Nuevo capítulo en la cada vez más extensa y estrambótica saga de conflictos entre los representantes municipales y un grupo de miembros de la Policía Municipal de Pamplona. En este ocasión son ocho policías según Diario de Navarra, nueve según el Noticias, los imputados por la juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona por un posible delito de prevaricación.
Cuatro ediles, todas de UPN y el PP, decidieron a principios de mayo interponer una denuncia contra los agentes que continuamente les estaban multando cuando aparcaban en las inmediaciones del Ayuntamiento, a pesar de contar con la pertinente autorización municipal en sus vehículos para hacerlo.
La existencia de estas autorizaciones viene amparada por el artículo 39 de la Ordenanza Municipal de Tráfico de Pamplona, la cual prevé que “Las Administraciones Públicas y otros organismos públicos o privados, podrán solicitar reservados para estacionamiento en las inmediaciones de sus sedes”.
Los policías imputados, por el contrario, han decidido unilateralmente en múltiples ocasiones considerar que estas autorizaciones a su juicio no eran válidas o no habían sido concedidas o tramitadas por el cauce administrativo adecuado, sólo que esta valoración jurídica sobre la validez o los procedimientos legales de decisión la han adoptado al margen de cualquier recurso o procedimiento legal, por propia iniciativa y al supuesto amparo de la Ley de Policías de Navarra, en virtud de la cual las órdenes a cumplir deben ser acordes a la Ley.
Aunque es fácil pensar que pueden existir abusos puntuales en el uso o la concesión de este tipo de tarjetas. No parece razonable sin embargo que este sea el cauce adecuado para combatir hipotéticamente este hecho a discreción, ni se puede pretender que esto faculte a cada policía para convertirse en su propio jefe de policía. Ni para discutir la legalidad de cualquier orden e incumplirla sustituyendo a los tribunales. Ni para exigir que las órdenes a los policías municipales vengan previamente avaladas poco menos que por una sentencia del Tribunal Constitucional.
Por otro lado, la existencia de estas autorizaciones data de muchos años atrás y parece que sólo en los últimos dos o tres años algunos policías han decidido por su cuenta y riesgo ignorarlas. No todas las autorizaciones de este tipo, además, sino selectivamente las de algunos concejales del Ayuntamiento. La Justicia decidirá.
4 respuestas
Se omite en la noticia el hecho de que el art 39 de la ordenanza municipal de trafico establece que las tarjetas habilitan para estacionar en los reservados oficiales habilitados.
Es decir no pueden estacionar en cualquier lugar de la ciudad.
Por otro lado, no solo se han denunciado vehículos de concejales con tarjeta. Exiten varios ejemplos de denuncias a otros usuarios de estas «autorizaciones» como por ejemplo la denuncia interpuesta contra el organizador de la cabalgata de Pamplona un sábado noche que tenia una de estas cartulinas que le permitía estacionar desde octubre hasta marzo.
Por favor un poquito de rigor en sus noticias
En las denuncias de los agentes no se pone en duda la legalidad de las autorizaciones. Simplemente se denuncia cuando el uso de esa tarjeta no es el adecuado a la normativa vigente, en este caso la Ordenanza Municipal de Trafico.
Cuando uno de los vehículos con este tipo de autorización se encuentra estacionado en un vado oficial no se ha denunciado nunca lo cual prueba que no se pone en duda dicha autorización.
Una de las denunciantes, la concejal de UPN María Caballero, fue denunciada el pasado mes de Diciembre en la calle Chinchilla y su vehículo retirado con grúa por estar estacionada haciendo uso de su tarjeta.
Pregunto yo: ¿por qué no procedió es este caso tambien ha poner en conocimiento de su señoría tamaña felonía cometida contra sus intereses?
el art 39 de la ordenanza municipal de trafico establece que las tarjetas habilitan para estacionar en los reservados oficiales habilitados. Y NO SON UNA CARTA BLANCA O PATENTE DE CORSO