensiva maravillosa: “No me voy a sumar a la criminalización del independentismo”.
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Evidentemente hay mucho que cortar en todo lo anterior, por lo que podemos empezar por lo último. No, no se trata de criminalizar al independentismo, aunque en buena lógica el independentismo sea ilegal en multitud de democracias de nuestro entorno, pero una cosa es no criminalizar a los independentistas y otra que los independentistas, como defiende nada menos que el vicepresidente de la nación, puedan cometer delitos impunemente por ser independentistas.
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De todo lo referido al exilio republicano casi no merece la pena detenerse en este momento porque en realidad sí que podría compararse a los exiliados de la república con Puigdemont, pero como una comparación pertinente para el mal. Por ejemplo, un exiliado como Indalecio Prieto, líder del PSOE en los años 30, era innegablemente un golpista confeso en lo que se refiere al golpe fallido de 1934. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo reconoce él mismo desde su exilio: “Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo”. Discursos en América. Confesiones y rectificaciones.
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Volviendo al presente y dejando para otro momento el apasionante debate sobre la memoria antidemocrática de la izquierda, merece la pena detenerse brevemente sobre la idea de que Puigdemont no ha robado, y la falsedad de que el delito de robo es mucho peor que el de sedición.
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Para empezar, Puigdemont sí que ha robado, presuntamente, por lo que se encuentra acusado de un delito de malversación de fondos públicos. A lo mejor no se ha quedado el dinero en el bolsillo, pero ha cogido el dinero del contribuyente y lo ha dedicado a financiar iniciativas ilegales con las que él simpatizaba. Iniciativas, por otro lado, destinadas a convertirle en el presidente no electo de una república independiente declarada por él mismo. En realidad, podría decirse que ha robado dinero público para comprarse la presidencia de una república, lo cual tampoco es moco de pavo. ¿Cómo se paga Puigdemont, por cierto, el palacete en Waterloo? Por otra parte, al contribuyente le da igual si un político roba el dinero público para comprarse un yate, para financiar plataformas afines, o simplemente para ver cómo arden los billetes en su terraza. En cualquiera de los casos el roto en las arcas públicas y en el bolsillo del contribuyente es el mismo. Para el contribuyente la pérdida no es mejor, o desde luego menor, porque el dinero no acabe en el bolsillo del ladrón. Eso ya no es problema del contribuyente sino del ladrón. Pero es que de hecho ser un corrupto y un ladrón no es lo pero que puede ser un político y lo de Puigdemont, puestos a elegir, es peor.
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En vez de robar para vivir en un palacete, sin excluir que Puigdemont también robara para vivir en un palacete, Puigdemont presuntamente robó para financiar un delito de sedición. Lo miremos como lo miremos, objetivamente es mucho menos peligroso para el estado y para la convivencia que un ladrón dedique el dinero robado a comprarse coches de lujo que a subvertir la estructura del estado. Nos equivoca por completo por tanto Pablo Iglesias. Además de generar el mismo perjuicio económico que un corrupto, Puigdemont ha generado una grave crisis política e institucional que incluso habiéndole salido mal desembocó en sucesivos y gravísimos disturbios callejeros. ¿O cree el vicepresidente que toda la violencia desatada durante semanas en Barcelona y otras ciudades es ajena al delito de sedición de Puigdemont?
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Por todo lo anterior, lo realmente sorprendente es que Pablo Iglesias sea el vicepresidente del Gobierno de España y no el lugarteniente de Puigdemont. Por otro lado eso es culpa de Pedro Sánchez más que del propio Pablo Iglesias. Responsabilidad del PSOE es también que Puigdemont pueda alegar ante los tribunales belgas o los de otros países que el vicepresidente de España ha reconocido que es un refugiado político, y que el presidente de España no ha cesado a su vicepresidente por decir esto.
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Un comentario
«al menos en 1936, la izquierda republicana defendía la legalidad frente a la rebelión». ¡MENTIRA!
En el 36 las izquierdas pisotearon la legalidad. El escrutinio de las elecciones fue fraudulento. Esto está perfectamente documentado. En realidad ganaron las derechas. Las izquierdas impidieron mediante violencia la celebración de mítines de sus oponentes, Asesinatos impunes, emboscadas, caos… por parte de las izquierdas.