María Antonia Lozano, la juez de la que depende el futuro de Uxue Barcos

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Una juez progresista, nombrada por el PSOE a instancias de IU como consejera del Tribunal de Cuentas, dueña del destino de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.

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Ha llegado el día. Hoy es la fecha en la que tendrá lugar el juicio a Uxue Barcos en el Tribunal de Cuentas por el cobro de unas dietas en base a unas reuniones que nadie sabe si se celebraron. La situación de Barcos, sin embargo, es más favorable a la presidenta de lo que pudiera parecer a primera vista. La gran ventaja de Barcos es que ella para cobrar no necesitaba probar las reuniones, pero para que devuelva el dinero o incurra en una actuación éticamente reprobable sí hay que probar que no las celebraba. En un universo normal hay que probar que se ha realizado un trabajo para cobrarlo, pero no es éste el caso. Lo que se está verificando es si las reuniones municipales declaradas por Barcos cuadran con todos los días que pasaba en Madrid mientras ejercía como diputada.

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El trabajo de la consejera de cuentas, por consiguiente, se tendrá que basar primero en las matemáticas y en la comprobación de si los números cuadran. Adicionalmente, puede que tenga que pronunciarse sobre si resulta aceptable pretender que se celebraban reuniones fuera del Ayuntamiento, en cafeterías, con el manos libres, el 25 de diciembre, el 7 de julio o todos los días del mes de agosto. El juicio es hoy, pero la resolución con las conclusiones de la consejera de cuentas no llegará hasta dentro de un tiempo. Uxue Barcos, de hecho, ni siquiera tendrá que declarar hoy personalmente ante el Tribunal, sino que será su defensa la que exponga sus alegaciones. Puede que Uxue Barcos salga bien parada, puede que no, pero al menos se habrán realizado las comprobaciones que tendrían que haberse llevado a cabo desde el principio, que al final es de lo que se trata.

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Puede resultar exagerado afirmar que la presidencia de la Comunidad Foral de Navarra pende de la decisión de una consejera del Tribunal de Cuentas, pero en todo caso el futuro político de Barcos quedará muy distintamente afectado según se produzca una resolución que la absuelva o una que le obligue a devolver lo indebidamente cobrado. No porque el sistema de dietas fuera muy malo, que lo era, sino por haberse aprovechado de ese sistema para cobrar más mediante reuniones inventadas. El sistema obviamente no le obligaba a inventarse reuniones, si tal fuera el caso.

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El Tribunal de Cuentas

En un momento como el actual, puede resultar pertinente conocer un poco más sobre el Tribunal de Cuentas. Son funciones propias del Tribunal de Cuentas la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público.

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Al Tribunal le corresponde también la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidos por personas físicas o jurídicas.

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Además de lo anterior, el Tribunal de Cuentas fiscaliza la actividad económico-financiera de las formaciones políticas, tanto por lo que se refiere a su contabilidad ordinaria como a la de los procesos electorales en que participen, así como las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos.

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El Tribunal también se encarga del enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

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Los miembros del Tribunal

Los Consejeros de Cuentas son designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años. La mayoría de tres quintos pretende evitar que los nombramientos sean partidistas sino que tengan que ser consensuados, aunque en general este sistema de nombramientos por mayoría cualificada suele degenerar en que los partidos acuerdan un reparto de los puestos en vez de nombramientos consensuados de independientes para todos los puestos. Los Consejeros son elegidos entre Censores del Tribunal de Cuentas, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso exija titulación académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional.

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La juez-magistrada María Antonia Lozano

La Consejera de Cuentas en cuyas manos se encuentra el caso Barcos fue designada para el puesto en 2012 por el PSOE, a instancias de IU. María Antonia Lozano ostenta efectivamente un perfil progresista. Abogada antifranquista, detenida en alguna ocasión en compañía de Manuela Carmena, la actual alcaldesa de Madrid, en los últimos tiempos se ha significado por una sonora resolución en contra de Alfonso Alonso y Javier Maroto, condenados a pagar 393.000 euros por contratar el alquiler de unas oficinas en Vitoria a un precio muy superior al del mercado. Los hechos se produjeron en 2007, cuando Alonso era el alcalde de Vitoria y Maroto el delegado de Hacienda. María Antonia Lozano también ha sido noticia recientemente por reclamar la fiscalización del 0,7% del IRPF para la Iglesia Católica.

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Es posible que a Uxue Barcos, después de todo, le acabe yendo bien en el Tribunal de Cuentas. Al final de lo que se trata no es de que le vaya bien o mal sino de que se aclaren las cosas. Ahora bien, si le va mal y es condenada, en este caso concreto no se le podrá suponer a la jueza-consejera que le condena por ningún tipo de animadversión particular contra Barcos por cuestiones ideológicas. De hecho, Barcos gobierna apoyada por la formación que señaló a María Antonia Lozano como candidata para el puesto de consejera en el Tribunal de Cuentas.

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