¿Necesita Navarra un Defensor del Contribuyente?

El Parlamento de Navarra debatió ayer la propuesta socialista de crear la figura del Defensor del Contribuyente. Mientras que la Hacienda Tributaria del Estado sí que contempla la figura del Consejo para la Defensa del Contribuyente, en Navarra no existe una figura similar. Los socialistas reclamaron que Navarra no se quede atrás en una materia tan sensible y que establezca esta figura, que sería un servicio más para la ciudadanía, de manera que cualquier contribuyente pudiera presentar sus quejas y reclamaciones, pero también recibir información sobre cómo impugnar decisiones y acciones de la Hacienda Tributaria, además de poder hacer sugerencias y propuestas. El Pleno del Parlamento rechazó la moción con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu y parte de Podemos, las abstenciones de UPN y otra parte de Podemos, y los votos a favor de PSN, PPN e I-E.

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¿Y quién nos defiende de nuestros defensores?

Cuando se habla de un Defensor del Contribuyente, inevitablemente nos viene a la cabeza la figura del Defensor del Pueblo de Navarra. Una figura redundante, inútil, que emite notas y recomendaciones no vinculantes, que no sirven de nada ni cuando te dan la razón, a las que a menudo no responden los organismos a las que las dirige, no siendo por otro lado extraño que, como en el caso de la EPC, el supuesto Defensor del Pueblo se convierta en Defensor del Gobierno frente a las familias en vez de su defensor. ¿O nos está defendiendo ahora mucho de SKOLAE nuestro Defensor? Eso sí, nos cuesta algo más de 750.000 euros anuales mantenerlo. ¿Queremos gastar otros 750.000 euros anuales en generar otra figura totalmente absurda e inoperante? ¿Cuál es el sentido de esta figura? ¿Defender a los contribuyentes navarros o que parezca que el PSN o el poder en general se preocupa mucho por los contribuyentes navarros?

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Ya que se nombraba en la moción del PSN al Consejo para la Defensa del Contribuyente que existe a nivel estatal, y al que podría recurrir cualquier navarro, interesa señalar que dicho consejo lo conforman “dieciséis vocales nombrados por el Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta del Secretario de Estado de Hacienda”. Es decir, esto es un poco como si, cuando uno tiene un conflicto con el gobierno, el gobierno nombrara a tu abogado defensor. Y es que todas estas figuras o no tienen sentido, o el poder no consentiría su existencia, o su finalidad es que parezca que el poder, aparte de esquilmarnos fiscalmente, se preocupa por nosotros para que le sigamos votando.

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Lo que ya hay, ¿no sirve para nada? Elimínese

Como queda evidenciado por la propia propuesta, la necesidad de un Defensor del Contribuyente significaría que el Defensor del Pueblo no nos defiende en nuestra faceta de contribuyentes, lo que incide en la inutilidad de este cargo. También significaría que el Consejo para la Defensa del Contribuyente a escala estatal no sirve para nada. Ni todas las instituciones y organismos que se suponen que ya deberíán defendernos, guiarnos e informarnos en nuestras cuitas con el gobierno. En todo caso podríamos preguntarnos si, además de estar al parecer desamparados en nuestra faceta de contribuyentes, como sería deducible caso de ser necesaria esta figura, no estaremos también desamparados por el poder en nuestra faceta de padre o madres, o en nuestra faceta de conductores, o en nuestra faceta de trabajadores, o en nuestra faceta de pacientes, o en nuestra faceta de creyentes… y si por tanto no sería preciso crear también un Defensor del Automovilista, un Defensor del Paciente, un Defensor del Trabajador, un Defensor del Creyente, un Defensor del Artista, un Defensor del Soltero, un Defensor del Obeso… y dotarles a todos ellos, por supuesto, de un presupuesto anual de 750.000 euros.

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Por lo demás, el tipo de Defensor del Contribuyente en el que nos gustaría creer sería aquel que, en defensa del contribuyente, señalara a los partidos que su existencia es una carga absurda para el contribuyente proponiendo su autoeliminación. Como para ese viaje no necesitamos alforjas, mejor nos ahorramos el dinero en instituciones nombradas por el gobierno que presuntamente nos vayan a defender del gobierno y centrémonos en defender la libertad de prensa, la libertad de reunión y expresión, la libertad de asociación, la Justicia independiente y todos los instrumentos que realmente tiene la ciudadanía para defenderse de los abusos del gobierno y de los defensores nombrados por el gobierno.

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