¿No será la derecha quien puede solucionar desahucios como el de Carmen?

En los últimos días los desahucios han vuelto a las portadas con motivo del triste caso de Carmen Martínez, una mujer de 85 años que avaló con su piso el crédito de un particular a su hijo. El hijo no pagó y Carmen se ha quedado sin su casa.

Carmen ha sido víctima de un crédito impagado por su hijo, el cual a su vez era un crédito concedido por otro particular. Parece ser que ningún banco le concedía el préstamo al hijo.

En esta ocasión, por consiguiente, no tenemos al desahuciado por un lado y al banco malvado por el otro. De alguna manera siempre damos por hecho que los malos en las historias de desahucios son los bancos y no tienen por qué serlo. Pensemos también por ejemplo en todos los pisos alquilados por un particular a otro. En realidad, en este caso llama la atención que la anciana ha sido víctima de lo que sea que haya hecho exactamente su hijo.

En relación a este préstamo del hijo, parece ser que se trata de un préstamo a un prestamista particular, pero profesional de este tipo de préstamos. La cantidad adeudada ascendía a 70.000 euros y la vivienda de Carmen, donde ha vivido durante 50 años, tendría un valor de unos 160.000.

Como decíamos al principio, Carmen ha sido desahuciada y el Rayo Vallecano se ha ofrecido a ayudarla y pagarle un alquiler. Entretanto, Carmen vive en casa de su nieto.

No obstante, pese al dramatismo del caso, hay que tener en cuenta que Carmen, quien vivía sola, tiene una pensión de 630 euros y, si su casa vale 160.000 euros y la deuda es e 70.000, aún debería quedarle un saldo positivo de 90.000 euros tras el desahucio.

Es decir, que pese al dramatismo con el que ha saltado lo sucedido a los medios seguramente hay casos más duros aún de desahucio.

A nadie se le escapa de todos modos que cuando alguien se pregunta para qué pagamos impuestos o para qué queremos un estado la respuesta es que precisamente para que, en último extremo, se atiendan desde el punto de vista humanitario situaciones como estas o peores.

Y aquí es donde a lo mejor hay que preguntarse si es la izquierda quien realmente aporta soluciones, respecto a lo que al menos cabe decir tres cosas.

Primero, que dar solución a situaciones extremas de este tipo o similar es una preocupación que tenemos todas las personas normales, seamos de izquierdas o de derechas. Lo que nos distingue no es que unos nos preocupemos y otros no, sino el tipo de medida que proponemos para solucionar el problema.

Segundo, que medidas como la dación en pago no son propuestas de la izquierda. La dación en pago nos lleva a que, en casos aún más graves que en el de Carmen, en el peor de los supuestos la deuda se extinga con la entrega de la vivienda, evitando que incluso después de la entrega de la casa el desahuciado aún siga debiendo dinero.

Tercero, que es sobre todo a estas personas que ni a lo mejor tienen una pensión de 635 euros u otras ayudas, ni tampoco un remanente de 90.000 euros, ni vivienda, a quienes principalmente hay que ayudar. Es muy triste que a alguien le echen de su casa, pero si le echan porque no devuelve un dinero que primero ha pedido prestado y luego no ha devuelto no deja de tener una responsabilidad en su situación. El estado no tiene por qué intervenir ahí sólo porque sea una situación triste. Cuando el estado tiene que intervenir es cuando esa persona, además de perder su casa, no tiene recursos para encontrar ninguna otra vivienda o para subsistir en general. Entonces el estado no sólo puede, sino que tiene que intervenir y ayudar, al menos si no hay ninguna otra solución. Es evidente que nadie, de izquierdas o derechas, quiere que Carmen muera de frío bajo un puente.

Lo que sucede es que un estado que gasta más de lo que ingresa a medio plazo no sólo es que no podría ayudar a Carmen, sino que tampoco podría pagar las pensiones, la sanidad, la educación ni el alumbrado. Un estado quiebra igual que cualquier familia o que cualquier empresa. Es más, para no quebrar un estado necesita que las economías familiares y empresariales sean fuertes.

Como por otra parte los recursos no son ilimitados, lo que hay que hacer es poner en orden las prioridades. El año pasado nos gastamos 2.000 millones de euros en subvencionar a las televisiones públicas. Suponiendo que un alquiler social no es mayor de 6.000 euros anuales, eso significa que hemos elegido (o nuestros políticos han elegido) pagar las televisiones públicas en vez de más de 330.000 alquileres sociales para remediar que personas como Carmen, o en mucho peor situación que ella, queden en la calle. Pero si nos faltan 2.000 millones para paliar desahucios porque hay que pagar las televisiones públicas, ¿esa elección es de izquierdas o de derechas? ¿Cómo se justifica el gasto en televisiones públicas desde un punto de vista derechista libertario?

Lo que en cambio no se puede hacer, en vez de cerrar las televisiones públicas (y es sólo un ejemplo), es pretender que alguien que no devuelve un préstamo al banco se quede con el piso y no pase nada. Por muchas razones. Porque entonces el que devolviera un préstamo al banco sería un imbécil. O porque el dinero prestado y no devuelto no es del banco, sino de la gente que tiene el dinero metido en el banco. O porque las viviendas dejarían de tener valor como garantía de un préstamo, de modo que a ver cómo iba nadie a avalar un crédito ni cómo iba nadie a concedérselo. De hecho, lo que se conseguiría para evitar algunos desahucios es por el contrario imposibilitar con carácter general que nadie pudiera pedir un crédito para comprarse una casa.

Por todo ello, en último término, no son las políticas de la izquierda radical las que garantizan los derechos fundamentales o que la gente no muera de frío en un banco o desatendida en la puerta de un hospital.

Lo que garantiza que se pueda atender a la gente que realmente necesita ayuda es que el estado tenga las cuentas en orden. Y para eso hacen falta al menos dos cosas. Puesto que los recursos son escasos, que tengamos claras las prioridades esenciales, e ir sacando de los Presupuestos Generales todo aquello que estrictamente no sea un gasto público esencial. Desde los circuitos de velocidad a las televisiones pasando por el Senado, la CEN o los rescates a clubes de fútbol. En segundo lugar, un estado no puede ser fuerte si no se apoya en un sector privado más fuerte aún que lo pueda sostener y financiar. Esto vale lo mismo para Alemania que para Finlandia, aunque no para Cuba o para Venezuela. Juzgue cada cual adónde quiere llegar.